El doble estándar de un país para ricos y otro para pobres no es privativo del poder político, sino que anida profundamente en el arrogante, clasista y pretendidamente independiente Poder Judicial.
Hoy quedó demostrado, una vez más por dos resoluciones de antología, em materia de justicia de clase.
La Corte de Apelaciones de San Miguel liberó de la cárcel el ex oficial de Carabineros Patricio Maturana, imputado por el delito de lesiones gravísimas contra Fabiola Campillai durante el estallido social, y cambió la medida cautelar por arresto domiciliario.
El pasado 28 de agosto, el Juzgado de Garantía de San Bernardo había decretado prisión preventiva para el ex capitán de Carabineros, formalizado por su presunta responsabilidad en las lesiones que dejaron ciega a Fabiola Campillai.
En la audiencia de formalización, la fiscal de Alta Complejidad, Paola Zárate, dijo que el imputado «abusando de su cargo y con el propósito de proferir dolor, efectúa un disparo con la carabina lanzagases que portaba«.
Según sostuvo Zárate, la escopeta lanzagases fue “percutada de frente, en forma recta, dirigiéndola directamente a las personas ubicadas en el lugar, impactando un proyectil de frente en el rostro de la víctima Fabiola Campillai Rojas, que se encontraba, aproximadamente, a 51 metros de distancia del imputado».
El funcionario público con la misión de proteger al ciudadano y el orde público, autor de es monstruosidad, pasará el período de investigación en la comodidad de su domicilio, mientras que centenares de detenidos por protestar contra un orden injusto y desigual, llevan meses de prisión preventiva, en algunos casos más prolongada que una eventual condena.
Esa es la «justicia» en Chile. Depués dicen que no la vieron venir. Después dicen que no entienden por qué la gente sigue protestando.
Pero eso no es todo.
Jacqueline van Rysselberghe quedará en la impunidad
Mediante un comunicado la Fiscalía Regional del Biobío informó mediante un comunicado, su decisión de no perseverar en la causa Asipes, que tuvo a la senadora Jacqueline van Rysselberghe, actual presidenta de la UDI, como imputada por delitos de cohecho y fraude al Fisco.
Mediante un comunicado, el Ministerio Público indicó que «en la investigación por el denominado caso Asipes, durante esta jornada la Fiscalía del Bío Bío ingresó al Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago la solicitud para que se programe una audiencia de sobreseimiento y decisión de no perseverar en la mencionada causa».
«Los argumentos jurídicos para esta determinación serán expuestos en la instancia judicial, en la fecha y hora que, próximamente, agende el tribunal», agrega la nota.
La presidenta de la UDI fue imputada, por una serie de correos que intercambió en 2014 con el ex presidente de Asipes Luis Felipe Moncada, donde se muestran las votaciones de la senadora en relación a la tramitación de la tramposa y nauseabunda Ley Longueira, que le otrogó la propiedad del mar a un puñado de empresas de la pesca insdustrial, cuya «eficiencia», dicho sea de paso, ha privado de sustento al gremio de la pesca artesanal y ha liquidado los recursos pesqueros, otrora abundantes.
Con su proverbial hipocrecía, en el interrogatorio, verificado el 29 de marzo de 2019-, negó haber recibido órdenes del dirigente gremial cuando presidía la Comisión de Pesca de la Cámara Alta.
Aseguró ante el Ministerio Público que ella misma recurrió a Moncada, dada su «confianza intelectual» en él. Consultada por las instrucciones específicas que le transmitió Moncada respecto al proyecto de ley para que la captura por «línea de mano» del jurel para el sector artesanal quedase dentro de la cuota global, negó que estas tuvieran el carácter de órdenes, más allá de puedan leerse en tono imperativo:
«Respecto de la forma de pedir las cosas, Luis Felipe, como lo conozco de hace años, es la forma en que se comunica; es así, pero no significa que esté dando una orden, sino que es su forma de hablar en todo… Yo le representaba cuando no coincidía con él».
Con la decisión de la Fiscalía, quedará tan impune como toda la gavilla de políticos y empresarios corruptos y sinverguenzas sorprendidos con las manos en el cajón en los distintos casos de las platas políticas que sacudieron al país, como Penta, SQM y Corpesca.
Esa esa misma justicia y sus órganos auxiliares, como la policía y el Ministerio Público, que se muestra impiadosa e implabable con los imputados de origen mapuche, o los que han sido detenidos por ejercer su derecho a protesta.
Ese es el Chile que las mayorías movilizadas exigen cambiar.
El senador Alejandro Navarro sostuvo al respecto:
«La ciudadanía está cansada de Impunidad».
