El pasado martes, la delegación chilena expuso su cuenta pública en derechos humanos en la sede de la ONU en Ginebra, Suiza. En ese marco, el ministro de Desarrollo Social, Bruno Baranda, detalló que al año 2016 se transferirá el 100 por ciento de las tierras que se encuentran reclamadas por los pueblos indígenas. Pero esa es solo una arista del problema. Como se expone a continuación, “control territorial” y “recuperaciones de tierra a través de CONADI”, son dos problemas distintos. El anuncio del Ministro de Desarrollo Social, si es que se cumple, remite sólo al segundo de los enunciados.
El ministro (s) de Justicia, Juan Ignacio Piña, quien encabezó el grupo detalló a La Tercera que se «explicó la política de transferencia de tierras con números. No recuerdo exacto, pero son más de 50 mil hectáreas que se han ido comprando para efectos de esta política de transferencia».
De acuerdo con el secretario de Estado, citado este lunes por el matutino, esto «va a permitir que de aquí al año 2016 se haya podido transferir el 100 por ciento de las tierras que se encuentran reclamadas al día de hoy».
«Eso era muy importante decirlo para cumplir esta política de encuentro histórico. Así como ha ido avanzando, implicaría que en unos años se haya entregado el 100 por ciento de las tierras que hoy son reclamadas», añadió el titular de Justicia.
En la exposición, además, la comunidad internacional planteó dudas sobre la implementación del sistema de consultas para dar cumplimiento al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y las políticas públicas que permitan una mayor inclusión de la mujer y de los pueblos originarios.
Futuro intendente: El Estado arrasó y le quitó sus tierras a los mapuche
El ex diputado, alcalde de Temuco y vocero del Gobierno de Ricardo Lagos Francisco Huenchumilla, recién designado intendente de la Región de La Araucanía, afirmó este lunes que el Estado no puede seguir ofreciendo «más de lo mismo» al pueblo mapuche y, por el contrario, debe asumir su responsabilidad histórica.
«¿Por qué sucede lo que está pasando en la Región de La Araucanía? ¿Cuál es la respuesta que tiene el Estado frente a esta situación en que vemos muchísimos actos de violencia, de protesta social? (…) Cuando me refiero a ‘más de lo mismo’ es la conducta que ha tenido el Estado chileno en estos últimos 130 años, desde que surge el conflicto con el pueblo mapuche, cuando llega el Estado a esta región y se instala acá, que han sido políticas públicas en torno a la pobreza y después aplicar la Ley Antiterrorista o de orden público mediante la fuerza pública», dijo Huenchumilla en radio Cooperativa.
«Yo creo que eso está hoy día sobrepasado y es hora de que el Estado se haga cargo de su responsabilidad, porque las causas últimas de lo que está pasando acá fue la propia acción del Estado, cuando vino acá y arrasó y le quitó al pueblo mapuche sus tierras, sus posesiones, les quemó sus casas, les quitó sus bienes», aseveró el ex parlamentario.
«130 años en la vida de un Estado no es nada; son dos o tres generaciones para atrás, entonces eso repercute ahora y no puede haber más de lo mismo. Yo creo que hay una maduración en la sociedad chilena respecto a estos temas, como se produjo una maduración, por ejemplo, en el tema de la educación o la Constitución, que no puede ser más de lo mismo», dijo Huenchumilla, quien asumió que los gobiernos de la Concertación también tienen parte de la culpa del actual clima en la zona.
«Esto es una responsabilidad de todos (…) es un error de la sociedad chilena y de todos los que hemos sido parte de los gobiernos, de todos los gobiernos de los últimos 100 años», declaró.
subir No a la Ley Antiterrorista
Huenchumilla también se refirió al inicio, este lunes, del juicio oral contra el machi mapuche Celestino Córdova, único imputado por el crimen del matrimonio Luchsinger Mackay.
«Lo primero es que todo lo que suceda hoy día, mañana, pasado mañana; hasta el 11 de marzo, es responsabilidad de este Gobierno; del actual intendente, ministro del Interior y hasta el Presidente», dijo al ser consultado por el caso.
Sin perjuicio de lo anterior, «yo, personalmente, pienso que ha sido un error hacer uso de la Ley Antiterrorista, porque aparte de no cumplir con njiingún estándar internacional -está desprestigiada a nivel de derecho público internacional; lo ha dicho Naciones Unidas y la Corte Interamericana de Derechos Humanos-, creo que no es un instrumento adecuado para este tipo de situaciones».
«La ley hay aplicarla, pero no la Ley Antiterrorista», sentenció el futuro jefe del Gobierno Regional.
Control territorial v/s política de entrega de tierras por parte del estado chileno
Por PPMCAM WICHAN
Como se dice “no todo lo que brilla es oro” y no todas las “recuperaciones de tierra” son Control Territorial, concepto que si bien se ha internalizado al interior de las comunidades mapuche, no siempre es, en la práctica, lo que dice ser.
Es decir, no todas las recuperaciones de tierra responden a una estrategia mapuche propia, desde una perspectiva autonomista y centrada en la recomposición del mapuche kimun y las practicas organizativas ancestrales, sino más bien a la política de asignación de tierras por parte del estado chileno, contrapuesta a un proyecto propio de reconstrucción, en el cual la CONADI dirige negociaciones, donde la mayoría de las veces beneficia a una parte de las comunidades, en desmedro de otras, instigando con ello conflictos entre estas.
Son muchas las experiencias de este tipo de negociaciones lideradas por la CONADI y sus operadores políticos, que han terminado en enfrentamientos entre pu peñi ka lamngen, desviando la atención y el objetivo de nuestra lucha como pueblo.
Ejemplo de ello es el conflicto que dividió a la Comunidad Pascual Coña cuando CONADI compra La Hacienda Lleu LLeu a Osvaldo Carvajal, lo ocurrido hace algunos meses en Collipulli, por el Fundo Curaco y hoy se repite la historia en Tirúa con el Fundo El Canelo correspondiente a la Hacienda Tranquepe.
Por lo tanto, “Control Territorial” y “Recuperaciones de Tierra a través de CONADI”, no es lo mismo, ni tampoco una lleva a la otra o son complementarias, si no que son absolutamente contradictorias.
Dichas “Recuperaciones de Tierra” son de carácter instrumental, pues sólo buscan presionar para lograr el objetivo que es la compra por parte de CONADI a la empresa forestal. Pudiendo responder, inclusive, a cierto clientelismo político de algunas autoridades o dirigentes que son quienes lideran las negociaciones.
El Control Territorial es un fin en sí mismo, es el ejercicio del poder mapuche sin mediar negociación alguna, sin otorgar ganancias a las forestales ni favores políticos.
Como se ha señalado anteriormente, la actual política de compra de tierras, llevada por los gobiernos de la Concertación y la Alianza, no responden a un acto de justicia en contra del despojo sufrido por el Pueblo Mapuche, sino que se trata de ventas especulativas que reportan enormes ganancias para los usurpadores, razón por la cual muchas “recuperaciones de tierra” pudieran ser instigadas por operadores políticos, tanto del estado como de las empresas, en donde los “negociadores” sacan una buena tajada de la venta, mandando “al choque” a las comunidades y pu cona”.
En definitiva, sólo el Control Territorial basado en una estrategia mapuche propia y sin intervencionismo externo, salvaguarda la recuperación de los territorios ancestrales correspondiente a los lof tradicionales, anteriores al proceso de arreduccionamiento.
Sólo el Control Territorial evita las luchas fratricidas promovidas por el Estado en base a subdivisiones de los lof en “comunidades indígenas” institucionalizadas por la CONADI y con personalidad jurídica chilena, semejante a una Junta de Vecinos, que el común de la gente tiene a confundir sólo porque llevan nombres mapuche. Pregonar la “unidad” de “comunidades Indígenas” (PJ), no es garantía de nada y sólo demuestra el desconocimiento de la historia y de la realidad del Pueblo Mapuche actual.
Sólo el Control Territorial, la resistencia y la reconstrucción nos permiten avanzar con unidad pero, digna y autónomamente, hacia la Liberación Nacional Mapuche.
EL PROCESO DE RECUPERACIÓN TERRITORIAL DEL FUNDO TRANAQUEPE (TIRUA)
Antecedentes históricos (*)
En términos legales, hacia 1866 el reconocido “territorio de indígenas” por la legislación es cambiado por el de “territorio de Colonización”, y el 13 de octubre de 1875 se dicta el decreto que crea las Provincias de BioBio y Arauco y el Territorio de Colonización de Angol. Lo anterior significó que las tierras mapuche ubicadas al norte de Tirúa dejan de tener la protección que hasta entonces tenían, e ingresan en gloria y majestad al mercado inmobiliario, no importando ni haciendo cuestión a sus habitantes ancestrales.
Es en este momento que se forman –en tierras mapuche de antigua data- la Hacienda Lanalhue, de propiedad de la familia Etchepare (1850), en 5.500 hectáreas; la Hacienda Lleu Lleu de Félix Antonio Aguayo (1860), con 4.000 hectáreas; la Hacienda Antiquina de Pedro Etchepare B. (1876), de 8.130 hectáreas; y la Hacienda Tranaquepe, de Francisco Javier Ovalle (1876), con alrededor de 12.000 hectáreas. Es decir, el Estado chilena adjudica 9.630 hectáreas para solo 4 familias.
En contraposición, a las familias mapuche se les entrega ‘Títulos de Merced’, en un proceso de radicación que significó que en la Provincia de Arauco -que posee una superficie de 542.010 hectáreas- se entregue en 77 Títulos de Merced a los mapuche 9.700 hectáreas, un 1,4% del total provincial, para 2.477 personas.
La familia Ebensperger
En el espacio territorial que desde antiguo ocupaban -como propio y como herencia de los antepasados- las familias mapuche aledañas al lago Lleu Lleu se formó tempranamente la Hacienda Tranaquepe, la que durante casi un siglo sería propiedad de la familia Ebensperger.
Sin embargo, los títulos originales se remontan a otro propietario, a Francisco Javier Ovalle Olivares, residente en la ciudad de Santiago.
Será el diputado y empresario Ovalle quien realice un trabajo metódico y ordenado para hacerse de los predios, recorriendo cada uno de los vericuetos que le otorgaba la ley, inscribiendo luego los derechos que iba adquiriendo, dando forma de latifundio a un extenso territorio que se emplaza entre el lago Lleu Lleu y el Oceáno Pacífico, precisamente el territorio que conformaba el antiguo Lof mapuche del área.
“La sucesión vendedora se obliga a la evicción i saneamiento i también a la expulsión de los indígenas que poseen el fundo..”
La radicación/reducción de las familias mapuche y la reforma agraria a la Dictadura.
¿Qué sucedió entonces con las familias mapuche? Una vez que los Ebensperger han consolidado su dominio sobre la Hacienda Tranaquepe, son desalojadas y encerradas entre la montaña y el lago, en las peores tierras y en superficies ínfimas.
El Estado chileno, en el año 1904 y a través de la Comisión Radicadora de Indígenas entrega a los mapuche de la cuenca del LLeu LLeu los Títulos de Merced N° 936, a nombre de Esteban Yevilao, en Choque, por 400 hectáreas para 68 personas; N°935, Lorenzo Pilquiman, en 250 hectáreas para 48 personas; N° 957, Lorenzo Lepin Millahual, en 257 hectáreas, en Ranquilhe, para 46 personas; N°914, Juan Lincopan, en Ranquilhue Grande, en 420 hectáreas para 104 personas; y N°922, a nombre de José María Calvul, El Malo, con 310 hectáreas para 48 personas.
Efectivamente, si bien los mapuche de Lleu Lleu no fueron favorecidos por el proceso de Reforma Agraria, sino los inquilinos del predio, con el Golpe Militar de 1973 se presenta a los particulares y a los organismos del Estado una oportunidad para ejercer una brutal represión, en la que en el caso de los mapuche del Lleu Lleu se conjugaron varios aspectos.
De la mano con lo anterior, especialmente grave es lo que sucede en las hijuelas de Santos Jorquera, en el antiguo territorio del Título de Merced de la comunidad de Choque, el que fue ocupado como centro de detención y tortura en la dictadura, y de cuya acción la prensa local señala que:
“…entre los detenidos, desaparecidos y caídos que pasaron por ese centro de detención se encuentran: Lorenzo Carilao Tranamil, Octavio Carinao Huichalao, Manuel Carilao Paineo, Juan Jarpa Silva, Elises Flores Gonzalez, José Pilquiman Yevilao, Juan Pilquiman Yevilao, Domingo Millahual Millapi, Segundo Rivera Huenupil, Juan Carilao Paineo, Miguel Ñehuei Carilao, Osvaldo Millahual Nariñan, Leopoldo Millahual Cona…”
A esta altura de la historia, el Lof de LLeu LLeu, el territorio antiguo, se comienza a llenar de pinos y eucaliptus, habían ingresado las empresas forestales, se estaba desecando y erosionando el territorio, se estaban contaminando sus aguas.
Don Juan Carilao recuerda que: “Cuando llego el pinochetismo, aquí conversamos nuevamente, y dijimos vamos a seguir luchando por las reservas que quedaron. Porque estos ricos se quedaron con reservas, los Ebensperger, El mismo Fundo Tranaquepe que ahora es de Volterra y Mininco… ¡Y se fue a la recuperación! Harta gente, cerca de 500 personas, estuvimos tres días. Se hizo nguillatun, rokin y llega las Fuerzas Armadas. Milicos, pacos, con aviones con helicópteros, camiones… movieron un ejército casi entero para desalojar a la gente. Con bombas lacrimógenas, palos, agarrones.”
Situación actual
Con el término del régimen militar e iniciando la década de los 90, las movilizaciones continuaron y las demandas territoriales se han mantenido intactas con el tiempo: las “tierras antiguas”. Con la Hacienda Tranaquepe dividida la demanda se dirige a una parte de ella, pero que tienen el mismo origen: los fundos “El Canelo”, “Puntilla de Tranaquepe”, “Labranza”, colindantes con el Titulo de Merced original, corresponden a reivindicación de tierras ancestrales del lof original y que hoy están en manos de Forestal Volterra y Forestal Mininco, ya no de los Ebensperger. A esta demanda se suma, en la década de 1940, las tierras ocupadas por particulares al interior del Título de Merced, específicamente, las hijuelas ocupadas por Ballochi y por Santos Jorquera. A lo que suman los fundos El Guairao, Las Playas y Choque, frente al lago LLeu Lleu y Ranquilhue hacia el mar.
Lamentablemente, las políticas asimilacionistas e integracionistas de los gobiernos neoliberales de la Concertación y la Alianza a través de la Ley Indígena 19.253 de 1993, motiva y permite la conformación de nuevas “Comunidades Indígenas” dividiendo las ya existentes Reducciones (Títulos de Merced) provocado, aún más, la atomización de la organización mapuche territorial.
Sin embargo, en el transcurso del tiempo, a través de diferentes pu trawun, ya sea por ascendencia natural y por razones geográficas, los longko tradicionales de las reducciones del Lleu LLeu, han mantenido su coherencia en relación a sus demandas históricas de tierras que le corresponden a cada comunidad, respetando esta condición y apoyándose mutuamente.
De esta forma la distribución natural e histórica de los fundos ha sido:
Reducción de Choque y Miquihue: Fundo el Canelo
Reducción Choque: Fundo Choque y La Puntilla
Reducción de El Malo: Fundo el Guairao y Las Playas
Reducción de Ranquilhue: Fundo Ranquilhue (sector costa)
Reducción Las Huellas: Fundo Labranza
¿Pero por qué hoy existe tanto interés por el fundo El Canelo y no otro?
Porque finalmente Forestal Volterra ha manifestado a la CONADI sus intenciones de vender, a diferencia de Forestal Mininco que ha señalado que los fundos que se encuentra en su poder no se encontrarían en la misma situación.
Pero esta decisión por parte de Forestal Volterra no es voluntaria, y en esto hay que ser categórico responde, por un lado, al control territorial ejercido por las comunidades y por otro, al permanente sabotaje ejercido por parte de los ORT-CAM, impidiendo la existencia de toda faena forestal dentro del fundo El Canelo.
Cabe mencionar que los ORT trascienden las comunidades (PJ) respondiendo a las demandas ancestrales de los lof.
Los actuales Presos Políticos Mapuche del Conflicto Territorial del Fundo Tranaquepe
La represión, la persecución y la prisión política son una clara respuesta de la institucionalidad chilena, impulsada y financiada por el poder económico, hacia un proyecto político estratégico fundado en la recuperación territorial y la profundización de la autonomía nacional mapuche, no por negocios ni transacciones mínimas, ni menos aportando a la especulación económica. Más bien respondiendo a un proyecto mayor de liberación nacional, en donde los presos políticos mapuche Ramón LLanquileo y Héctor LLaitul han participado, junto a las comunidades, por años en el proceso de recuperación territorial del Fundo Tranaquepe, al igual que, en el último tiempo, el apoyo de Emilio Berkhoff quien se encuentra en prisión preventiva y cuyos querellantes de su persecución político-judicial son justamente Forestal Volterra, Forestal Mininco y Forestal Arauco.
La recuperación del fundo El Canelo representa la posibilidad real de profundizar un proceso de control y recuperación territorial, que si no responde a sus contextos históricos y políticos perdería, en cierto grado, el sentido y la oportunidad de sumar a un proceso mayor de reconstrucción desde nuestro mapuche kimun, admapu y fellentun.
La recuperación territorial no tiene que ver tan solo con hectáreas, sino que tiene la obligación moral de responder y sumar a un proceso mayor de reconstrucción política y espiritual, fortaleciendo nuestras autoridades y prácticas ancestrales, dando cuenta, además, de un contexto donde muchos dirigentes y pu weichafe están asumiendo los costos de esta lucha.
* Los antecedentes históricos de este documento, son parte de en una investigación realizada por el Historiador Martin Correa.
