¿Cómo nos hacemos cargo de un fenómeno creciente en Chile, como es el de la inmigración? Cada año llegan miles de trabajadores al país, pero enfrentan una serie de problemas: la ley migratoria es sumamente estrecha, no conocen sus derechos laborales y es difícil convalidar sus estudios.
“La inclusión significa reconocer que somos distintos pero iguales en derechos, obligaciones y trato ante la Ley. Esta igualdad se traduce en facilitar las condiciones y oportunidades necesarias para que las personas puedan tener condiciones de vida digna”.
La cita corresponde al documento titulado “Inclusión y derechos en disputa. La experiencia del Movimiento de Acción Migrante (MAM)”, escrito por Fabiola Morales Ortiz e incluido en el libro Racismo en Chile. La piel como marca de la inmigración.
¿Podemos decir que los 441 mil extranjeros residentes en el país, de acuerdo a cifras de Extranjería, se encuentran “incluidos”? ¿Qué tienen que decir los trabajadores migrantes sobre sus derechos laborales? ¿Los conocen, los respetan, los hacen respetar?
Estas y otras preguntas cobran sentido en el Chile actual, considerando que el país se ha transformado en un destino escogido por miles de trabajadores anualmente. El INE calcula que la inmigración creció cerca de 160% entre 2002 y 2012.
A su vez, el interés laboral es la razón que prima a la hora de migrar hacia Chile: el 72% de las visas otorgadas en 2015 fueron de empleo.
Los inmigrantes provienen principalmente de países latinoamericanos: peruanos (37,8%), argentinos (15%), bolivianos (7,7%), ecuatorianos (5,15%) y colombianos (5,15%).
Y de acuerdo al Departamento de Extranjería de la PDI, 170 haitianos, en promedio, arriban a Chile cada día.
“No hay un conocimiento generalizado sobre los derechos laborales”
Baldo (24) es haitiano y está en Chile hace poco más de un año. Actualmente trabaja como maestro mueblista, después de haber estado un mes sin fuente laboral. Está con visa sujeta a contrato, pero recalca que su paso por el país es temporal. Él pretende ir a otro país a estudiar, a pesar de que en su natal Puerto Príncipe cursó informática, pero no ha podido convalidar sus estudios.
A pesar del inconveniente, Baldo valora su experiencia y por sobre todo la relación con sus compañeros. “Gracias a Dios, tengo suerte de encontrar buena gente. Sé muy bien que no es fácil la diferencia de la piel, en todo el mundo pasa eso. Pero tengo suerte, porque desde que estoy en Chile he trabajado en dos empresas de muebles. Los cabros son buena onda, me tratan bien y he aprendido muchas cosas”, señala.
Sin embargo, no conoce sus derechos laborales en Chile. “Realmente no sé muchas cosas, porque lo más importante para mí es llegar y trabajar y después pasar el momento que tengo que pasar aquí. Porque no estaré aquí para siempre”, comenta.
El desconocimiento sobre los derechos laborales es frecuente dentro de la población migrante. Así lo ratifica Eduardo Carroza, uruguayo radicado hace 20 años en Chile y secretario ejecutivo del Movimiento de Acción Migrante (MAM), aunque introduce un matiz relacionado con el saber que traen los y las trabajadoras desde su tierra.
“Yo creo que no hay un conocimiento generalizado sobre los derechos laborales, pero sí hay un conocimiento que cada migrante tiene de los derechos laborales en su propio país. Es decir, todo el mundo se da cuenta de la situación que está viviendo, el tema es que, por ejemplo, nos ocurre muchísimo con la gente que está en situación de irregularidad. No reivindica sus derechos por miedo a ser expulsado y eso no tiene razón de ser, porque la Inspección del Trabajo no va a expulsar ni va a transmitir la información para que lo expulsen, pero la gente no lo sabe”, explica.
Falta de información, vulneración de derechos e informalidad son algunos de los hallazgos de una mesa de trabajo inaugurada hace un año, para realizar un diagnóstico sobre los problemas de la población migrante residente en Chile.
Jorge Meléndez, director Metropolitano del Trabajo, participa en la mesa, junto a representantes de la CUT, la Vicaría de Pastoral Social Caritas, el MAM y la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile. El abogado comenta que los trabajadores migrantes constituyen “uno de los grupos de mayor vulnerabilidad desde varias perspectivas: social y lingüística, pero también laboral. Son aquellos trabajadores que están en informalidad, no hay contratos de trabajo, no hay prestación de seguridad social, de ningún tipo”.
La autoridad puntualiza además, que se localizan “fundamentalmente en el área de servicios, aseo, construcción y hoy fuertemente en la agricultura”.
En la misma línea, Hugo González coordinador de Atención de Usuarios de la Dirección Metropolitana Poniente del Trabajo, afirma que uno de los problemas más frecuentes con los trabajadores migrantes es la informalidad, aunque acota que “es más difícil de pesquisar, porque cuando el trabajador llega a nuestras oficinas, generalmente lo hace cuando terminó su vínculo laboral. Entonces, hay un alto grado de informalidad, pero el problema es que nosotros tomamos conocimiento una vez que la relación culminó. Pasa lo mismo con un trabajador chileno”.
González, quien se encarga de la primera atención al trabajador que acude a las oficinas de la DT, sostiene que a Chile están llegando personas con altos niveles de educación, aunque con problemas para acreditarlos, como le sucede a Baldo. Hay mucha gente con más años de formación que la media de los chilenos y que por distintas razones están llegando al país. Aquí lamentablemente tienen que trabajar en lo que se les ofrece”, explica.
¿Migración en Estado de Excepción?
El Decreto Ley 1.094 (1975) establece las normas sobre los extranjeros en el país, entre las cuales se encuentra la residencia sujeta a contrato. En su artículo 23, señala que la visa se otorgará a los extranjeros que viajen a Chile con el objeto de dar cumplimiento a un contrato de trabajo y también a los que ya se encuentran en territorio nacional y se radiquen en el país para cumplir un contrato. El término del contrato implica la caducidad de la visa.
La visación sujeta a contrato puede durar hasta dos años, aunque puede ser prorrogada por períodos iguales, de modo que el residente pueda solicitar su permanencia definitiva al cumplir dos años de residencia.
A su vez, el artículo 24 del DL 1.094 ordena que el contrato de trabajo debe contener una cláusula por la que el empleador se compromete a pagar el pasaje de regreso del trabajador al término del vínculo contractual.
Sin embargo, a pesar de sus cuarenta años de vigencia, el DL 1.094 es objeto de cuestionamientos por presentar un enfoque anclado en la seguridad nacional, debido a su gestación a inicios de la dictadura cívico militar.
Según explica Rodrigo Sandoval, jefe nacional del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior (DEM), en un artículo publicado en el libro Racismo en Chile. La piel como marca de la inmigración, “para el Decreto Ley, el extranjero y la migración son una amenaza. En este escenario, el Estado está llamado a recelar y a tomar los resguardos para evitar la entrada de sujetos, grupos e ideas atentatorios contra los valores nacionales que se busca preservar”.
La misma autoridad sostuvo en entrevista para el programa Francamente, emitido por CNN Chile en agosto de 2016, que “en Chile, la tradición legislativa se desplaza entre el carácter utilitarista de la migración y el carácter de amenaza, pero nunca hemos tenido normas que aprovechen la migración, que la vean como una oportunidad”.
Una opinión similar manifiesta Eduardo Cardoza, secretario ejecutivo del Movimiento de Acción Migrante (MAM), quien apunta que “con esta ley, la migración está en un estado de excepción desde hace 40 años“.
El dirigente uruguayo agrega que el Decreto Ley “no le sirve a los migrantes, no le sirve a Chile, porque tiene una población de medio millón de personas en una situación irregular por mucho tiempo y, además genera irregularidad sistémica. Entonces, es preocupante, porque está generando un problema de exclusión que no es lo que le sirve al país”.
No obstante, desde el 1 de marzo de 2015, los trabajadores migrantes pueden solicitar en las oficinas de Extranjería la nueva visa temporal por motivos laborales. Para la realización de este trámite es necesario presentar el formulario, junto a un contrato de trabajo suscrito en Chile. Este nuevo permiso tiene una extensión de un año, y para renovarla se deben presentar las últimas cotizaciones de AFP. Además, el fin del contrato no implica el fin inmediato de la visa.
Experiencia Sindical
El Sindicato Unitario de Trabajadoras de Casa Particular (SINDUCAP) está compuesto en un 85% por trabajadoras extranjeras, según indica Emilia Solis, su presidenta. Ella es chilena y comenta que han trabajado en capacitaciones junto a la OIT con el fin de avanzar en la integración y el respeto a los derechos laborales.
Emilia comenta que la situación de sus compañeras migrantes es dispar. Algunas no han tenido grandes problemas, pero otras se han encontrado con despidos injustificados, a propósito de la entrada en vigencia de la nueva visa temporal por motivos laborales. “Como ahora no les pagan los pasajes de vuelta, entonces al empleador se le hace fácil”, señala.
El Sinducap cuenta con trabajadoras migrantes en su directiva, como Juana Cotrina, trabajadora peruana que llegó hace 8 años a Chile y actualmente es la secretaria del sindicato. Sin embargo, el inicio de su vida laboral en el país tuvo dificultades. “La primera vez que entré a trabajar, se aprovechó mi jefa. Pero después, comencé a saber más cosas y le puse mis condiciones, porque antes salía solo los domingos y regresaba la misma noche. Después me daba sábado por medio, aunque a veces trabajaba en los feriados”, relata.
Tomó contacto con Sinducap a través de una amiga, quien le presentó a Emilia Solis. En ese momento, Juana se encontraba con licencia por una enfermedad en sus manos. Aprovechó su tiempo libre y comenzó a introducirse en el sindicalismo, porque en Perú no participaba.
Comenzó como socia y ahora es secretaria. A su juicio, la experiencia “ha sido muy buena, porque ahí aprendí sobre los derechos laborales en Chile y ahora los sé defender. Ya no trabajo puertas adentro, sino que por días, entonces, tengo más opciones para mí”.
Desde el Movimiento de Acción Migrante valoran la inserción de los trabajadores migrantes en las organizaciones sindicales existentes en el país. Según afirma Eduardo Carroza, secretario ejecutivo del MAM, “en un momento hubo una idea de crear sindicatos migrantes y eso nunca nos pareció algo que contribuyera a la inclusión. Había que reconocer las asociaciones de trabajadores del país e incorporarse a ellas y la capacitación que se dé desde ahí”.
De todas formas, el dirigente uruguayo acota que la participación sindical y la incorporación a la vida social son situaciones que obedecen a un proceso de largo aliento. “La persona que migra trae, además de su cultura, su experiencia social y su situación de vida. La mayor parte de las veces el motivo que la trae es una cuestión de trabajo y la búsqueda de soluciones a temas que están en la familia. Entonces, no es una gente que venga predispuesta a un nivel de asociatividad, sino que viene por una decisión individual y después, cuando llega al país, se da cuenta que es colectiva, porque hay muchas más personas que están en la misma situación”, subraya.
Fuente: Sindical
