Chile, o más bién la consciencia democrática de los chilenos que aún creen en ella, tiene una deuda con Julian Assange, el fundador de Wikileaks, recientemente entregado a la policía británica por el traidor Lenin Moreno.
El turno de Chile llegó a mientras las organizaciones sociales contrarias al Tratado Transpacífico TPP 11 se debatían en la inquietud, por no conocer lo que implicaba el trtado.
En una conferencia para Chile, desde su asilo, Assange declaró en 2016, que dicho acuerdo era uno de “los tres pilares estadounidenses para consolidar un bloque occidental más fuerte que el militar”.
La vocera de la organización Chile Mejor sin TPP, Lucía Sepúlveda, recordó aquel año en que con algunos miembros de dicha organización, aún no constituida en su totalidad, esperaban la respuesta del gobierno respecto a algunos datos del tratado.
En eso, Wikileaks publicó completo el famoso capítulo: la cláusula de confidencialidad había quedado expuesta.
“Nos llamó la atención porque era la primera información virtual que tuvimos. Cuando finalmente se destapó el secreto, porque ya todos los presidentes habían firmado, vimos que lo que nos presentaba en la pantalla el gobierno era lo mismo que había entregado hacía más de un año WikiLeaks. Entonces nosotros tenemos una deuda de honor con Julian Assange”, aseguró Lucía Sepúlveda.
Vea el artículo completo a continuación.
El apoyo de Assange a Chile continuó con el Centro de Investigación Periodística, Ciper, que habilitó una sección dedicada a publicar lo que se empezaba a llamar “los cables de Wikileaks”.
En el caso de Chile, WikiLeaks destapó los tratos del gobierno con Estados Unidos con respecto a energía nuclear, el seguimiento de los tratos de Michelle Bachelet con el gobierno Chino e incluso la preocupación de George W. Bush por el socialismo de la entonces presidenta del país, entre muchos otros temas.
Vea la lista completa de los papeles de Wikileaks sobre Chile, a continuación.
La presidenta del Colegio de Periodistas, Margarita Pastene, reconoció el aporte de la información facilitada por Julian Assange, para trabajos de periodismo de investigación:
“Sin duda fue una contribución a la libertad de expresión y a la libertad de prensa, para que todos los ciudadanos y ciudadanas podamos tener conocimiento real de lo que Estados Unidos ha hecho en las intervenciones militares, y documentos de los que nosotros fuimos víctimas desde el tiempo de Allende. Después el golpe de estado, vino el ocultamiento de información”.
Lucía Sepúlveda, por su parte, rechazó la posición del gobierno ecuatoriano de retirar el asilo a Assange, porque “viola un principio establecido de los pueblos de Latinoamérica”, de los cuales el Assange es un “colaborador de lucha”.
Wikileaks: Nueva filtración devela los alcances de la negociación del tratado secreto TPP
por Francisca Skoknic
CIPER, en colaboración con Wikileaks, tuvo acceso al borrador del acuerdo sobre propiedad intelectual del TLC Transpacífico (TPP), actualmente bajo cláusula de confidencialidad pese a su relevancia pública.
El texto, que aquí se incluye, confirma la preocupación de ONGs que han seguido las negociaciones de los 12 países involucrados, por los efectos que el TPP tendría en materia de derechos de autor y de patentes farmacéuticas.
El gobierno insiste en los beneficios del acuerdo, mientras Bachelet pide quitarle urgencia a las negociaciones por los costos que puede tener para el país.
Total secretismo existe en torno al Acuerdo de Asociación Transpacífico, más conocido como TPP, por su sigla en inglés. Este nuevo tratado de libre comercio (TLC) involucra a Chile y a otros 11 países de la Cuenca del Pacífico.
La próxima cita de los equipos negociadores está fijada para la próxima semana, en Salt Lake City (Estados Unidos). Uno de los capítulos más controvertidos en la agenda es el relativo a las normas de propiedad intelectual, cuyo borrador fue obtenido por Wikileaks, que esta vez se ha asociado con un puñado de medios como CIPER y organizaciones no gubernamentales, como la también chilena Derechos Digitales.
Tras analizar el texto, los abogados de Derechos Digitales –que se han opuesto públicamente a la opacidad de las negociaciones en curso y que promueve el movimiento TPP Abierto– dicen que el documento confirma que lo que se está negociando va más allá de lo que se incluye en el TLC con Estados Unidos.
Por lo mismo, afirman, Chile no tiene nada que ganar y mucho que perder.
En efecto, Chile ya tiene tratados de libre comercio con 10 de los 11 de los países que son parte del TPP, incluyendo el mercado más grande, Estados Unidos, por lo que ya ha negociado con ellos los distintos capítulos del acuerdo, incluyendo los beneficios arancelarios, que son los centrales en este tipo de acuerdos comerciales.
La importancia del capítulo de propiedad intelectual es que tiene efectos principalmente sobre las patentes de los medicamentos, marcas y derechos de autor, incluyendo el tratamiento de éstos con nuevas tecnologías e internet.
El análisis de sus 95 páginas (descargar el archivo completo) da cuenta de que aún existen muchos puntos pendientes en la negociación, lo que hace prever que es poco probable cerrar el acuerdo este año, como era la meta.
El texto es difícil de entender, no sólo porque el lenguaje es muy técnico, sino también porque en gran parte de los párrafos se insertan entre paréntesis las objeciones y propuestas de los distintos países, lo que hace compleja una lectura lineal.
De todos modos su filtración constituye un aporte a la transparencia en un tema de gran relevancia pública y que, sin embargo, se maneja en estricta reserva, lo que ha generado polémica en muchos de los países involucrados.
En Chile se había instalado la tradición de que las negociaciones de los TLCs se llevaban a cabo con un “cuarto adjunto”, un salón contiguo al de las negociaciones oficiales en que los actores interesados, desde empresarios a la sociedad civil, eran informados y se escuchaban sus aportes. Esta vez, en cambio, sólo ha habido reuniones informales sin que hasta ahora se haya dado información alguna de los textos en discusión.
Álvaro Jana, cabeza de la Dirección Económica de la Cancillería (Direcon), reconoció al Diario Financiero en octubre pasado que las críticas han estado presentes en todos los países: “En este proceso de críticas y de falta de transparencia, reto a cualquiera que vaya a cualquier país TPP a ver si no hay algún reclamo parecido. Si pretenden que les entregue los textos, no puedo, si quieren saber qué lineamientos generales estamos siguiendo, lo puedo hacer”.
Jana explicó que el acuerdo de confidencialidad firmado por Chile le impide revelar los detalles de las negociaciones y aclaró que fue el gobierno de Michelle Bachelet el que suscribió dicha cláusula. Sin embargo, ahora es la propia Bachelet la que intenta poner paños fríos a las tratativas, según se desprende de su programa de gobierno:
-Tenemos preocupación ante la urgencia por negociar el TPP. Para velar por el interés de Chile se debe hacer una revisión exhaustiva de sus alcances e implicaciones. Para nuestro país es prioritario impedir aspectos cuestionables que pudieran surgir en este acuerdo, pues, mal manejado, se transformaría en una renegociación indirecta de nuestro TLC con EEUU, debilitando acuerdos ya establecidos en materia de propiedad intelectual, farmacéuticos, compras públicas, servicios e inversiones, o llevaría a la instalación de nuevas normas en el sector financiero.
El Presidente Sebastián Piñera, en cambio, ha celebrado los beneficios del TPP, pues “puede ser el mayor acuerdo regional de comercio libre en el mundo”. La gran duda ahora es si se alcanzarán a cerrar las tratativas durante su administración o las heredará su más posible sucesora, Michelle Bachelet.
Los detalles de la negociación son clave, pues si bien el Congreso debe ratificar después el tratado, ya no se le pueden hacer cambios.
En Estados Unidos debe seguir el mismo camino y tal como en otros TLC, el terreno no se ve fácil.
Esta semana 22 congresistas de ese país firmaron una declaración en que desde ya se oponen a aprobar un “fast track” o vía rápida para tramitar nuevos acuerdos comerciales.
ALCANCES DE LA NEGOCIACIÓN
Del análisis del borrador filtrado se desprende que aún hay desacuerdo en muchos puntos. Si bien las alianzas entre países varían según el tema, se percibe que los términos que quiere imponer Estados Unidos son controversiales para muchos de los participantes, aunque en ciertos puntos se alía con Japón –el último que se sumó a las tratativas– o con Australia. En el texto se desprende que Chile, identificado en el documento con la nomenclatura CL, aún está peleando aspectos relevantes.
En derechos de autor, la legislación chilena contemplaba que se extinguían 50 años después de la muerte del autor, plazo que se extendió a 70 años en 2003, justamente para adecuarse a los plazos negociados durante el TLC con Estados Unidos. Ahora, México pide que el plazo se alargue hasta los 100 años después de la muerte autor.
Un acápite en el que Chile se enfrenta con Estados Unidos es el que se refiere a los plazos de protección cuando no se pueden calcular según la vida del autor por ser obra anónima o de varios autores (artículo QQ.G.6).
Con el TLC, los 70 años se contaban desde la fecha de la primera publicación. Ahora, Estados Unidos exige que los derechos se extingan 95 años después de la publicación, a lo que Chile se opone.
En caso de que la obra no haya sido publicada en 50 años, el TLC contemplaba que los derechos se extendían por 70 años desde su creación, mientras que ahora Estados Unidos pide que, si no se publica en los primeros 25 años, los derechos se extiendan por 120 años.
Estos puntos son importantes pues alargan el plazo que tarda una obra en ser parte del dominio público y por lo tanto involucra obstáculos al acceso al conocimiento.
Uno de los temas de preocupación del texto es el de los procedimientos legales para hacer efectivas las normas de propiedad intelectual.
Mientras el TLC con Estados Unidos contempla una definición amplia, en que se exige el respeto por las normas del debido proceso y el marco legal de cada país, el TPP establece que los procedimientos legales para resguardar las normas de propiedad intelectual no deben ser innecesariamente complicados, costosos ni tardar más de lo razonable.
Chile y otros países involucrados buscan agregar que estos procedimientos no deben ser distintos al marco legal general, pero el punto sigue en disputa. El riesgo, según organizaciones como Derechos Digitales, es que se establezcan procedimientos más expeditos o diferentes que los que se siguen para otros asuntos legales, poniendo estos derechos por sobre otros que pueden ser superiores.
Otro aspecto que implica un cambio respecto a la legislación vigente es la creación de sistemas de indemnización con categorías preestablecidas, las que pueden incluir castigos ejemplificadores o punitivos.
Estas indemnizaciones deberían compensar el daño infringido (artículo QQ.H.4.X).
Según el abogado Francisco Vera, de Derechos Digitales, esto quitaría discrecionalidad a los jueces y además rompería la lógica del sistema legal chileno, en que los castigos ejemplificadores sólo se contemplan en beneficio del Estado y no a través del pago de indemnizaciones a terceros.
El borrador del acuerdo también aumenta los estándares de protección cuando se evadan las medidas tecnológicas de protección de los derechos de autor.
Por ejemplo, el bloqueo de una consola de videojuegos, de un teléfono celular o la copia de CDs que tienen tecnología anti pirateo. En este punto hay múltiples propuestas y rechazos por parte de Chile y Canadá.
Según Derechos Digitales, tal como está el texto, se extienden las sanciones a quienes razonablemente deberían saber que están cometiendo un ilícito, a terceros que participen aunque no sean los que lo cometen directamente, y penaliza la elusión o facilitamiento del ilícito aunque no haya ánimo comercial detrás de éste (artículo QQ.G.10).
PATENTES FARMACÉUTICAS
El tema de los cambios a las patentes farmacéuticas es, sin duda, el más relevante pues involucra el precio del acceso a los medicamentos. El borrador es altamente complejo y hasta ahora sólo se conoce un primer análisis de la ONG estadounidense Public Citizen, que concluye que la propuesta de la administración Obama es la más dañina para la salud que se haya hecho hasta ahora en un TLC.
De acuerdo a la organización, de aprobarse el borrador tal cual se conoce ahora, la consecuencia será fortalecer los monopolios de las empresas farmacéuticas que producen medicamentos contra el cáncer, enfermedades cardíacas o el VIH, entre otras. Por ejemplo, se favorecería el surgimiento de “nuevos monopolios farmacéuticos al bajar los estándares de patentabilidad y al requerir patentes para métodos quirúrgicos y tratamientos, así como para pequeñas variaciones de medicinas antiguas”.
Fuente: Ciper
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