Cuando el secretario de Estado de EE.UU., John Kerry, se reunió con la Presidenta Michelle Bachelet este lunes 5 de octubre, realizó una importante actuación de lo que se podría llamar la “diplomacia de la desclasificación”. Le entregó un pendrive que contiene 282 documentos y 1.000 páginas de seguridad nacional que en su momento fueron calificados de “TOP SECRET”, relacionados con el rol de Augusto Pinochet en un acto de terrorismo en la capital de Estados Unidos: el asesinato de Orlando Letelier y su colega Ronni Karpen Moffitt, a través de una bomba instalada en el auto del ex canciller de Salvador Allende (ver todos los documentos desclasificados).
En un extraordinario acto de colaboración, tanto el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile como el Departamento de Estado de EE.UU., publicarán los documentos en sus sitios web hoy, para que todos los ciudadanos estadounidenses y chilenos, en realidad toda la comunidad internacional, los lean y evalúen.
Estos registros están entre los más sensibles y secretos en manos de la CIA, el FBI y los departamentos de Defensa y Estado estadounidenses, porque entregan luces sobre el peor acto de terrorismo internacional que tuvo lugar antes el 11/9 en Washington D.C.
De hecho, en un reporte al Presidente Ronald Reagan titulado “Pinochet y el asesinato Letelier-Moffitt: Implicancias para las políticas de EE.UU.”, su propio secretario de Estado George Shultz se pregunta si Pinochet debe ser juzgado en Estados Unidos.
La CIA tiene “evidencia convicente”, reporta Shultz al presidente Reagan, de que Pinochet “ordenó personalmente” al jefe de su policía secreta, Manuel Contreras, asesinar a Orlando Letelier en Washington D.C. Shultz califica el rol de Pinochet como “un ejemplo descarado del involucramiento directo de un jefe de estado en un acto de terrorismo de estado, uno que es particularmente perturbador tanto porque ocurrió en nuestra capital como porque su gobierno es generalmente considerado amistoso” (Ver documento original).
Si estos documentos hubieran sido desclasificados en el momento en que fueron escritos, podrían haber terminado en una condena contra el propio dictador. Otro de esos documentos, por ejemplo, se refiere a un informante de la CIA que sostiene que Manuel Contreras había dicho que Pinochet ordenó personalmente el complot para asesinar a Letelier. (VER RECUADRO).
Pinochet se las arregló para escapar de la rendición de cuentas ante la justicia por su responsabilidad como terrorista internacional. Pero casi 40 años después de ese crimen atroz, la evidencia sigue siendo vital para el veredicto de la historia sobre su rol.
La génesis de esta colección única de documentos se sitúa en la época en que el general Pinochet estaba detenido en Londres (fue detenido el 16 de octubre de 1998), cuando personas clave en Washington, incluyendo el instituto de estudios políticos donde trabajaron Letelier y Moffitt, y mi organización –el National Security Archive–, presionaron a la administración Clinton para reabrir una investigación formal sobre el rol de Pinochet en la bomba con que se asesinó a Orlando Letelier y Ronni Karpen Moffitt, así como sobre sus esfuerzos en esconder la responsabilidad de su régimen.
Nuestro argumento ante la Casa Blanca fue que Estados Unidos tenía razones más poderosas que España para perseguir legalmente a Pinochet, y que debía ser extraditado a Washington para enfrentar un juicio por los asesinatos de Letelier y Moffitt.
La entonces fiscal general de EE.UU., Janet Reno, incluso aprobó una investigación del FBI y el Departamento de Justicia. De hecho, en abril/mayo del año 2000 un equipo de investigadores del gobierno de Estados Unidos estuvo en Santiago trabajando con la Policía de Investigaciones en este caso.
Eventualmente concluyeron, en un informe que aún es secreto, que Pinochet debía ser procesado. Pero en ese momento, el periodo de Clinton se acercaba a su fin y George W. Bush había sido electo. La administración Bush rechazó perseguir legalmente a Pinochet, incluso después de que el ataque terrorista del 11 de septiembre de 2001 convirtiera al terrorismo en la prioridad número uno del presidente.
La investigación sobre el rol de Pinochet tuvo una consecuencia imprevista: generó que importantes documentos fueran retenidos en el marco de un proyecto especial de desclasificación sobre Chile de la administración Clinton.
Ese proyecto terminó con la centralización, revisión y desclasificación de 23.000 documentos de la CIA, el Departamento de Estado, el Departamento de Defensa, la Casa Blanca y el FBI.
Entre esos documentos había cientos de registros que implicaban a Pinochet personalmente en el asesinato de Letelier y Moffitt. Pero en vez de darlos a conocer junto a los miles de otros registros, esos documentos fueron retenidos como potencial evidencia para la investigación.
Un informe interno sobre la desclasificación obtenido por mi oficina en el National Security Archive, sostiene:
“Unos 250 documentos relacionados con el caso Letelier/Moffitt serán retenidos para una nueva revisión por parte de los fiscales del DOJ (Departamento de Justicia) como parte de un renovado esfuerzo para investigar el caso”.
En aras de la verdad y la justicia, esos 250 documentos que ligan a Pinochet con un acto de terrorismo internacional en Washington D.C., estaban entre los más importantes de los archivos secretos de Estados Unidos.
Luego de que Pinochet murió, mi organización, el National Security Archive, intentó sin éxito obtener la desclasificación de esos registros.
Tuvieron que alinearse todas las estrellas para hacer posible esta desclasificación. Con la reelección de Michelle Bachelet, Chile tuvo diplomáticos clave, entre ellos, el canciller Heraldo Muñoz y el embajador en Estados Unidos Juan Gabriel Valdés (quien trabajaba junto a Orlando Letelier en Washington D.C. al momento de su asesinato), quienes tenían un compromiso personal con el avance de la justicia en esta atrocidad.
Al interior de la administración de Obama en Estados Unidos, había funcionarios que entendieron el valor de la “diplomacia de la desclasificación” para las familias de las víctimas, para el uso adecuado de la documentación de EE.UU. para avanzar en la causa de los derechos humanos y por el simple bien de la historia. Demostraron ser muy receptivos a una iniciativa formal que tuvo lugar este año (con el apoyo estratégico del National Security Archive) para obtener esta documentación.
El viaje del secretario de Estado Kerry a Santiago esta semana fue la oportunidad de entregar al gobierno chileno los documentos que han sido recuperados hasta ahora y hacerlos públicos.
Más documentos relacionados con Augusto Pinochet van a ponerse a disposición de Chile en el futuro cercano. Además, este positivo y exitoso esfuerzo de “diplomacia de la desclasificación” también crea un útil e importante precedente para la futura liberación de documentos estadounidenses que aún son secretos y están relacionados con casos judiciales que todavía no son resueltos: entre ellos, el caso de la desaparición del ciudadano estadounidense Boris Weisfeiler en las cercanías de la Colonia Dignidad, la muerte del ex presidente Eduardo Frei, así como también los orígenes y actividades de la Operación Cóndor, cuyas redes facilitaron el asesinato de Orlando Letelier y Ronni Moffitt.
Pinochet no enfrentará a la justicia ni por esta atrocidad ni por las miles de otras que cometió durante su régimen. Pero esta desclasificación especial sobre el caso Letelier-Moffitt demuestra dramáticamente lo importante que pueden ser los documentos del gobierno de Estados Unidos en la corte de la historia.
EL DESCLASIFICADO QUE ACUSA A PINOCHET
(Ver documento original en inglés)
SECRETO
DEPARTAMENTO DE ESTADO
DE SECSTATE WASHCD
Enero 87
PARA: AMCONSUL RIO DE JANEIRO
ASUNTO: CASO LETELIER
1.- SECRETO. El texto completo.
2.- Anoche recibí [tarjado en el original] ocho reportes fechados entre abril y agosto del ‘78 referidos a la investigación de la Central Nacional de Inteligencia (CNI) y la subsecuente participación de la CNI en el encubrimiento dirigido por el general Pinochet.
3.- Estos reportes coinciden con mis recuerdos. Aunque ya tienen nueve años de antigüedad, sin embargo, tienen como fuentes a informantes extremadamente sensibles. Por ello, he resumido brevemente sus contenidos, en vez de repetir todo su contenido. Si cree que necesita uno o más de ellos para el interrogatorio de Fernández avíseme [el oficial de Ejército Armando Fernández Larios, miembro del cuerpo operativo de la DINA, había huido en esos mismos días en que se escribe este informe, enero de 1987, a Río de Janeiro y de allí fue llevado a Estados Unidos, donde confesó su participación en el asesinato de Letelier y se acogió a un convenio que impide su extradición a Chile a cambio de entregar evidencia sobre ese crimen].
A.- 27 de abril [1978] – Reporta la detención de Contreras [Manuel Contreras], Valdivieso [oficial Vianel Valdivieso, mando de la DINA], Burgos [oficial Alejandro Burgos de Beer, asistente personal de Contreras en la DINA], Espinoza [Pedro Espinoza, director de Operaciones de la DINA] y Fernández [Armando Fernández Larios]. No hay detalles de interrogatorios. Más interesante, se reporta que Pinochet ha dicho en una reunión con oficiales del Ejército de rango de capitán y superiores que planeaba detener a algunos oficiales que antiguamente estaban conectados con la DINA como parte de la investigación por la emisión de pasaportes falsos e irregularidades financieras. Dijo que cualquier persona que pudiera ser culpable sería juzgado en Chile y no en Estados Unidos.
B.- 26 de abril –Contreras dijo a un confidente que autorizó el asesinato de Letelier bajo órdenes de Pinochet. Orozco [general Héctor Orozco, jefe del Servicio de Inteligencia Militar (SIM) en la época, realiza investigación interna sobre asesinato de Letelier] fue a EE.UU. a mediados de abril del 78; subsecuentemente detuvo a los oficiales de la DINA mencionados más arriba [Punto A]. Fernández, quien había negado cualquier conexión con Townley [Michael Townley, agente de la DINA, fue extraditado a EE.UU. en abril de 1978 y cumplió condena allá por asesinato de Letelier y Moffitt], admitió que le había llevado US$ 5.000 a Townley por orden de Espinoza. Fernández dijo que no sabía para qué era el dinero y que no sabía nada de las actividades de Townley. Espinoza reconoció que había enviado a Fernández con los US$5.000 para que se los entregara a Townley. El dinero sería utilizado por Townley para asesinar a Letelier bajo las órdenes de Contreras… Contreras admitió que ordenó el asesinato, pero aseguró que lo hizo bajo órdenes directas de Pinochet. Contreras indicó que estaba preparado para dar el testimonio falso de que había enviado a Townley a investigar a Letelier y que lo que pasó tuvo que haber sido por su iniciativa.
C.- 11 de mayo [1978]– Orozco confrontó a Contreras el 24 de abril sobre las declaraciones de Espinoza y Fernández (y el coronel Pantoja [coronel Jerónimo Pantoja, subdirector de la CNI]), diciéndole a Contreras que estuviera listo para que se persiguieran los actos ilegales cometidos por la DINA. Contreras dijo a Orozco que todas las operaciones en el extranjero habían sido aprobadas por Pinochet y que había dejado documentos sellados en distintos lugares ante la eventualidad de que él, Contreras, muriera. Orozco informó a Pinochet quien ordenó la liberación de los ex oficiales de la DINA.
D.- 8 de mayo [1978] – Diferentes fuentes dicen la misma sustancia que lo anterior, excepto que Orozco dijo que continuarían cooperando con EE.UU. pero indicó que no había evidencia legal contra Pinochet, sólo la palabra de Contreras.
E.-23 de julio [1978] – La evaluación de [tarjado en el original] de la estrategia de cerrojo de Pinochet. Cuenta la información de más arriba, hace notar las presiones sobre la Corte Suprema para asegurar que las solicitudes de extradición sean rechazadas y una campaña de propaganda local. Cuando el gobierno chileno cedió al chantaje de Contreras, Pinochet presionó a los ministros de la Corte Suprema. El resto consiste en análisis político de la situación doméstica de Pinochet.
F.- 19 de julio [1978] – El ministro de la Corte Suprema Bórquez [Israel Bórquez] cree que probablemente hay suficiente evidencia para la extradición de Fernández, expresa preocupación por la división de la corte y hace notar la presión militar contra la extradición de Contreras pero sugiere que los militares están buscando tirar a Fernández a los lobos.
G.- 15 de agosto [1978] – El general Carrasco (jefe de gabinete del Ejército) dice que no sabe mucho sobre Liliana Walker (bienvenido al club). Contreras está molesto con su detención. Pinochet divulga la historia falsa de Codelco [se inventó un falso desfalco en la oficina de Codelco en EE.UU. como motivo del viaje de Fernández Larios a ese país] en una reunión de generales y almirantes.
H.- 7 de agoto [1978] – Posturas irrelevantes y nimiedades legales sobre la extradición. SHULTZ.
(*) Director del National Security Archive
Fuente: CIPER Chile
