La organización de Derechos Humanos Londres 38, exigió que el Gobierno aclare si las declaraciones de la subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Fríes, el sentido de que el Congreso “en algún minuto” debe dar el debate sobre un indulto general a criminales de lesa humanidad, comprometen también a la Presidenta de la República.
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La recién nombrada subsecretaria en una entrevista de prensa hizo esta afirmación aunque posteriormente afirmó que sus palabras “fueron deformadas por la prensa”. En la ocasión también omitió toda referencia a la deuda pendiente que tiene el Estado en relación a verdad y justicia, particularmente en los casos de personas detenidas desaparecidas.
Luego de varias décadas se han encontrado algunos indicios y restos de apenas 148 personas de un universo de 1.193. Justamente, porque los represores no solo no han reconocido sus propios crímenes, sino además han ocultado información sobre el destino de las personas secuestradas y desaparecidas, y las circunstancias en que otros dos millares de personas fueron ejecutadas.
Los violadores de derechos humanos condenados que cumplen penas efectivas de cárcel no son más de 150, la mayoría de ellos recluidos en una prisión especial, con atención de salud garantizada, con alimentación sana y en un régimen de respeto a sus derechos. Son criminales que han sido tardíamente juzgados y han recibido bajas penas, pues se han beneficiado de la llamada media prescripción.
Todo esto es conocido por la subsecretaria de Derechos Humanos, por eso resulta indignante cuando afirma que “lo peor que nos puede pasar a los defensores de derechos humanos es perder la humanidad”. Durante décadas han sido las organizaciones de derechos humanos las que han buscado verdad y justicia, y los escasos avances logrados se deben a estas luchas. Nada ha sido concedido.
La señora Fríes añadió que “los derechos humanos son un mínimo al que los Estados han concurrido con su voluntad y se han obligado a cumplir con esos mínimos”. Pero el Estado chileno ha recibido condenas de cortes internacionales por no cumplir esos “mínimos”.
De hecho, el viernes pasado, dos días antes de la publicación de la entrevista a Fríes, la presidenta Michelle Bachelet encabezó un acto reparatorio a ex funcionarios de la FACh condenados en Consejos de Guerra –en la que se vio visiblemente emocionada- en cumplimiento de un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que obligó al Estado de Chile a reconocer a las víctimas y a tipificar el delito de tortura. Ese acto es una demostración de la deuda que tiene el Estado de Chile con la verdad, la justicia y la reparación.
La subsecretaria de Derechos Humanos plantea que existen estándares que diferencian los casos de presos por delitos comunes de aquellos que han cometido crímenes de lesa humanidad. Pues bien, estos últimos –según los convenios y tratados suscritos por Chile- no pueden declararse prescritos, no son amnistiables, como tampoco pueden ser indultados.
Las palabras de Fríes son graves y preocupantes, toda vez que a partir de enero el Programa de Derechos Humanos –el organismo facultado para perseguir los crímenes de la dictadura- estará bajo su mandato.
Actualmente, el Programa es parte en 942 causas, por 1.762 detenidos desaparecidos y ejecutados políticos reconocidos como tales por el Estado, lo cual demuestra claramente la magnitud de la tarea pendiente por parte de los tribunales y del gobierno. Más de 40 años después de los hechos, la justicia aún no ha concluido su labor y, en muchos casos, recién comienza.
En este escenario, el solo hecho de proponer un debate en torno al indulto resulta inaceptable, pues avanza en la instalación de la más completa impunidad aun antes de alcanzar los “mínimos” en materia de verdad y justicia a los que alude la subsecretaria,
Si las palabras de la subsecretaria marcan la posición oficial del gobierno significaría una denegación completa de la verdad y la justicia. Luego de más de dos décadas de gobiernos civiles significaría el fracaso en su política nacional de derechos humanos, que según los estándares y compromisos que Chile ha suscrito, debería incluir verdad, justicia, reparación y memoria.
Londres 38, espacio de memorias
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Gobierno descarta considerar indultos para condenados por causas de derechos humanos
El ministro vocero de gobierno, Marcelo Díaz, descartó que el Ejecutivo se encuentre considerando la posibilidad de indultar a los detenidos por causas de derechos humanos. Díaz realizó la afirmación luego de que Lorena Fries dijo que es una materia que se debe discutir. Ayer, los diputados debatieron sobre si estos sentenciados pueden acceder a la libertad condicional.
El secretario de Estado realizó esta afirmación luego de que el fin de semana la subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Fries, señaló a La Tercera, ante la pregunta sobre si existía la posibilidad de que estos condenados salieran de la cárcel por razones humanitarias por enfermedades terminales, que “ese es un tema que tiene que debatir el Congreso a través de una propuesta de Ley de Indulto General en casos de DD.HH. Yo creo que en algún minuto hay que dar ese debate”.
Díaz señaló que “el gobierno no tiene en carpeta, ni en idea, y descarto absolutamente que nosotros estemos siquiera pensando una posibilidad de un indulto en esta materia. La convicción del gobierno y de la Presidenta de la República en esta materia ha sido siempre la misma, será siempre la misma. Memoria, verdad, justicia y reparación en materia de violación a los derechos humanos”.
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Ayer, en tanto, se produjo un intenso debate en la Cámara de Diputados, en el marco del proyecto de ley que busca regular las condiciones que se deben cumplir antes de que se otorgue el beneficio de la libertad condicional a los reos.
Una de las indicaciones, que presentó el diputado PS Leonardo Soto busca prohibir el beneficio para quienes hayan cometido delitos de lesa humanidad entre los años 1973 y 1990.
Por su parte, el diputado PC Hugo Gutiérrez señaló que el “Estado de Chile tiene absoluto derecho a decidir a quién se le da la libertad condicional. Si la ley dice que los que tienen penas perpetuas deben cumplir mínimo 40 años de cárcel efectiva, vaya sorpresa que esos sean los de Punta Peuco. Algunos tienen 40 años por cada caso de secuestro con consecuencia de muerte”.
En tanto, la diputada PC Karol Cariola expuso que es “inaceptable que haya parlamentarios de este Congreso que defiendan este tipo de beneficios”.
