Responsabilizar a la población de sus errores y fracasos, de sus desaciertos y mentiras, ha sido la única respuesta del gobierno ante el fallido manejo de la crisis sanitaria provocada por el SARS-CoV-2.
Carentes de toda autocrítica, los gobernantes no han tenido empacho ni reparos en lavarse las manos y culpar a los ciudadanos por el exponencial incremento de los contagios que se han producido en el curso de las últimas dos semanas.
Los errores del gobierno y el Minsal son los causantes del colapso que está produciéndose en el sistema de salud porque esta saturación de casos pudo preverse y debió evitarse, pero quienes debían ocuparse de ello, los gobernantes, no sólo no lo hicieron sino que no escucharon todas las advertencias y recomendaciones, tanto de los propios expertos de su grupo de apoyo, como de los organismos internacionales.
Además, la simple observación de lo que han sido las experiencias exitosas o más efectivas en otros países otorgaban a Chile la posibilidad de beneficiarse del hecho de ser uno de los últimos en donde se presentó el virus, contando así con elementos suficientes para no caer en falencias o cometer errores que podían resultar lamentables.
Pero el presidente Piñera y su gobierno han sido más proclives a actuar como títeres y seguir los dictados económicos y caprichos ideológicos del presidente de Estados Unidos (un patético personaje que tiene a su propio país convertido en un caos), que de atenerse a las indicaciones y recomendaciones que señalaba la ciencia o la necesidad de poner a la salud como prioridad.
No pueden ahora estos gobernantes tener el descaro de decir que no sabían que podían producirse ciertas tendencias o que no tenían información sobre tales o cuales peligros.
Una cosa es que Mañalich y su equipo mientan y se convenzan de sus propias mentiras, pero no es aceptable que pretendan pasar por falta de información lo que a todas luces es falta de criterio sanitario.
Los contagiados asintomáticos, por ejemplo, son una realidad y un peligro que desde hace más de dos meses viene advirtiendo la OMS; la necesidad de las cuarentenas totales son una exigencia desde el comienzo de la epidemia en Wuhan en adelante, menos para el gobierno chileno y para unos pocos gobernantes desquiciados en el planeta, Trump y Bolsonaro entre ellos, cuyas gestiones respecto del coronavirus las tienen que lamentar sus pueblos.
Recién después de dos meses el gobierno chileno viene a aplicar una cuarentena casi total -casi- en la Región Metropolita y provincia de Santiago que, como era de presumir, se han convertido en el principal foco de contagios en el país y en una fuente de irradiación de contagios hacia otras regiones y ciudades.
La dictación de cuarentena para el densamente poblado territorio capitalino la adoptan con retraso producto de la obcecada forma de manejar la crisis sanitaria que ha tenido el gobierno, en especial el Ministro Mañalich y su equipo de trabajo en el Minsal, caracterizada por el autoritarismo y el ocultamiento de información relevante.
La estrategia de las mal llamadas «cuarentenas dinámicas» solo sirvió para que la propagación del virus se dinamizara y para que Mañalich se diera el gusto de imponer su arbitraria visión.
Dado lo tardía de la medida preventiva, todo indica que los contagios seguirán multiplicándose en los próximos días.
A la tardanza de gestión hay que agregar el peligroso retardo con que se están conociendo los resultados de los exámenes de laboratorio lo que se traduce en que la información de diagnóstico se obtenga con tres o más días de retraso y, por tanto, se produce un desfase inevitable entre lo que se está haciendo y lo que efectivamente está ocurriendo; sin considerar el daño que provoca aquellos exámenes que se pierden en la maraña burocrática de la gestión.
El desfase determinado por la capacidad instalada y la capacidad operativa de los laboratorios es uno de los aspectos que debiese haber tenido en consideración una política gobernante de gestión de crisis, prever y anticiparse a ello, cuestión que no ha ocurrido en absoluto.
Por el contrario, el gobierno y el Minsal no solo han ido detrás de la pandemia sino que su política de enfrentamiento ha sido reactiva frente a escenarios que ya se han producido, o si se quiere ha sido orientada a criterios de aplicación de medicina curativa en lugar de preventiva.
Los hechos demuestran que nunca han querido impedir la propagación de la enfermedad sino sólo controlar transmisión del virus.
En la aplicación de ese fallido y perverso plan, se los comió la existencia cotidiana del Chile real.
El ocultamiento de información y la distorsión de cifras han resultado también determinantes para no apuntar a lo esencial. Contraviniendo las recomendaciones de realizar testeos masivos y no selectivos, los enfermos no se examinan ni se atienden en los centros de salud pública si no cumplen con los protocolos burocráticos de «calidad de enfermos», que más bien parecen reglamentos de selección laboral.
Los menos son los que pueden costearlo y recurren a los centros privados a pagar por un examen preventivo; los más deben resignarse a volver sobre sus pasos y padecer la enfermedad en sus casas. A eso hay que añadir que los muertos no se cuentan como contagiados si mueren en la casa y no se las ha practicado el examen de laboratorio.
Un completo circulo vicioso.
Desde el comienzo de esta pandemia que el gobierno ha tenido una conducción errada. Siempre tarde en la adopción de medidas de prevención, aplicándolas a regañadientes y producto de la presión social pero nunca por iniciativa propia.
Siempre ha estado más preocupado de que el mercado y el mundo financiero no sufriera problemas, en lugar de velar por la prevención y la salud de la población. La determinación obsesiva de reactivar el mercado para proteger al empresariado, expresada en la persistencia por imponer rápidamente una «nueva normalidad», o un «retorno seguro», son la causa principal de una política sanitaria errada y fracasada.
A fin de cuentas, los costos, en uno y otro caso, siempre los termina pagando la población.
El saldo aún está por verse, pero en lo inmediato tenemos un aumento exponencial de los contagios, el colapso eminente del sistema de salud, el costo presumible en vidas humanas, y un gobierno que seguirá lavándose las manos, haciendo encuestas y manipulaciones mediáticas de lavado de imagen.
Pero que ahora, en plena escalada de la pendiente de casos de contagiados, venga a responsabilizar a la población por la propagación del virus es el colmo de la desvergüenza y el descaro.
Que venga ahora a pretender que la población no tuvo confianza en la autoridad es una señal de que nunca han entendido la realidad del país en que viven y en donde, desgraciadamente, son gobierno.
Solo falta que digan como excusa «no lo vimos venir», si es que ya no lo han dicho.
Ese argumento de la falta de confianza es una excusa falaz. Los gobernantes sabían y saben perfectamente que estábamos viviendo una protesta social permanente contra el gobierno y contra el sistema que éste representa y defiende, y que la llegada del coronavirus al país les brindaba una oportunidad gratuita de salvar la situación y cobrarse desquite.
Mienten porque es gratis mentir desde el poder, porque les resulta natural faltarle el respeto a la ciudadanía. Creen o siguen creyendo que la población chilena es una turba de necesitados a la que se le puede vender cualquier pomada, se le puede engañar de cualquier manera, se le puede convencer de cualquier patraña.
¿No lo vieron venir? ¿O acaso no lo entienden?
No entienden que el pueblo chileno, la población, la ciudadanía de este país no puede confiar en un gobierno que le ha reprimido brutalmente por tres meses ni en un sistema que le ha ninguneado por 30 años.
No puede confiar en un gobernante que -en plena pandemia- se burla de ese pueblo movilizado y se ocupa de ir a sentarse a Plaza Dignidad.
No confía en un gobierno que gasta recursos del Estado para borrar los símbolos gráficos de la protesta social y restablecer «el orden público» repintando y cercando una estatua que si sigue en pié es sólo porque se convirtió en parte de los símbolos de esa misma protesta social.
No confía en un gobierno que se dedica -en plena pandemia- a gastar millones de recursos del Estado en equipos y material bélico para que las fuerzas policiales repriman al pueblo chileno, en un gobierno que no vacila en reprimir pequeñas manifestaciones (aunque sean pacíficas ordenadas y con prevenciones sanitarias) y sin embargo tiene manga ancha con fiestas masivas o cultos religiosos de su base de apoyo evangélica.
No puede confiar en un gobierno que ha intentado utilizar la pandemia para seguir violentando la historia y la memoria de las víctimas de violaciones a los derechos humanos en dictadura, que busca otorgar beneficios carcelarios e indultos a criminales que cumplen condenas por delitos de lesa humanidad, y que ante el primer descuido público otorga indulto a criminales de esta calaña y ante la primera oportunidad que tiene nombra ministra a una persona representante genuina de esa dictadura infame y sobrina nieta del propio dictador.
No puede confiar en un gobierno que ha dado muestras demasiado groseras de preocuparse sólo de los intereses del gran empresariado y de los poderosos, no puede confiar en un gobierno que ha impuesto una forma autoritaria, arbitraria y despectiva de gestión de la pandemia, dominada por aspectos ideológicos y mercantiles; no puede confiar en un gobierno que murmura «quédense en sus casas» pero vocifera «vayan a trabajar», que otorga beneficios multi millonarios a empresarios pero mezquina apoyos materiales directos a la población dejada en cesantía, dejados en la estacada, y a los más vulnerables.
No puede confiar en un gobierno que no es capaz de reconocer ninguno de los groseros errores y fallas en que ha incurrido en el manejo de la gestión sanitaria, sino que por el contrario sigue mintiendo e intenta trasladar la responsabilidad de sus propias deficiencias hacia la población, achacándoselas a la ciudadanía, lavándose las manos de sus desaciertos y desatinos.
No puede confiar en un gobierno que no escatima esfuerzos por sacar ventajas políticas imponiendo decretos abusivos y consiguiendo la aprobación de leyes regresivas y represivas, con la participación cómplice de una negada oposición.
No puede confiar en un gobierno que hace un uso abusivo de los medios empresariales de comunicación con la pretensión evidente de lograr figuración publicitaria y sacar ventajas electoreras en un hipotético futuro de su «nueva normalidad»; abuso en que destacan un considerable número de políticos y personajes de una derecha descontrolada, entre los que figura el patético alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, quien no ha tenido ni un gramo de decencia con sus desmedidas apariciones publicitarias.
Lo cierto es que todo esto y lo que ahora está por venir, era previsible teniendo al gobierno que tenemos, teniendo al gobernante que tenemos.
Lo mínimo que debiesen haber hecho estos gobernantes, ante la inminencia del arribo de la pandemia, era hacerse a un costado de la escena pública y dejar el manejo de la crisis en manos de especialistas, de científicos, de técnicos con experticia, y que estos establecieran la relación social y sanitaria con la población.
Método que, por lo demás, también forma parte de la experiencia acumulada en otros países donde sí ha habido un manejo eficiente de la situación.
Pero no. Los personeros de gobierno están dominados por el afán de estar y aparecer para realizar una activa defensa ideológica y política de un modelo y de un sistema moribundo, demasiada vanidad y egolatría en el gobernante y en parte de su equipo de crisis como para resignar algo de protagonismo y figuración, prima en ellos la mezquindad en lugar del desinterés o la benevolencia, tienen demasiado odio hacia el pueblo como para no aprovechar la oportunidad de aplastarlo.
Lo peor es que pretendan responsabilizar a la población y no asumir sus fallas. Tampoco es que resulte extraño si consideramos que en un centro de salud (de la Región Metropolitana) sancionaron a una médico por haber resultado contagiada ejerciendo labores de salud pública en el propio hospital, o si la seremi de salud metropolitana dice que no es su problema las personas que mueren en sus lugares de vivienda por el coronavirus, o que el seremi de salud del Bío Bío se apresure en decretar la reapertura de cultos religiosos en su región, descriterio enmendado por la Corte de Apelaciones de Concepción.
Los culpables de los desatinos en el manejo de la crisis sanitaria deben asumir sus responsabilidades y dejar las funciones que ostentan antes de que el daño que causen con su actuar sea mayor. No es posible tolerar tanta liviandad y desfachatez. Basta de mentiras y manipulaciones.
Fuente: Resumen
