La desfachatez y el desparpajo de la derecha parecen no conocer límites. Aún en medio de la crisis más profunda del sistema político binominal, no tienen empacho an anunciar, por anticipado, que concurrirán al ilegítimo y antidemocrático Tribunal Constitucional para bloquear una moderada reforma, como es la reforma laboral, lo cual es indicativo de lo mucho que les duele que los trabajadores recuperen derechos.
La comisión mixta no será la última valla para el proyecto de reforma laboral, que lleva más de un año de tramitación en el Congreso: la derecha ya anunció que buscará impugnar la titularidad sindical y la extensión de beneficios en el Tribunal Constitucional.
Pese a las largas jornadas de debate en el Senado y al tercer trámite que comenzará esta semana en la Cámara de Diputados, todo indica que el Congreso no tendrá la última palabra respecto del futuro de la reforma laboral, porque la derecha está trabajando en la redacción del requerimiento con el que buscará impugnar la nueva norma ante al Tribunal Constitucional, una vez que ésta salga del Parlamento.
En lo formal, el primer paso lo dieron este jueves los senadores de Renovación Nacional (RN) y de la Unión Demócrata Independiente (UDI) cuando hicieron reserva de constitucionalidad en materias como titularidad sindical y extensión de beneficios. Esto les da un plazo de hasta cinco días después de aprobada la ley para acudir al TC, lo que estiman podría ocurrir a fin de mes.
Si el organismo acoge la petición, el fallo podría conocerse dentro de un mes.
La estrategia que desatará la batalla final fuera del Parlamento, que es el lugar donde legítimamente corresponde, es liderada por los senadores Andrés Allamand (RN) y Hernán Larraín (UDI), representantes de la oposición en la Comisión de Trabajo de la Cámara Alta.
El equipo técnico a cargo del requerimiento está compuesto por especialistas de la Fundación Jaime Guzmán (FJG) y de Libertad y Desarrollo (LyD), y es coordinado por el abogado constitucionalista Gastón Gómez. En la oposición aseguran que el documento está prácticamente listo y que esta semana Larraín, Allamand y Gómez sostendrán reuniones para afinar los detalles.
“Vamos a recurrir al Tribunal Constitucional por titularidad sindical, obligatoriedad de negociación con el sindicato interempresa y extensión de beneficios (…). De hecho, la inconstitucionalidad en la extensión de beneficios reproduce calcada la situación que ocurrió con la glosa de educación”, dice el senador Allamand, haciendo alusión al fallo adverso al gobierno del TC, que se pronunció contra la gratuidad en diciembre del año pasado, determinando que los requisitos que debían cumplir las instituciones para acceder a la gratuidad eran inconstitucionales.
“Vamos a esperar que termine la tramitación, porque todavía tenemos la esperanza de que se corrijan errores. Si eso no fuera así, y tratándose de temas que contradicen el espíritu de la Constitución, recurriríamos al Tribunal Constitucional”, comenta el senador Hernán Larraín.
Una razón más para incluir la eliminación del Tribunal Constitucional de la nueva Constitución que deberá emerger del proceso constituyente.
Hasta el momento y en base a la redacción que salió este jueves del Senado a la Cámara de Diputados, el requerimiento tendrá dos temas centrales que apuntan a materias que la Nueva Mayoría definió como ejes del proyecto: la titularidad sindical -que termina con los grupos negociadores en las empresas donde existen sindicatos- y la extensión de beneficios.
Y podría haber más. En la oposición advierten que si el Ejecutivo repone en tercer trámite la indicación que transformaba la negociación colectiva con sindicatos interempresa de voluntaria a obligatoria -y que fue rechazada en el Senado con votos de la oposición y la DC-, la incluirán en el requerimiento ante el TC.
Lo mismo ocurrirá si el gobierno insiste en que los sindicatos tengan acceso a la información sobre remuneraciones de los trabajadores, lo que tampoco fue aceptado por la Cámara Alta.
Según las intenciones que dejó entrever la ministra del Trabajo, Ximena Rincón, al cierre de la sesión del jueves, lo más probable es que eso ocurra.
“Probablemente tendremos que hacer un perfeccionamiento en normas de información y sindicato interempresa”, sostuvo la titular. Lo mismo advirtieron los legisladores que votaron a favor de la negociación interempresa, quienes anunciaron que buscarán reponer la norma en la comisión mixta.
De acuerdo a una minuta de la Fundación Jaime Guzmán, el requerimiento dejará claro que la reforma vulnera principios vinculados principalmente al artículo 19 de la Constitución. Por ejemplo, el derecho a asociarse, la libertad de trabajo, el derecho a sindicalizarse, la no discriminación arbitraria y el derecho de propiedad.
“El proyecto afecta la libertad sindical al forzar indirectamente la afiliación sindical (…); la sindicalización forzada se manifiesta en que para obtener determinados beneficios, el trabajador no sindicalizado estará obligado a afiliarse al sindicato”, expone Máximo Pavez, de la FJG.
Sergio Morales, de LyD, agrega que tal como quedó el proyecto, los trabajadores podrán realizar negociaciones personales sobre remuneraciones -siempre que estén fundadas en criterios objetivos-, pero no sobre otras materias.
“La ley dice que no serán práctica antisindical los beneficios o acuerdos que se funden, pero solamente en materia de aumentos de remuneraciones; no otro tipo de condiciones de trabajo, como flexibilidad de jornadas. Eso vulnera el artículo 19 que consagra la libertad de trabajo y libertad de contratación. Porque además hay muchas cosas que podrían ser consideradas práctica antisindical. De hecho, la Dirección del Trabajo podría crear nuevas figuras que no conocemos hasta ahora”, alerta Morales.
Si el organismo se pronuncia en contra de la postura del gobierno en temas como la titularidad sindical, el Ejecutivo se vería prácticamente forzado a enviar un nuevo proyecto al Congreso, tal como ocurrió con la gratuidad de la educación. El panorama no resulta claro y menos optimista, ya que tras el ingreso de José Ignacio Vásquez el año pasado, la correlación de fuerzas al interior del TC -conformado por 10 ministros- habría quedado con una inclinación 6/4 en favor de la oposición, según admiten tanto desde el gobierno como de RN y la UDI.
O sea ¿cómo se puede aceptar la legitimidad de un organismo jurisdiccional, si sobre la base de su composición, se puede anticipar el fallo?
“Si eso ocurre, el costo de echar abajo un proyecto que beneficia a los trabajadores deberá ser asumido por el tribunal, no por el gobierno, y se reforzará la idea de que es necesario un cambio en materia constitucional”, señala con acierto un senador de la Nueva Mayoría.
RN confirmó que acudirá al TC por reforma laboral
Luego de que el Senado aprobara la reforma laboral, desde Renovación Nacional criticaron los puntos de la extensión de beneficios y titularidad sindical, por lo que anunciaron que irán ante el Tribunal Constitucional (TC) para modificar las condiciones del proyecto.
«Imagínense la potencial corrupción que podría existir si finalmente todo depende de una persona para efectos de una huelga, eso no es defender a los trabajadores, eso es defender a Bárbara Figueroa», sostuvo el diputado RN José Manuel Edwards.
«No le quepa duda que quienes defendemos la libertad de las personas, la libertad de los trabajadores y los intereses de los trabajadores vamos a recurrir al Tribunal Constitucional en este punto», aseveró.
