por Oscar Azócar (*)
Las señales de fracaso del gobierno de Piñera son muchas y variadas, tanto que la propia derecha está poniendo distancia con su gobierno, y dándolo por finalizado, para meterse de lleno en la batalla electoral presidencial y cumplir su objetivo que declararan inicialmente, de perpetuarse en el poder.
Sin embargo, no pierde de vista su tarea de retrotraer al máximo los logros del gobierno de la Nueva Mayoría, y profundizar el modelo.
En el ámbito económico, a pesar de los superficiales paquetes de reactivación económica, la espiral descendente del PIB continua gracias a la proclamada “apertura” de nuestra economía, ahora inmersa en el aumento de las probabilidades de recesión mundial.
Según Cadem, solo 19% de los chilenos tiene una percepción de progreso económico del país, y el 72% considera mala o muy mala la situación en materia de empleo.
El sondeo de agosto de Criteria anotó un pequeño aumento en la aprobación a Piñera, pero el rechazo creció a 65%. En candidaturas presidenciales, aparece en los últimos lugares.
La presidenta de la UDI ha declarado que “el país está mejor que en el gobierno de Bachelet, pero la gente no lo está percibiendo”. También critican al gobierno los gremios empresariales, Swett acusa “falta de rigurosidad de Hacienda” y pide “menos matinales”.
Sin duda está operando el llamado efecto Macri, que ha significado una gran alerta roja para el gobierno y la derecha.
El senador Allamand no pudo ocultar su desilusión con la victoria abrumadora del kirchnerismo en las primarias presidenciales en Argentina, al decir que “el voto bronca le ganó al rechazo y la corrupción”, cuya traducción es que la manipulación mediática antikirchnerista fue derrotada por la fuerza de la crisis económica del neoliberalismo en ese país y sus dramáticos efectos sociales en la gran mayoría de los argentinos.
Se suma la percepción de que Piñera ha hecho un hábito de poner la fianza a sus afines, como con su tío Bernardino ante las acusaciones de abuso sexual en su contra, o el apoyo al ultraderechista Bolsonaro por los incendios en la Amazonía, quien además insultó a Michelle Bachelet al justificar las torturas y el asesinato de su padre por la dictadura de Pinochet, frente a lo cual Piñera solo manifestó una tibia y relativizada defensa a la ex presidenta.
Imitando a Piñera, Cecilia Perez metió al gobierno en un brete al declarar que la acusación constitucional que impulsan diputados del PS contra la Ministra Cubillos intenta ocultar su relación con el narcotráfico, lo cual hizo congelar temporalmente las relaciones, y ante la exigencia de retractación, Cecilia Perez debió declarar que “no creemos que el PS ni toda su militancia tengan un vínculo institucional con el narcotráfico”.
Es un hecho que desde hace un tiempo cursan tensiones y conflictos internos entre RN y UDI, develando críticas al gobierno por su incapacidad de anticipación en el tema de las 40 horas y por el proyecto previsional.
El diputado Bellolio ha dicho que “uno ve que se improvisa semana a semana de acuerdo a la encuesta”, el mejor ejemplo las 40 horas.
Ahora la disputa se traslada al ámbito de las candidaturas presidenciales. Para fortalecer a Lavín, la UDI ha montado una operación para denunciar negocios ilícitos de Juan Antonio Kast en paraísos fiscales, ya que la encuesta de agosto de Criteria anotó un 12% para J. A. Kast, no lejos del 16% para Lavín, seguidos por 8% para Beatriz Sanchez, un 5% para F. Kast y Daniel Jadué.
En el 2 y 3% quedaron Piñera, MEO, Bachelet, Guillier, Sharp, Ossandon. Si bien la aprobación a Piñera subió levemente a 34%, el rechazo aumentó a 65%.
También se transparentó la disputa entre RN y UDI por la gobernación de la RM. La UDI tildó de desleal a la Intendenta de la Región Metropolitana, Karla Rubilar, por sacarse una foto con Camila Vallejo y Karol Cariola cuando éstas se reunieron con la Intendenta para pedir autorización para realizar un festival familiar sobre las 40 horas, que finalmente fue rechazado.
Acusación constitucional a Cubillos y las 40 horas
Con el respaldo de toda la oposición y de un amplio espectro de organizaciones sociales, entre ellas el Colegio de Profesores, se presentó la acusación constitucional contra la Ministra de Educación, que debiera discutirse en la Cámara de Diputados, por “vulnerar y dejar sin aplicación normas contenidas en la Ley de Bases Generales de Administración del Estado, la Ley del Ministerio de Educación, el Estatuto Administrativo y la Ley Nº 21.040 sobre fortalecimiento de la educación pública, señalándose que la Ministra no aplicó la ley al “dilatar el nombramiento de autoridades, contrató menos funcionarios que los autorizados, no asegura la adecuada infraestructura de trabajo, no toma medidas ante el nacimiento de próximos nuevos servicios locales”, entre otras omisiones.
No hay que olvidar que la Contraloría aprobó sacar Historia y Educación Física de los currículos de 3º y 4º medio, otra de las iniciativas impulsadas por a Ministra, a pesar del rechazo transversal que ha suscitado.
El gobierno y Piñera han defendido a Cubillos señalando que “no se puede acusar a una ministra por cumplir un programa”, y usan su recurso habitual de tratar de cooptar a algunos diputados opositores.
El diputado Pedro Velásquez ha declarado que “todo gobierno tiene derecho a gobernar”.
Asimismo, cunde la desesperación en la derecha y los grandes empresarios por el curso del debate sobre las 40 horas, en el que junto con el apoyo ciudadano mayoritario, se obtuvo una importante victoria al aprobarse el proyecto en la Comisión de Trabajo de la Cámara, tras un acuerdo con la DC que significó dar gradualidad de 5 años a las PYMES para su aplicación.
Ante ello, la derecha, el gobierno y los gremios empresariales se han empeñado a fondo en una campaña del terror. La CPC dijo “estamos realmente en schock que se haya adelantado el proyecto”, se ha manifestado que la reducción de la jornada laboral impactaría las arcas fiscales hasta US$ 2.400 millones, y se incrementaría el desempleo.
Para ello han contado con la ayuda del ex ministro Valdés y otros, así como de dirigentes sindicales renegados como Arturo Martínez, y tanto los parlamentarios de Chile Vamos como el gobierno, incluyendo al propio Piñera, anunciaron que recurrirán al Tribunal Constitucional.
Las encuestas indican que a pesar de todo este despliegue, se mantiene el apoyo mayoritario de los chilenos al proyecto.
Teniendo como marco estos debates, el gobierno prosigue implacablemente su esfuerzo para neutralizar y retrotraer los logros alcanzados por el gobierno de la Nueva Mayoría, y profundizar el actual modelo. Es así como el proyecto de contrarreforma tributaria fue aprobado en la Cámara con apoyo de la DC, lo cual significa que se vuelve al sistema existente antes de la reforma llevada a cabo por el gobierno de Bachelet, reincorporando la integración, lo cual permite que los grandes ricos se ahorren más de 830 millones de dólares al año en impuestos.
Ello llevó a que Francisco Vidal, del PPD, dijera que ·llegamos al punto de quiebre con la DC”.
Se añaden un sinnúmero de otras manifestaciones del carácter de clase del gobierno. Existe una deuda de US$ 71 millones de dólares que las Isapres mantienen con el Estado por pago de licencias médicas a funcionarios públicos.
Según un estudio de la Cámara Chilena de la Construcción, Chile está entre los países donde es más caro adquirir una vivienda, al mismo tiempo que más de 100.000 personas viven en campamentos, uno de cada cuatro son inmigrantes, el 55% de las familias tiene jefa de hogar, un tercio de ellos llegó a los campamentos debido al alto costo del arriendo.
Sobre el endeudamiento de los chilenos, según un estudio de la U. San Sebastián, 4.500.000 personas, más del 30% de la población, está endeudada, y la mayoría, muy endeudada.
En relación al tema de las pensiones, un estudio de Fundación SOL sobre las pensiones de FF.AA., concluye que los uniformados reciben en promedio casi 9 veces más que un ciudadano común.
Entre 2005 y 2018, de las 105.956 pensiones que entregó Capredena, 70.649 corresponden a pensiones de retiro, que es el símil de la pensión de vejez, claro que en este caso el monto promedio fue de $972.354. Las 8.095 pensiones de retiro de los oficiales tuvieron como promedio $2.005.997 (El Mostrador, 3 septiembre).
En el ámbito de las relaciones internacionales, el gobierno continua aplicando una política exterior subordinada a la política intervencionista del gobierno de Estados Unidos.
Recientemente, con el apoyo del gobierno de Chile, el Consejo Permanente de la OEA acordó que la “crisis en Venezuela tiene un afecto desestabilizador, representando una clara amenaza a la paz y a la seguridad” y decidieron convocar una reunión del Órgano de Consulta del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR, para la segunda quincena de Septiembre, para decidir que medidas tomar.
Aunque el ministro de RR.EE. ha declarado que el gobierno rechaza el uso de las fuerzas armadas para derrocar a Maduro, es evidente que la invocación del TIAR es un nuevo paso en la escalada intervencionista contra la soberanía de Venezuela, esta vez impulsando la aplicación de un tratado de carácter militar.
El agua problema nacional
Efectos devastadores está tendiendo la sequía en buena parte del territorio nacional. Se habla mucho del cambio climático como causante, pero poco del Código de Aguas y demás medidas de la dictadura que se han mantenido hasta ahora y que están en la raíz del problema.
Es sabido que en la provincia de Petorca la sequía la sufren los pequeños agricultores y a la mayoría de la población, cuyo acceso al agua potable le está muy restringido. Pero no afecta a las grandes empresas agrícolas, cuyos plantíos de palta para la exportación y el gran consumo del agua para este propósito, ofrecen un total contraste entre el vergel de los ricos y la sequía del resto del territorio.
A ello se suman los constantes cortes de agua en distintos lugares del país como resultado de la falta de mantención y de reparaciones, que constituyen una obligación que las empresas de agua potable no cumplen. Además de los ya conocidos cortes en Copiapó, la Región Metropolitana, y otras regiones, ahora último han habido cortes de agua en Bío Bío, con 72% de la población afectada en Chiguayante.
En Los Angeles, 50% sin agua. En Puerto Octay episodio de contaminación del agua, como en Osorno. En Ancud, en que se produce la rotura de la tubería de aguas servidas, que ha contaminado la bahía.
Aunque en más de una oportunidad la ciudadanía ha reclamado que se caduquen las concesiones a las empresas privadas, y se avance a constituir empresas públicas de agua potable, la Superintendencia de Servicios Sanitarios se ha colocado ahora en la defensa de las empresas, señalando que formulará cargos contra Essbio, pero que los cortes no ameritan caducar la concesión.
Se unen a estas muestras de insuficiencia y mala gestión de las empresas eléctricas. Los reclamos contra las distribuidoras eléctricas suben casi 80%, impulsados por errores en la lectura del consumo y en los cobros. La Superintendencia de Electricidad y Combustibles, SEC, dice que en una de cada dos quejas, el cliente tiene razón. La CGE lidera, seguida por Chilquinta.
En este cuadro, cobra cada vez más importancia la lucha por la nacionalización del agua, y su recuperación como bien de uso público, en primer lugar el agua potable para el consumo de las personas. Igualmente, las reivindicaciones de los pequeños agricultores y regantes, la regulación frente a la usurpación del agua para los grandes empresarios agrícolas y mineros, la lucha por una justa reforma del Código de Aguas, el término de las concesiones de las empresas de agua potable cuando se ha comprobado negligencia en la mantención y reparación de las plantas, y su transformación en empresas públicas con participación del Estado.
Afortunadamente, algunos municipios dirigidos por alcaldes progresistas, como los de Recoleta, Quilicura, Macul, Cerro Navia y La Ligua, notificaron hace un tiempo a Enel que pasarán a ser clientes libres y no regulados, primer paso para la creación de una Asociación de Municipios Libres y para licitar los consumos eléctricos ahorrando un 30% (El Siglo, 4 mayo).
Podría ser esa una fórmula parecida para el agua potable. Por lo pronto, el Municipio de la Ligua pondrá en marcha una segunda planta desaladora para aumentar el abastecimiento de agua potable a la población.
Movilización social y señales de convergencia opositora
El mes de septiembre ha traído múltiples y variadas manifestaciones de movilización ciudadana, entre ellas las referidas a la conmemoración de los 49 años del triunfo de la Unidad Popular, y de los 46 años del golpe de estado, que se han desarrollado en todo el país el 4, el 8 y el 11 de septiembre.
Sin duda estas jornadas constituyen la preparación de los 50 años del triunfo de la Unidad Popular, que se cumplen el próximo año, para lo cual está actuando una coordinación de organizaciones sociales y políticas constituida para estos efectos.
Al mismo tiempo la actitud de Piñera y su gobierno ha sido deplorable.
Hace poco Piñera declaró que la dictadura de Pinochet había sido un buen gobierno. A última hora el 11 de septiembre se formuló una declaración pública en la que Piñera reiteró que la Unidad Popular condujo a una crisis sin precedentes que desembocó en el golpe de estado, y que hay que superar las divisiones y los odios del pasado.
Coincidente con ello, en El Mercurio apareció una inserción en la que se repiten las mentiras de siempre para justificar el golpe y la dictadura, que fue ampliamente repudiada, incluyendo los propios periodistas de ese diario.
Un análisis más detallado sobre la UP y el golpe de estado se incluye en el documento de trabajo A 50 Años de la Unidad Popular: Apuntes sobre la Vía Institucional.
También se realizó el 5 de septiembre una jornada de Protesta Nacional convocada por la Mesa Social de más de 50 organizaciones, entre ellas la CUT y la Coordinadora No+AFP´s, que ha tenido expresión en todo el país, con marchas y manifestaciones.
En todas estas actividades ha estado presente un inédito despliegue de fuerzas policiales, que con y sin provocaciones, han desencadenado una fuerte represión contra los manifestantes.
Junto a las movilizaciones, ha proseguido la constitución del bloque Unidad para los Cambios en diferentes puntos del país, encontrándose ya constituido en las regiones de Antofagasta, Atacama, Coquimbo, RM, O´Higgins, Maule, Ñuble, Bío Bío, Los Ríos.
Al mismo tiempo, Unidad para los Cambios se ha reunido tanto con Convergencia Progresista como con el Frente Amplio para encontrar acuerdos electorales y miradas comunes.
(*) Integrante Taller de Análisis de Coyuntura y Tendencias, Partido Comunista de Chile
12 septiembre 2019.
