Luego de la denuncia realizada por Alerta Isla Riesco en enero del 2013, por la ruptura de la barrera de arena en Chorrillo Invierno 1 y 2 que no produjo sanciones a la mina, ahora se suma una nueva imputación por la ruptura del humedal y contaminación con carbón y material sedimentable de Chorrillo Invierno 2 y la costa del Seno Otway en Isla Riesco.
Gregor Stipicic, representante de Alerta Isla Riesco Magallanes, explicó que en septiembre de este año constataron en terreno la presencia de trozos de carbón, de entre 2 milímetros y 3 centímetros en la zona, junto con agua con material particulado procedente de la mina. Esto afecta la flora y fauna del lugar.
El ambientalista calificó el hallazgo como “serio” y recordó que en el proceso de evaluación ambiental se advirtió que se iba a contaminar el humedal y la costa de Seno Otway, pero Mina Invierno desconoció el terreno y señaló que no era parte del proyecto, comprometiéndose a que no se iban a contaminar las aguas ni el mar.
Gregor Stipicic añadió que Alerta Isla Riesco espera que la denuncia actual llegue rápidamente a las autoridades y se vaya a fiscalizar dentro de los próximos días.
En la misma línea, el dirigente del sindicato de trabajadores de Mina Invierno, Miguel Bravo, sostuvo que como a ellos no les sirve que se paralicen las faenas, son los primeros interesados en que se cumpla con lo que está en el proyecto.
En efecto, Bravo aseguró que se están haciendo las medidas de mitigación en la zona y que los trabajadores, ante la denuncia, revisarán su funcionamiento.
El Seremi de Medio Ambiente de Punta Arenas, Claudio Casiccia, opinó que en los procesos de contaminación ocurre que si no se realizan acciones remediales a tiempo, el daño puede ser más complicado de revertir.
Casiccia detalló que Alerta Riesco presentó una serie de evidencias que se tendrán que analizar y la Seremi de Medio Ambiente se encargó de canalizar las inquietudes hacia la Superintendencia y ésta fijará las acciones a seguir, si es preciso hacer algún estudio.
Por último, el Seremi adelantó que la Superintendencia tiene un plazo de dos meses para pronunciarse sobre si acoge o no la denuncia y en caso de atenderla, tiene la facultad de determinar las fiscalizaciones que sean necesarias.
