El vicecanciller boliviano, Juan Carlos Alurralde, denunció atropellos en la exportación de mercancías de su país por parte del Gobierno de Chile en el puerto de Antofagasta que afectan a su comercio exterior, destaca hoy la prensa local.
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El vicecanciller Alurralde denunció en el diario Cambio las vulneraciones a los Tratados vigentes, la elevación de las tarifas en más de 300 por ciento por la empresa que administra el puerto, y el silencio por parte de Chile ante los reclamos bolivianos.
Manifestó el diplomático que ante las frecuentes denuncias, la Cancillería de La Paz envió notas a Santiago para que no sólo se revierta esta situación sino se repare el daño ocasionado.
Los reclamos se presentaron igualmente, agregó, ante la Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi), pero dijo no cesan «las decisiones unilaterales y verticales del vecino país» y las notas no han tenido respuesta.
El año 2004 la tarifa de estiba era de 1,85 dólares la tonelada, y el 2015 subió a 7,64 dólares sin justificación alguna, señaló una investigación periodística.
Con las empresas mineras bolivianas se tiene trato discriminatorio, no así con las chilenas, agrega Cambio, y precisa que desde 1998 sacan los minerales bolivianos del patio del ferrocarril hasta Portezuelo, a 35 kilómetros, lo cual significa 4,00 dólares más por tonelada.
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El Vicecanciller recordó que en 1871 antes de la invasión chilena del 14 de febrero de 1879, Antofagasta era el puerto mayor de Bolivia.
Tras la invasión, recordó, Bolivia se vio obligada en 1904 a aceptar un tratado y «como pobre compensación por ese brutal cercenamiento» Chile reconoció el libre tránsito, el establecimiento del ferrocarril Arica-La Paz, y que ambos gobiernos reglamentaran el libre tránsito.
En ese marco, puntualizó, en 1912 se firmó la Convención de Tráfico Comercial, en 1937 la Convención de Tránsito, en 1953 la Declaración de Arica, en 1995 el Acta de Viña del Mar y en 1996 el Acta de Cochabamba, que profundizan, refrendan y amplían el libre tránsito.
Alurralde afirmó que todos esos documentos inciden en que el libre tránsito debe ser «irrestricto, perpetuo, no recíproco por el territorio chileno y sus puertos del Pacífico, para personas y toda clase de carga, en todo tiempo y circunstancia, sin excepción alguna».
Sin embargo, acotó, Chile privatizó sus puertos y transfirió sus obligaciones a privados, en el caso de Antofagasta lo hizo el 2003 y el administrador define tarifas unilateralmente en franca violación al derecho internacional, incluso exigen boletas de garantía.
