Una política de seguridad pública con sello represivo pondrá en marcha la Subsecretaría del Interior, relativa a menores de edad que sean condenados por dañar bienes de carácter público como señalética, vehículos estatales, semáforos y paraderos, entre otros. Apunta a que los padres respondan civilmente por los perjuicios generados por sus hijos.
Esta decisión es en respuesta a los costos que generan en las distintas municipalidades y reparticiones estatales tras las marchas o incidentes relacionados con fechas emblemáticas como el 11 de Septiembre o el Día del Joven Combatiente que se conmemora el 29 de marzo.
Uno de los últimos casos que generó preocupación en el gobierno ocurrió el 17 de diciembre de 2015, cuando un grupo de menores de edad protagonizaron una persecución en la Ruta 68, lo que generó cerca de $ 70 millones en daños tanto en vehículos de carabineros como en infraestructura.
El organismo que tiene la potestad para comenzar las demandas por este tema es el Consejo de Defensa del Estado (CDE). La Subsecretaría del Interior envió un oficio el 3 de marzo al organismo solicitando que se pronunciara si era posible hacer valer la responsabilidad civil de los padres de los menores y bajo qué requisitos se debería efectuar.
El CDE entregó su respuesta el 29 de marzo, la que estaba firmada por la abogada jefe suplente de la División de Defensa Estatal. En este documento, el CDA fija una serie de criterios para llevar adelante las demandas junto con un análisis de las normas del Código Civil que se deberían invocar.
En un primer instante, la Subsecretaría del Interior quería invocar el Artículo 2312 de la normativa, el que señala que “los padres serán siempre responsables de los delitos o cuasidelitos cometidos por sus hijos menores, y que conocidamente provengan de mala educación, o de los hábitos viciosos que les han dejado adquirir”.
Sin embargo, el CDE en su respuesta les indicó que se debería usar el artículo 2320 que señala “que toda persona es responsable no sólo de sus propias acciones, sino del hecho de aquellos que estuvieren a su cuidado. Así el padre, y a falta de éste la madre, es responsable del hecho de los hijos menores que habiten en la misma casa”.
Según el organismo, esto se debe que con ese articulado no hay que acreditar la “mala educación” o “hábitos viciosos” de los menores ante el tribunal. Como ejemplo, citó el fallo que condenó a los padres de Aaron Vásquez a pagar una indemnización de $ 262 millones a la familia de la víctima.
Acto seguido, enumeró los seis requisitos necesarios en caso de entablar la demanda: que exista una condena y un proceso judicial concluido; los daños sean a bienes públicos; haya documentación que acredite el monto del perjuicio; no esté prescrito el caso; que existan bienes de los demandados que permitan ejercer medidas precautorias en caso de condena (propiedades, vehículos, etc); y que los menores residan en la casa de sus padres.
Sobre este tema, el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, señaló que “esto va dirigido a quien cause daño a la infraestructura o equipamiento público, es decir, adquiridos y financiados con fondos de todos los chilenos y chilenas. Debe haber un responsable de esos hechos. No se trata necesariamente de querellas penales, aunque también pueden serlo, sino demandar civilmente a padres de menores de edad que han participado en destrucción de bienes públicos”.
Respecto sobre cuándo se comenzará a aplicar esta política, Aleuy indicó que “inmediatamente. Cada vez que se tengan antecedentes de destrucción de bienes públicos, se perseguirá civilmente a los responsables de dichos daños”.
Camila Vallejo planteó «trabajo comunitario» para menores que dañen bienes públicos
Tras la confirmación de parte de la Subsecretaría del Interior de que se demandará a los padres de menores de edad que dañen bienes públicos, la diputada comunista y ex dirigenta estudiantil, Camila Vallejo, apuntó a buscar otras medidas más concretas para trabajar con los menores.
La ex presidenta de la FECh aseveró que la medida que no resuelve el problema de origen y que, además, podría abordarse desde otro punto de vista:
«Existen formas distintas donde los jóvenes pueden, por ejemplo, hacer trabajo social, trabajo comunitario, poder aprender de esa forma y no tener que responsabilizar a las familias con multas que son exorbitantes y que, al final, ni siquiera van a poder pagar».
En tanto, el vocero de la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios (Cones), José Corona, aseguró que con esta medida no se ataca el problema de fondo y que se «criminaliza» el movimiento estudiantil:
«Lamentablemente no ataca lo que vendría siendo el problema de fondo, entendiendo que esto deja para la arbitrariedad y muchas veces para la criminalización de los movimientos sociales. Deja la puerta abierta para la represión del movimiento estudiantil. No creo que sea una medida correcta para acabar con la violencia dentro de las marchas porque el actuar de Carabineros y la arbitrariedad con la que se manejan, terminarán condenando a más inocentes que culpables. Muchas veces esos detenidos son estudiantes secundarios, menores de edad, que no tienen que ver y no son responsables de los destrozos”.
Agregó que «no creo que sea una medida que busque acabar principalmente con los destrozos dentro de las manifestaciones, sino que la criminalización del movimiento social. Es necesario buscar un alternativa en conjunto para poder darle solución al problema, pero esta no es la alternativa que le dé solución a la raíz».
Mientras que la presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Santiago (Feusach), Marta Matamala, sostuvo:
«Nos parece preocupante que las mayores discusiones respecto a seguridad pública se estén dando en torno a los destrozos que quedan durante las manifestaciones estudiantiles. Nosotros entendemos que hoy el problema de la violencia es mucho más grande que solo el de una manifestación y que tiene que ver con un sistema injusto y profundamente segregado. Por lo tanto, atacar el problema de esta manera únicamente es intentar ponerle un parche curita a una herida que es más profunda».
Gobierno negó que se criminalice el movimiento estudiantil
Por su parte, el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, aseguró que se busca poder reembolsar los gastos en las millonarias deudas que quedan por destrucción de bienes públicos:
«En la última ocasión, el costo que significó que un joven arrancara de la policía fue de 70 millones de pesos y nadie paga. Entonces, lo que hicimos fue una consulta al Consejo de Defensa del Estado para poder establecer una demanda contra los padres o tutores».
«Después de un par de meses, el CDE ha manifestado que nosotros podemos hacer demandas civiles para recuperar el total o parte del costo del daño a la infraestructura pública. Nosotros haremos el análisis en cada caso de cómo hacer la demanda civil más allá de las acciones civiles que correspondan», indicó.
Respecto a la crítica de que se «criminalizará» el movimiento estudiantil y las marchas, Aleuy respondió:
«No, nosotros no hacemos en ningún caso demandas contra organismos sociales que se manifiestan públicamente. No lo hemos nunca».
