El Ministro de Justicia, José Antonio Gómez, anunció que se harán gestiones legislativas y judiciales para aumentar las penas y sanciones para quienes cometan delitos económicos en el país. Hay elevados niveles de impunidad ante los delitos financieros que cometen hombres de negocios.
La información llega en momentos que la ciudadanía vuelve a saber que grandes empresarios y financistas involucrados en casos de delitos financieros y tributarios, de fraude el Fisco, emisión de boletas de honorarios y facturas falsas, y de violación de las normas de campaña electorales, seguramente no serán sancionados con penas de cárcel o éstas serán remitidas o reemplazadas.
En algunos casos, los hombres de negocios pagan millonarias sumas de dinero para resarcir al Estado lo que eludieron, y en la figura de la multa se eluden penas severas por delitos graves.
De tal manera que, esencialmente, los altos directivos de grandes empresas no ven afectada ni su libertad, ni su capital en lo sustancial, y ni siquiera su futuro como parte del mundo de los negocios y las finanzas porque siempre hallarán un nicho.
Un pequeño o mediano comerciante que infringe la ley, llega a recibir multas que le son de gran afectación, su negocio es cerrado con pérdidas que le pueden llevar a la quiebra, y ni hablar de quienes cometen delitos tributarios y son sancionados con penas carcelarias.
También hay una sombra gris que, objetivamente creció durante el gobierno de Sebastián Piñera, en cuanto a funcionarios de Servicios Impuestos que cometen delitos convirtiéndose en empleados de defraudadores del Estado y de los cuales poco se sabe a final de cuentas.
En Chile, en los años recientes, son varios miles de millones de pesos los involucrados en fraudes, ilícitos, dolos, delitos, cometidos por directivos, ejecutivos y empleados de grandes empresas y grupos financieros. Prácticamente ninguno de ellos va a la cárcel y ni siquiera reciben inhabilitación para seguir en el mundo de los negocios.
Y las entidades privadas comprometidas, siguen operando con tranquilidad y normalidad, como ocurre con La Polar, Grupo Penta y las farmacias y conglomerados avícolas que realizaron colusión afectando a millones de ciudadanas y ciudadanos.
Los hechos dan cuenta de niveles de impunidad para los empresarios y bajas sanciones para los delitos financieros. Si el país aspira a rangos de desarrollo y de confiabilidad, debe atender estas situaciones y no seguir bajándoles el perfil, ocultándolas, minimizándolas y asumiéndolas como situaciones supuestamente excepcionales. Porque el problema está extendido.
