“Cuanto más delincuentes existan, más crímenes existirán; cuanto más crímenes haya, más miedo tendrá la población y cuanto más miedo en la población, más aceptable y deseable se vuelve el sistema de control policial”.- Michel Foucault. En la actualidad los medios de comunicación, la clase política y distintos actores de la sociedad, ligados al poder, han instalado el tema de la seguridad y la delincuencia como un eje central de preocupación. Obviamente esto no es gratuito, responde a una demanda de mayor control ante la sensación de inseguridad que se ha instalado en la población.
Asaltos, robos violentos y programas policiales se han tomado la agenda televisiva y de medios impresos y radiales. El pasado 1 de julio, un cacerolazo en el sector oriente de la capital (un sector acomodado) puso en la palestra un “tema país” ante, como han denominado los medios de masa y algunos parlamentarios, una “oleada de delincuencia”. Oleada que, dicho sea de paso, contrasta completamente con las cifras reales y oficiales sobre delincuencia.
Percepción versus realidad
Es llamativo que en Chile, especialmente desde la generación de opinión pública, se haya dejado en segundo plano los datos reales y medibles de la delincuencia y el crimen y que por el contrario, se esté dando especial relevancia a la “percepción de la delincuencia“, al temor que los ciudadanos sienten fomentado por fundaciones, autoridades y medios de comunicación.
Es así que ya no se habla de cuántos homicidios hay, sino del temor que se siente de ser víctima de un homicidio; no se habla de cuántos asaltos hay por cada cien mil personas -estándar internacional de medición- sino de la percepción de sentir que uno puede llegar a ser asaltado.
Es de ese modo, que un país como Chile, considerado por varios organismos -incluyendo al Banco Mundial- como uno de los más seguros y con menos tasa de homicidios y delincuencia del mundo, nos parece hoy un paraíso de la delincuencia que amerita, urgentemente, mano dura, tolerancia 0 y legitimar un estado policial “por el bien de todos y todas”.
Un ejemplo de esto se puede encontrar si vamos a los datos reales y medibles, en simple: a los hechos. Ante la pregunta de si Chile es un país inseguro y con alto índice de ser asesinado, Chile no solo es considerado un país seguro en cuanto a asesinatos, sino que es el país de Latinoamérica en que menos homicidios se cometen, con una tasa de solo 3,1 homicidios por cada 100.000 habitantes, frente a los 25 homicidios por cada 100.000 habitantes que tiene como promedio el continente.
Agregamos a esto que, en los últimos meses, las notas de prensa relacionadas con delitos de mayor “connotación social” homogéneamente ocupan importante segmentos de los noticieros centrales de TV poniéndose en la palestra, particularmente, los delitos ocurridos en la zona Oriente (asociado al sector mas pudiente) de la Región Metropolitana. Destacan los robos de vehículos motorizados y asaltos a casas habitadas, considerados hoy como delitos de mayor connotación social (DMCS) siendo que en la práctica, las denuncias del primero (robo de vehículos) en la Región Metropolitana han disminuido en un 0,9% respecto a la misma fecha del año anterior y disminuido los casos policiales de este tipo en un 6,9% a nivel país, mientras que las denuncias por robo en lugar habitado disminuyeron en un 3% en la Metropolitana y los casos policiales que han registrado este tipo de delitos ha disminuido en un 9,4% a nivel país. Estos son datos oficiales de la Subsecretaría de Prevención del Delito y de la propia institución de Carabineros de Chile, que contemplan los primeros trimestres de 2014 y de 2015.
En general, en Chile, los delitos de Mayor Connotación Social han disminuido o en la peor de las visiones, no han aumentado: los casos policiales disminuyeron en un 2,8%; las denuncias en un 2,9% y las detenciones en flagrancia en un 2,7% con respecto al año anterior.
Sin embargo todas las políticas públicas hoy -sobre todo las represivas más que las preventivas- están siendo planteadas no tanto para los datos reales de victimización, sino para la percepción de éstos. Y esto ha sido en gran medida un triunfo para Paz Ciudadana, la fundación de Agustín Edwards Eastman, la cual ha logrado posicionar desde finales de los años 90’s tanto en los medios como en la transversalidad política (Alianza – Concertación, hoy NM) que las políticas públicas en seguridad estén motivadas principalmente por la percepción, frente a políticas guiadas por los datos reales de victimización que son los usados internacionalmente como datos para la generación de políticas públicas.
Principio de cultivación
Uno de los factores que influyen para que la percepción de inseguridad haya aumentado en el último año, como lo indican las encuestas y estudios que presenta Paz Ciudadana, perteneciente a Agustín Edwards Eastman (dueño de El Mercurio), fundación que hoy tiene a su histórica directora ejecutiva como Ministra de Justicia, nos referimos a la abogada demócrata cristiana, Javiera Blanco, es que desde ahí se ha permeado directamente hacia los medios de comunicación los que han ido generando el principio de “Cultivación”.
El profesor de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Católica, Sebastián Valenzuela, en un artículo publicado a principios de año por el Diario de la Universidad de Chile, indica que “Cuando le das más minutos de cobertura a la delincuencia hay un efecto en términos de agenda setting (entendida cómo la agenda establecida por los medios de comunicación influye en la percepción temática del público). En las encuestas realizadas posteriores, reflejó que aumenta la cantidad de gente que la considera su mayor preocupación y también sube la percepción de que la delincuencia aumenta.
Esto está relacionado con la teoría de la cultivación, que significa que la TV cultiva opinión pública.
Pero lo más predictivo de este análisis fue la victimización”. Sebastián Valenzuela es autor del estudio Televisión y opinión pública sobre delincuencia en Chile: Análisis longitudinal e individual de las teorías del cultivo y agenda setting. “Dicha investigación cotejó los resultados de la encuesta de percepción de seguridad de Paz Ciudadana y la pauta informativa de los principales informativos de prensa de la televisión. Los resultados indicaron que existe una relación entre el tratamiento informativo de la delincuencia por parte de los canales de televisión y la sensación de inseguridad”, se indica en el artículo.
Y como se mencionó anteriormente, es en base a estas encuestas de percepción que se impulsan hoy políticas públicas desde el gobierno central. Del mismo modo, estas políticas, de resultados inmediatistas -o efectistas- para la población y de corto plazo, han centrado su esfuerzo principalmente en la represión y encarcelamiento, más que en la prevención del crimen y la reinserción social de quienes los cometieron. Quizás esto haga que Chile sea el segundo país de la OCDE con mayor tasa de encarcelamiento por cada 100.000 habitantes, lo que vendría a negar la otra gran tesis extendida, y también basada en la percepción más que en los hechos: La “puerta giratoria” en los tribunales.
El mito de la puerta giratoria
fuente: The Hamilton Project / El Definido
Si bien Islandia y Chile comparten los últimos lugares en cuanto a homicidios por cada cien mil personas, algo muy distinto ocurre con la tasa de presos por cada cien mil personas. Ahí Islandia sigue manteniendo el último lugar en el año 2013 en cuanto a países de la OCDE, sin embargo, y de forma completamente opuesta, Chile ocupa el segundo lugar luego de Estados Unidos con más presos por cada cien mil habitantes. Una diferencia abismante que indica que quizás no es el encarcelamiento la forma correcta ni adecuada para mantener una tasa baja de criminalidad, y lo que es más evidente, siembra profundas dudas respecto a la existencia en Chile de una “puerta giratoria”, en otras palabras, que gran parte de los que cometieron crímenes salgan inmediamente en libertad y reincidan.
Esto puede ser refutado por las más diversas fuentes. Es el mismo presidente de la Corte Suprema, Sergio Múñoz, quien durante la ENADE del 2014 desmintió de forma categórica la existencia de una “puerta giratoria”, señalando que de 250 mil casos que se solicitaron prisión preventiva en los últimos 10 años, tan solo en 2.800 esta solicitud fue negada,en otras palabras, en no más del 2% de los casos operó la llamada “puerta giratoria”. En otras palabras, en vez de la “puerta giratoria”, nos encontramos con lo contrario, los tribunales -estadísticamente- encarcelan más, incluso previo a un juicio (prisión preventiva) que la tasa de quienes quedan libres. Así, con cárceles hacinadas y con la casi total falta de oportunidades -como han demostrado varios estudios- de los reclusos en rehacer sus vidas sin la necesidad de volver a delinquir.
Todo esto hace preguntarnos por la priorización de lo problemas que la población chilena ve. Si existe una excesiva persecución judicial a quienes comenten crímenes, asimismo una baja tasa de los crímenes más graves, es difícil entender porqué se posiciona como la principal preocupación, frente a problemas mucho más profundos como lo son la salud y la educación. Esto probablemente se deba a que nos guiamos más por la percepción que los medios y otra fuentes provocan de la existencia de la criminalidad, que de la verdadera delincuencia que puede ser medida estadísticamente. Lo mismo ocurre con la “puerta giratoria”, la cual si observamos los noticiarios, tienden a visualizar casos que son más bien excepcionales, y que son mostrados como la regla, como lo común. Es así, que en un país relativamente seguro, al menos en cuanto a delitos de sangre, se viva con el constante temor a ser violentados por otros, y de paso siendo un país que tiene la tasa de encarcelamiento más alto de América Latina, es a la vez un país en donde se cree que nadie queda preso.
Las políticas públicas que se están impulsando tienen que ver con el endurecimiento de penas, mientras que no se tocan las causas de la delincuencia, por lo que la fundación San Carlos de Maipo lanza un estudio que concierne a este tema en el cual se busca conocer cuáles son las condiciones de exclusión de las personas privadas de libertad. En dicho estudio se buscaron los factores comunes que presenta la población penal, con una muestra de 2000 reos en 9 penales. Marcelo Sánchez, gerente general de la fundación indica en CNN: “hay toda una mitología respecto a cuales son las condiciones sobre las cuáles han delinquido y faltaba el dato duro y sin dato duro no haces política pública. Lo primero que detectamos fue altos niveles de exclusión respecto a determinados bienes sociales que son super importantes para el desarrollo de cualquier persona por ejemplo el tema de la educación, que cerca del 90% no haya terminado su educación, que el 7% sea analfabeto, son índices que a lo menos duplican la realidad poblacional (…) El 65% de hombres y mujeres había abandonado el hogar antes de los 18 años, 60% con consumo de drogas y alcohol”.
Por otra parte, Gendarmería de Chile reclama que no ha habido políticas públicas para la modernización del sistema penitenciario, dando cuenta del absoluto abandono que hay de los centros de reclusión puesto que ha habido una más que deficiente política de reinserción de los reos, acarreando la alarmante cifra de un 60% de reincidencia de quienes egresan de estos, sobrellevando además un 47% de hacinamiento. De esto también se puede deducir que el encarcelamiento no es una herramienta que deba expandirse para disminuir la delincuencia, porque no ha tenido resultados importantes, menos aun cuando no hay una política real de reinserción. (ver declaración).
Cabe preguntarse entonces porqué se ha instalado desde Paz Ciudadana, y desde esta a los medios, los argumentos (aumento de percepción de inseguridad) que han tomado legisladores y el propio gobierno para generar políticas públicas que criminaliza, endurecen las penas y dan mayores facultades a las policías como método para -supuestamente- disminuir la delincuencia, sí ha quedado en evidencia que estás políticas no funcionan y que por el contrario.
La composición de Partido del orden: Fundación Paz Ciudadana
La composición de la Fundación parece tener un marcado interés y visión de sociedad que busca imponer, desde la distorsión de las cifras y la instalación de la sensación de inseguridad, con fines particulares y ganancia en la imposición de forma de sociedad favorable a sus políticas e intereses políticos, económicos e ideológicos.
El directorio de la Fundación está compuesto por:
Agustín Edwards Eastman (dueño de El Mercurio), Presidente y Tesorero: Bernardo Matte Larraín (la 3° mayor fortuna de Chile, y parte de los directorios de COPEC, Colbún y la forestal y celulosa CMPC), Vicepresidente: Agustín Edwards del Río (hijo del primero), Vicepresidente y Secretario: Sergio Bitar Chara (ex ministro de varios gobiernos de la Concertación).
Directores: Soledad Alvear Valenzuela (ex senadora DC y parte del directorio de Canal 13 entre abril de 2014 y abril de 2015), Paola Luksic Fontbona (del Grupo Luksic, la mayor fortuna de Chile), Alberto Espina Otero (Senador RN y fuerte discurso conservador), Edmundo Pérez Yoma (ex ministro del interior en anterior periodo de Bachelet), Eugenio Tironi Barrios (asesor de empresas y lobbista).
Mientras que en su consejo consultivo encontramos al General Director de Carabineros González Jure, la prefecto de la PDI Rosana Pajarito, también otra gran fortuna como Horst Paulmann, entre otros grandes empresarios del país.
Quienes representan no solo a la élite chilena si no a lo más conservador y recalcitrante de esta que, coincidentemente, constituyen la base orgánica del denominado: Partido del Orden. Así, parece ser que la generación de inseguridad busca su propia seguridad y no la del conjunto de la sociedad, generando una dictadura hegemónica de instalación en la opinión pública del miedo e inseguridad, a lo menos es la percepción que generan.
Fuente: Radio Villa Francia
