Decisiones de Vida y Urgente Llamado a la Unidad

por Iván González Tapia (*).

Hace mas de cuatro décadas los “Chicago Boys” , integrados entonces por De Castro, Baraona, Lüders, Bardón y otros “iluminados” de la dictadura que gobernaba a Chile, decidieron con la aprobación de las fuerzas armadas y dirigencia política de la derecha, aplicar su política de shock, con apertura internacional, libertad total para la empresa privada y supresión de los sindicatos y asociaciones gremiales.

Así, el Estado quedó reducido a una mínima expresión en todas sus áreas sociales, incluyendo a la educación, la salud, la vivienda, el transporte, la seguridad, la energía, el agua, la minería, las actividades silboagropecuarias y el medio ambiente,  entre otras imprescindibles para la vida de la población. Y todos sus productos  y gestiones pasaron a ser “bienes de consumo” con su administración y regulación librada a los vaivenes del mercado e intereses de las empresas privadas nacionales e internacionales.

A estos objetivos obedeció una Regionalización del país sin considerar al territorio y sus ciudades, así como la entrega del total de las actividades inherentes a estas materias, a las decisiones de la empresa, con incondicional apoyo de las autoridades e incluyendo todo lo relacionado con los ámbitos sociales y el territorio, su seguridad y medio ambiente.

Todo lo cual pasó a ser gobernado desde Wall Street, Washington, Londres, Madrid y Toronto, para ser aplicado en Chile sin vacilaciones y directamente por la conjunción de las autoridades y empresas locales.

“Hay que dejar que las instituciones funcionen”, se nos dijo, pero así nuestro eventual desarrollo quedó enteramente librado a los intereses de las grandes empresas y sus servidores, contándose entre éstas a todas las autoridades ministeriales y municipales de todo el país, que comenzaron a ser administrados en su gran mayoría por burócratas carentes de  condiciones para ejercer sus cargos.

La participación de los gobiernos nacional y regionales así quedó reducida a mínimas y eventuales intervenciones, todas destinadas sólo a favorecer las inversiones, en especial de las grandes empresas nacionales y extranjeras y con total desprecio por nuestro patrimonio de toda índole.

Las decisiones que regulan el uso y destino de todas las actividades en nuestros suelos, espacio aéreo, subterráneo y marítimo, fueron administradas por funcionarios designados en base a sus contactos o “pitutos” políticos y por alcaldes, concejales y consejeros regionales elegidos por su capacidad de “acarreo” y la directa o indirecta captación de fondos y compra de votos, pero sin la formación técnica propia o de asesorías, indispensable para planificar, gestionar y regular materias tan trascendentales como la educación, la salud, la vivienda, los ámbitos productivos y el medio ambiente, todas hoy dependientes de su desempeño.

Quienes hemos trabajado en actividades profesionales, sin excepción hemos podido comprobar todo lo antes expresado, porque hoy nos encontramos permanentemente con autoridades locales que no sólo ignoran cuales son sus deberes sino que también tienen serias dificultades en su expresión idiomática o la elaboración de cálculos aritméticos simples.

Esto colabora a la existencia de la serie de escándalos hoy conocidos como: colusiones, estafas, engaños y abusos comerciales y corrupción en casi todas las actividades públicas y privadas, incluyendo salud, educación, viviendas y su equipamiento urbano, previsión, producción, transporte, seguridad y administración de justicia, entre otros diferentes ámbitos de nuestro quehacer diario.

El colmo de esta situación que aquí denunciamos ha podido últimamente comprobarse con la revelación de la ineptitud con que se maneja el destino, uso, gestión y regulación de nuestro territorio.

La inexistencia de planificación y gestión de alguna especie racional, con Planes Reguladores urbanos que no regulan casi nada y territoriales que no incluyen a la totalidad ni del territorio mismo ni de las materias que deben abarcar, además de un medio ambiente inseguro y contaminado a niveles infra-humanos, así lo demuestra.

Esto ha redundado en la serie de graves hechos conocidos que incluyen atentados contra las mínimas condiciones de vida de la población, expresados en deficiencias del transporte público, aumento progresivo de la delincuencia y varias confabulaciones y colusiones ilícitas, además de múltiples desfalcos de dineros públicos, creación de “ghettos” horizontales y verticales en nuestras ciudades y últimamente con las gravísimas acciones contra la salud de todos, producidas durante décadas, principalmente en  Aysén, Arauco, Arica, Iquique, Antofagasta, Talcahuano, Til-Til, Freirina, Valparaíso, Quintero y Puchuncaví.

La contaminación en todo el territorio abarcado por estas dos últimas localidades junto con la entera comuna de Til-Til, ha llegado a ser justificada por sus responsables públicos y privados mediante el cinismo criminal de llamarlas “Zonas de Sacrificio”. Como si el derecho constitucional de todo chileno a vivir en un ambiente descontaminado en su propio país estuviera reservado sólo para quienes pueden pagarlo y los demás debemos resignarnos a vivir menos y peor.

Así, estamos retornando a las condiciones inhumanas del trabajo del siglo XIX y anteriores, en el campo, las industrias y las minas de la pampa, el cobre, el acero, el cemento y el carbón, que se habían dado por superadas hace ya décadas.

Pero estamos comprobando que todavía esas condiciones existen. Y hoy con el agravante de que sus responsables no sólo están afectando a quienes laboran en ellas, sino a todos quienes se educan o residen en el territorio abarcado o próximo a las fuentes contaminantes directas.

Este es el resultado del “funcionamiento de nuestras instituciones” durante las últimas cuatro décadas.

Pero nuestro patrimonio humano y territorial no debe continuar en manos ineptas e irresponsables que ni siquiera pueden planificar o coordinar sus acciones. Y se hace urgente la modificación de la normativa vigente sobre salud, educación, trabajo, seguridad, transporte , vivienda y medio ambiente, por lo cual es imprescindible un llamado rápido a las directivas y militantes de los movimientos ideológicos, gremiales y doctrinarios con alguna fuerza representativa en el país, para u

nirse bajo la consigna de incorporación en sus principios y programas de las medidas reformadoras urgentes que puedan conducir al saneamiento de la grave situación actual. Y prontamente actuar en protesta y rebeldía, para solucionarla.

Ya no basta con promesas y visitas protocolares y efectistas a las zonas mas dañadas. Se nos hace urgente actuar a través de quienes representan a todos los poderes que conforman la república, incluso los partidos políticos, los medios de difusión y las agrupaciones gremiales.

Porque ya no es posible seguir viviendo en una nación donde mientras los mas poderosos nos dañan, el resto permanece impasible. Hoy somos todos responsables de lo que está sucediendo.

(*) Militante del Partido Radical desde 1952.

Fuente: La Hora