El presidente de Argentina, Mauricio Macri, ha emprendido una serie de controvertidas acciones desde que ocupa la Casa Rosada hace dos meses, que se alejan de sus promesas para llegar a su actual cargo y otras, que simplemente ni siquiera fueron anunciadas. En rigor, se está comprando un serio conflicto con los aguerridos sectores populares argentinos.
Tarifazo
El incremento de las tarifas de los principales servicios públicos, como el caso de la luz eléctrica, que sufrió un aumento entre 200 y 300 por ciento a partir de febrero, ha generado diversas manifestaciones en su contra desde que inició el 2016.
En el caso de las empresas, éstas tendrán que pagar hasta 500 por ciento de la tarifa habitual.
La expresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, quien junto a su esposo promovió la igualdad entre los argentinos de los servicios básicos, denunció que el gobierno actual no reconoce que el servicio eléctrico “es un derecho y no un privilegio”.
Con manifestaciones en las calles y a través de las redes sociales se han manifestado contra el tarifazo.
Eliminación del CEPO, igual a devaluación
La alegría de la eliminación del CEPO cambiario, que ahora permite que los argentinos compren libremente el dólar sin necesidad de control del Estado duró muy poco.
Desde ese mismo 16 de diciembre se ha generado una devaluación de casi 30 por ciento en el peso argentino, hecho que se mantendrá de forma sistemática, puesto que al no haber control se genera la fuga de capitales que deriva en la constante pérdida de valor de su moneda.
Despidos masivos
Hasta la fecha, Macri ha encabezado la cifra récord de hasta 24 mil despidos en el sector público, pese a sus promesas de incrementar los puestos de trabajo en su país, una vez llegara al poder.
El mandatario argentino alegó que los despidos se deben a personas que no cumplen sus funciones, sin embargo, miembros de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) han asegurado que el actual de gobierno no tiene criterio para aprobar despidos, puesto que los cargos se pueden conservar independientemente de la posición política o religiosa.
Las movilizaciones en contra de los miles de despidos se han hecho sentir en diferentes ciudades, principalmente en la capital Buenos Aires.
Callando voces
“Vamos a trabajar para que nadie te persiga por pensar distinto”, era la frase de la campaña electoral con la que el líder de Cambiemos y actual jefe de Estado, Mauricio Macri, garantizaba la libertad de expresión para todos los argentinos.
Sin embargo, a su llegada a la presidencia, el mandatario argentino ha ordenado la suspensión de programas como “6,7 y 8” transmitido por TV Pública, el cual se caracterizaba por una tendencia kirchnerista.
Adicionalmente, se han cerrado otros medios como Radio Pública Nacional Rock y Senado TV, ha dejado fuera del aire programas como “La Mañana” del periodista uruguayo, Víctor Hugo Morales, y ha anunciado que evaluará la participación de canales internacionales como teleSUR.
Ha intervenido la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) y la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (AFTIC). Por otra parte, modificó la Ley de Medios, alegando que se acabaría la guerra con los medios y los periodistas, aunque sus actuaciones demuestren lo contrario.
Negociaciones con los fondos buitre
Si hay algo que prometió Macri durante su campaña fue la renegociación con los fondos buitre, acreedores que pretendían cobrar el 100 por ciento de su deuda a Argentina en un solo pago, además de los intereses, tras una decisión del juez estadounidense, Thomas Griesa.
Aunque ello causaría la bancarrota del país suramericano y pese a la posición de los fondos buitre, Macri no ha desistido en querer conversar con éstos.
El pasado 22 de enero, el actual dignatario argentino admitió que las “negociaciones no iban tan bien”.
Este lunes se espera un nuevo plan para negociar la deuda, que de ser cancelada como lo solicita los fondos buitre, dejaría en default a los argentinos.
El Gobierno anunció a mediados del mes pasado, además, que abriría las puertas al Fondo Monetario Internacional (FMI) para que “inspeccione” la economía argentina, lo que significaría una especie de “Deja Vú” de lo que se vivió en la década de los 90, que generó una crisis económica hasta 2002 y que logró superarse tras la llegada de Néstor Kirchner a la presidencia, y luego con Cristina Fernández.
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