Este medio ha sostenido invariablemente que a pesar de hechos realmente sucedidos, pero que tienen relación con personajes vinculados a la UDI, entre ellos Herman Chadwick, Mauricio Valero, Patricio Cordero y Juan Díaz, entre otros; el «caso Caval» ha sido, principalmente, el «caballo de Troya» que ha utilizado el sistema mediático dominante para desprestigiar a la Presidenta Bachelet, y por extensión, debilitar las reforrmas.
Estamos en condiciones de avanzar un paso más. En una audiencia concedida en noviembre del año pasado, Sebastián Dávila, hijo de la Presidenta, quien, despues de dos años, no ha sido formalizado por ningún delito, le solicitó al fiscal que sobreseyera la causa a su respecto, con el fin de restaurar su nombre.
El fiscal de dijo que en ese momento todavía no era posible, pero que lo haría en el mes de enero de 2017.
El fiscal Sergio Moya ha cumplido sólo parcialmente. Todavía no decreta el sobresimiento judicial, pero cada tanto, emite señales públicas en dirección a la inocencia de Dávalos.
Es el caso de un reportaje de El Mercurio, publicado el sábado 4 de febrero, denominado Fiscal repasa los principales hitos del caso Caval, a dos años de iniciarse la investigación, donde el fiscal, Sergio Moya, despeja una acusación sostenida durante meses, y con caracteres de escándalo, por el sistema mediático: que Dávalos, al renunciar a su cargo en la división de organizaciones civiles del Gobierno, había formateado su computador, fundada en vagas denuncias de funcionarios de La Moneda, que por cierto no identificaron.
En dicho reportaje, el fiscal descartó en forma terminante y concluyente que Dávalos haya manipulado el computador.
«Eso no es así, hay una confusión tremenda. Lo que pasó con ese computador fue lo siguiente: cuando Dávalos se retira de La Moneda lo que él pide es bloquear el usuario y la clave. ¿Para qué? Para que nadie ingresara a su sesión del computador y pudiese, según él, agregarle información o enviar correos a su nombre.
El computador nunca estuvo borrado. Nosotros rescatamos todo, pero no porque estuvieran borrados, sino que porque sólo se eliminó la cuenta de usuario, jamás hubo un borrado de archivo. Así lo corroboraron los peritajes de Carabineros y de la Policía de Investigaciones».
A su turno, Dávalos declaró el 21 de diciembre de 2015 sobre este hecho en la fiscalía.
«Pido al funcionario informático que borrara mi usuario y possword porque me preocupaba que estas personas, por la forma en que habían obrado durante los últimos 11 meses, pudiesen manipular la información contenida en el computador, ya sea introduciendo archivos o mandando emails a mí nombre».
Sin embargo, los medios que llevaban la batuta de la campaña, y que tenían acceso a la carpeta investigativa, hacían caso omiso de esos antecedentes, y reforzaban la acusación con la publicación, por ejemplo, de la versión del OS-9 de Carabineros, entregada en agosto de 2015, mucho más funcional a sus fines:
«El computador tenía archivos borrados, y que dentro de lo que se había logrado recuperar había documentos con términos «Luksic», «Chadwick» y «San Diego», pero no fue posible acceder a sus contenidos».
La honra y la actividad profesional de Dávalos han sido irremediablemente destruidas con esa insidiosa campaña.
Pero cabe apostar sobre seguro que los medios declinarán cualquier responsabilidad.