Como “inaceptable”, calificaron la propuesta inicial no solo en términos del “deficiente y magro” reajuste salarial del 2,9% ofrecido por el Ejecutivo sino también, respecto de la respuesta al conjunto de las demandas contenidas en el petitorio de la Mesa del Sector Público, que agrupa a 15 gremios de trabajadores del Estado.
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El viernes, el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés y la titular del Trabajo, Ximena Rincón, ofrecieron a los dirigentes de la Mesa del Sector Público, conformada por 15 gremios, un reajuste salarial de 2,9% nominal propuesta que contrasta con el aumento de 7,5% solicitado el 23 de agosto por los trabajadores.
La cifra, en términos reales, corresponde a un reajuste salarial negativo de 0,6%, considerando que la proyección de inflación del Banco Central para este año es de 3,5%.
Luego de conocida la propuesta de reajuste salarial por parte del Ejecutivo de un 2.9 por ciento, los 15 gremios que conforman la Mesa del Sector Público reiteraron su llamado a movilizarse en caso de que el Gobierno no aumente esa cifra. .
Los gremios solicitaron al Ejecutivo un reajuste de un 7,5 por ciento nominal y recibieron una propuesta que no alcanza a cubrir el alza del IPC.
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Bárbara Figueroa, presidenta de la CUT, señaló:
«La respuesta ha sido insuficiente en todos los planos, hay materias que por años han estado sobre la mesa, que tienen que ver con cobertura y otras materias que hoy día nuevamente han recibido un portazo por parte de la autoridad, y creemos que a estas alturas, cuando el Ejecutivo no es capaz de permitir un ajuste de remuneración y equilibrio para los trabajadores, es del todo urgente que las materias que tienen que ver con estabilidad laboral sean atendidas en una proporción que se haga cargo de la demanda del sector y eso lamentablemente no ha ocurrido».
Figueroa enfatizó que los trabajadores tienen «un diagnóstico que nosotros compartimos plenamente como Central y es que la respuesta del Ejecutivo no sólo está por debajo de lo esperado, sino que es una abierta provocación».
“Acá, no solo hay un pronunciamiento, a nuestros ojos como Central Unitaria de Trabajadores, respecto del bajo reajuste propuesto por el Ejecutivo que no se hace cargo de los errores cometidos en la negociación anterior, donde fue el mismo Gobierno el que estableció un reajuste mezquino y que por lo tanto era evidente, a todas luces, que en esta negociación la demanda del sector público no solo iba a incorporar la reajustabilidad de salarios para hoy, sino que también hacerse cargo del poder adquisitivo perdido. Hablar de un 7,5% entonces, no estaba ni por sobre ninguna expectativa, y además responde a que por la vía de mejores remuneraciones los trabajadores públicos podemos contribuir al dinamismo de la economía, y al desarrollo de un crecimiento con mayor celeridad a lo que hoy enfrentamos”, agregó Figueroa.
“Evaluamos de manera negativa y con un pesimismo, aprendido ya con esta administración, lo que fue la respuesta del reajuste, pero ciertamente que en eso no radica el problema principal. Aquí, no ha habido una respuesta suficiente en todos los planos. Hay materias que por años se han sostenido por parte de la Mesa, que hoy nuevamente han recibido un portazo por parte de la autoridad, y creemos que a estas alturas, cuando el Ejecutivo no es capaz de permitir una justa remuneración y equilibrio para los trabajadores, es del todo urgente que las materias que tienen que ver con estabilidad laboral y otros, sean atendidas en una proporción que se haga cargo de las demandas del sector”, concluyó.
El presidente del Colegio de Profesores, Jaime Gajardo, reiteró su rechazo ante esta propuesta del Ejecutivo:
“Esta respuesta del Gobierno, prácticamente va a significar un quiebre y que se desencadenen diversas movilizaciones. Nosotros somos partidarios de responder con una movilización unitaria, de todos los trabajadores del sector público si no se aumenta la cifra del Gobierno.”
El presidente de la Asociación nacional de Empleados Fiscales, Raúl de la Puente, manifestó:
“El camino es iniciar una movilización creciente. Esto es una declaración de guerra con los trabajadores del sector público».
El coordinador de la Mesa del Sector Público, Carlos Insunza, indicó:
“La propuesta inicial que presentó el Gobierno el viernes pasado, ha sido evaluada como inaceptable por parte de las 15 organizaciones de la Mesa del Sector Público. No solo en términos económicos sino que también respecto del conjunto de las demandas planteadas en el pliego en materias laborales, sociales, derechos colectivos e igualdad de oportunidades. El Gobierno ha puesto a la negociación en un punto, absolutamente, muerto”, señaló el vocero de la MSP y consejero de la CUT, Carlos Insunza.
Sin embargo, el dirigente, precisó que “en estas condiciones, la Mesa es evidente que va a persistir en buscar un camino de negociación. La mesa tiene disposición de diálogo. Es importante encontrar un acuerdo, pero un acuerdo que esté centrado en los intereses y demandas de los trabajadores”.
Insunza advirtió que si el “Gobierno no corrige drásticamente su propuesta inicial” y no se abre al diálogo frente a las demandas del sector, “la movilización será el camino, y esperamos que el Gobierno si no reacciona por la buena, tendrá que reaccionar por la mala”.
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El pliego de negociación, además de solicitar un reajuste salarial del 7,5%, contiene las demandas económicas y laborales, de nivelación y universalización de derechos y beneficios, así como aquellas que resultan transversales al conjunto de las y los funcionarios públicos.
Entre ellas la continuidad de la implementación del protocolo de acuerdo 2014; la cobertura universal y directa de la negociación con financiamiento fiscal; así como un Estado empleador que garantice trabajo decente, donde se erradique la precarización del trabajo (honorarios).
El petitorio presentado por los trabajadores considera además incluir al estamento profesional en el mecanismo de fijación de remuneraciones mínimas que rige para auxiliares, administrativos y técnicos, solicitando los siguientes ingresos mínimos: Auxiliares ($ 380.000); Administrativos ($ 420.000); Técnicos ($ 450.000); y Profesionales ($ 850.000).
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En 2015 los trabajadores solicitaron un reajuste de 8%, pero sólo lograron 4,1% y un bono por término de conflicto de $70 mil.
Los dirigentes gremiales de las 15 asociaciones se reunirán con el Ejecutivo este viernes 23 de septiembre a las 16:30 horas y entregarán formalmente su molestia frente a la que consideran una mezquina respuesta del Gobierno.
