por Miguel Lawner.
El 15 de Julio de 1997, durante su primera administración como alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín programó un show a toda orquesta.
Convocó a los medios de comunicación a la ceremonia inaugural de la demolición de los 27 bloques de vivienda destinados a mil familias de su comuna que habían residido por largos años en las riberas del río Mapocho.
La sonrisa de Lavín no ocultaba la enorme satisfacción que experimentaba al ultimar todo vestigio del derecho de estas familias humildes a residir en su propia comuna.
Se colocó un casco y empuñó los mandos de una retroexcavadora golpeando con saña un edificio cuya estructura central había sido demolida previamente a fin de facilitar su desplome definitivo.
“Cada trozo de cemento que caía era recibido con jolgorio y aplausos de los asistentes a la ceremonia”, escribió el periodista Hernán Millas en el diario La Época en un artículo titulado: La demolición de un pedazo de historia, de fecha 27 de Julio de 1997.
El año pasado, en su nuevo mandato como alcalde de la comuna, respaldó la demolición de los últimos dos bloques sobrevivientes de dicha demolición, como respuesta a su declaratoria como Monumento Nacional por el Consejo Nacional de Monumentos Nacionales. Argumentó razones de seguridad para justificar su opinión.
Hoy día, aparece destinando a viviendas sociales un edificio de 80 departamentos, proyectado en la rotonda Atenas, propuesta que ha recibido el rechazo de algunos vecinos del sector.
Está muy bien. Nos alegramos de este proyecto, que beneficiará a familias modestas residentes en la comuna. Si bien técnicamente no se trata de viviendas sociales ya que su costo supera el valor máximo establecido por la Ley para ellas, es un paso en los postulados de inclusión social.
La iniciativa de Lavín ha generado un intenso debate sobre los extremados niveles de segregación social urbana que experimenta nuestro país.
A partir de las políticas neoliberales impuestas por la dictadura en materia de vivienda, los sectores de bajos ingresos fueron arrojados a la periferia de las grandes ciudades, hacinados en conjuntos habitacionales de mala calidad constructiva, con departamentos minúsculos, privados de equipamientos, espacios libres, áreas verdes y lejos de las líneas de movilización colectiva.
Sólo a partir de las decisiones adoptadas durante el segundo mandato de Michelle Bachelet, comenzó a revertirse este cuadro.
El Minvu adquiririó algunos buenos suelos para proyectos de integración social, se facilitó el apoyo a proyectos de cooperativas de vivienda y el financiamiento a entidades sin fines de lucro impulsando proyectos de vivienda social en la modalidad de arriendo, como es el caso emprendido por el alcalde Daniel Jadue en Recoleta.
Nos llama la atención, el inusitado elogio que prodigan los medios de comunicación a la iniciativa de Joaquín Lavín, como si se tratara de una acción pionera en nuestra historia.
Sospecho que se trata de una campaña para levantar una futura candidatura presidencial rodeada de una aureola popular, quizás en disputa con la así llamada derecha social de Ossandón.
En fin.
Como quiera que sea, quienes hemos propiciado hace mucho tiempo la necesidad de rectificar rumbos en políticas de vivienda y desarrollo urbano, debemos aprovechar esta particular coyuntura para lograr que esta nueva sensibilidad social deje de ser retórica y se transforme en una realidad.
