La Cámara Nacional de Casación de Argentina confirmó el miércoles la sentencia de seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner por presunta corrupción en la causa conocida como Vialidad, referente a la compra de una obra pública en la sureña provincia de Santa Cruz.
Los únicos elementos de prueba presentados por los jueces en este proceso –por el que también se ha condenado a otros ex funcionarios– son noticias falsas inventadas por medios de comunicación que lamentaron el fracaso del atentado contra Fernández en septiembre de 2022.
Al contrario de la incesante persecución que ha padecido la líder peronista, la investigación por el intento de asesinarla se encuentra totalmente paralizada.
Horas después del pronunciamiento del tribunal, el gobierno de Javier Milei anunció el retiro de las asignaciones estatales que Cristina Fernández recibe como ex presidenta y como viuda del también ex mandatario Néstor Kirchner.
El ultraderechista celebró la condena contra su rival política desde Washington, donde, como ha sido costumbre desde que asumió formalmente la presidencia, se encuentra recibiendo instrucciones de los que realmente dan órdenes bajo su administración. Por medio de sus redes sociales, hizo pasar el golpe financiero a Fernández como una medida de justicia, cuando en realidad supone una flagrante ilegalidad: no es procedente hacerlo cuando la acusada todavía cuenta con instancias para apelar, ni es una potestad del Ejecutivo.
La vergonzosa ratificación de la sentencia por parte de la Cámara Nacional de Casación, el uso propagandístico que le dio Milei y la sincronía de ambos con los medios de comunicación que intentaron derribar a Cristina Fernández durante sus dos mandatos, muestran que la condena es una maniobra más del Partido Judicial, como se llama en Argentina al grupo de togados con vínculos ideológicos, personales y familiares con la dictadura militar del siglo pasado, reforzado y aupado a lo más alto de la judicatura por el ex presidente Mauricio Macri, un oligarca que usó la Casa Rosada para hacer negocios, tal como hacen hoy los miembros de su camarilla que despachan en el gobierno de Milei: promovió que todos los que saquearon al país evadiendo impuestos y fugando capitales blanquearan sus fortunas mal habidas (medida de la que él mismo se benefició), se autoperdonó delitos e instrumentó un esquema de enriquecimiento privado con fondos públicos conocido en Argentina como la bicicleta, por el cual se amasan fortunas especulando con la moneda.
La enésima conspiración para encarcelar ilegalmente a Cristina Fernández de Kirchner es un recordatorio para todos los habitantes de América Latina de que las derechas tienen en el lawfare (uso político del aparato judicial) una de sus principales armas para desmantelar opciones progresistas y destruir a sus adversarios.
Por ello, omitir el saneamiento del Poder Judicial y permitir que permanezcan en él individuos inescrupulosos es poner en riesgo todo logro social y a la democracia misma.
