Los gobiernos de Centroamérica están alimentando una crisis de refugiados cada vez más intensa al no abordar la violencia desenfrenada y los altísimos índices de homicidio de El Salvador, Guatemala y Honduras, que están obligando a cientos de miles de personas a huir. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional en un nuevo informe publicado hoy.
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¿Hogar dulce hogar? El papel de Honduras, Guatemala y El Salvador en la creciente crisis de refugiados, explora descarnada la manera en que los tres países están eludiendo proteger a la gente frente a la violencia. También los responsabiliza de no establecer un plan integral de protección para las personas deportadas a las que países como México y Estados Unidos obligan a regresar a situaciones que amenazan su vida.
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“El Salvador, Guatemala y Honduras se han convertido prácticamente en zonas de guerra en las que las vidas parecen prescindibles y en las que millones de personas viven con el terror constante a lo que los miembros de las maras o las fuerzas de seguridad pública pueden hacerles a ella o a sus seres queridos», dijo Salil Shetty, secretario general de Amnistía Internacional.
“Estos millones de personas son ahora las protagonistas de una de las crisis de refugiados menos visibles del mundo”.
“Aunque países como México y Estados Unidos están eludiendo por completo su responsabilidad de proteger a las personas refugiadas y solicitantes de asilo procedentes de Centroamérica, ya es hora de que las autoridades de El Salvador, Guatemala y Honduras reconozcan su papel en la crisis y tomen medidas para abordar los problemas que obligan a estas personas a abandonar sus hogares.”
“Millones de personas centroamericanas se encuentran en un callejón sin salida, víctimas de países que no cumplen con su responsabilidad de proporcionarles la protección internacional que necesitan, y de la falta absoluta de capacidad y de voluntad de sus propios gobiernos para mantenerlas a salvo del más trágico de los finales.”
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Una violencia que bate récords
Los índices de homicidio en El Salvador han aumentado espectacularmente en los últimos tres años, a medida que la gente se va viendo cada vez más atrapada en las despiadadas luchas entre maras rivales que intentan imponer su control sobre el territorio.
Los índices de homicidio en Guatemala y Honduras también se encuentran entre los más altos del mundo.
La ONU ha clasificado a El Salvador como uno de los países más mortales del mundo fuera de una zona de guerra, con más de 108 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2015.
En Honduras, el índice fue de 63,75 y en Guatemala de 34,99 por cada 100.000 habitantes.
Los jóvenes son los más afectados por la violencia: más de la mitad de las víctimas de homicidio en los tres países en 2015 era menor de 30 años.
Los hombres jóvenes a menudo se unen a las maras bajo coacción, mientras que las mujeres se ven obligadas a convertirse en “novias” de los miembros de las maras y suelen sufrir abusos sexuales.
Los propietarios de comercios y los chóferes de autobús son sometidos habitualmente a extorsión para hacerles pagar “impuestos” a las maras que controlan su zona. Quienes no cumplen las estrictas normas de conducta no escritas suelen convertirse en víctimas de abusos u homicidios.
Muchos niños y niñas de los tres países dijeron a Amnistía Internacional que habían abandonado la escuela por temor a los miembros de las maras, y ahora tenían que pasar todo el día en casa.
Según se ha informado, el Ministerio de Educación de El Salvador ha declarado que 39.000 estudiantes dejaron la escuela a causa del acoso o las amenazas de las maras en 2015: el triple que en 2014 (13.000). El sindicato de maestros ha dicho que cree que la cifra real podría superar los 100.000.
En algunos casos, los adolescentes sufren el acoso y los ataques de las fuerzas de seguridad, que los acusan de pertenecer a una mara.
Andrés, de 16 años, (nombre ficticio) vive oculto en El Salvador tras haber sido detenido en mayo por las fuerzas de seguridad. Según su relato a Amnistía Internacional, lo torturaron para hacerle confesar que había participado en un tiroteo y que había actuado de vigilante para las maras, en lo que parece un intento desesperado de mostrar que las autoridades están tratando de hacer frente a los alarmantes niveles de delincuencia violenta en el país.
Según contó, los soldados le arrojaron botellas de agua en la boca y la nariz, le metieron la cabeza en un charco, le llenaron la boca de arena, le saltaron sobre el estómago y luego le propinaron patadas y puñetazos y lo amenazaron con matarlo a menos que confesara.
Su madre denunció ante las autoridades el trato sufrido por su hijo, y se ha abierto una investigación.
Andrés ahora se traslada constantemente de una casa a otra, pues tiene miedo de que los hombres que lo sometieron a esos abusos lo encuentren, y está desesperado por salir del país.
Sin protección
La implacable violencia ha provocado un repentino aumento de las solicitudes de asilo de ciudadanos y ciudadanas de Centroamérica en México, Estados Unidos y otros países, hasta alcanzar niveles que no se habían vuelto a ver desde que, hace décadas, terminaron los conflictos armados de la región.
Según la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), el número de solicitudes de asilo de personas procedentes de los tres países se ha multiplicado por más de seis en los últimos cinco años, especialmente en los países vecinos y en Estados Unidos.
Sin embargo, pese a los abrumadores indicios de que muchos solicitantes de asilo se enfrentan a violencia extrema y, posiblemente, a la muerte si no se les concede su solicitud, las deportaciones desde México, Estados Unidos y otros lugares se han incrementado. El número de personas de Guatemala, Honduras y El Salvador deportadas desde México aumentó casi un 180 por ciento entre 2010 y 2015.
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Devuelto a casa para que te maten
Para Saúl es demasiado tarde. Este hombre, de 35 años y padre de cinco hijos, fue asesinado en su Honduras natal menos de tres semanas después de haber sido enviado de vuelta a casa desde México en julio de 2016 cuando se le denegó su solicitud de asilo.
Saúl, chófer de autobús –una de las profesiones más peligrosas de Honduras a causa del control que las maras ejercen sobre el sector–, huyó del país en noviembre de 2015 tras haber sobrevivido a un tiroteo junto con sus dos hijos, que resultaron heridos de gravedad. La policía no hizo seguimiento de su denuncia ni le ofreció protección.
Cuando Amnistía Internacional habló con él en julio, sus últimas palabras fueron: “me parece que va a volver a pasar algo, pues, entiende, quizá a mí”.
Su esposa y sus hijos viven ahora aterrorizados por lo que pueda sucederles.
Las autoridades gubernamentales de El Salvador, Honduras y Guatemala no pudieron confirmar a Amnistía Internacional de qué manera se van a utilizar para ayudar a las personas deportadas cuya vida corre peligro los 750 millones de dólares estadounidenses destinados a la región como parte del Plan de la Alianza para la de Prosperidad respaldado por Estados Unidos. El plan tiene como objetivo abordar las causas fundamentales de la migración para frenar el flujo migratorio y proteger a quienes son deportados.
El Salvador, Honduras y Guatemala han establecido centros oficiales de recepción para las personas deportadas. Estas personas tienen que someterse a una breve entrevista en la que un funcionario o funcionaria de migración les pregunta sobre los abusos que hayan podido sufrir durante el viaje. Rara vez se les pregunta por la violencia de la que huyeron en su propio país o sobre las necesidades de protección que puedan tener.
“Los programas de recepción para personas deportadas son una broma de mal gusto. Un edificio reluciente, una comida caliente y una pancarta de bienvenida no mantendrán a estas personas a salvo de los horrores que les aguardan en casa”, ha manifestado Salil Shetty.
“En lugar de eso, lo que hace falta es una iniciativa eficaz en toda la región para invertir la ayuda internacional que reciben en abordar las causas que impulsan a tanta gente a huir desesperada de sus hogares.”
“A menos que los líderes centroamericanos aborden los alarmantes niveles de violencia en sus países, la región corre peligro de sumergirse de nuevo en sus épocas más sombrías. En lugar de negar tozudamente que la gente está huyendo de la violencia, quienes ocupan el poder deberían centrar sus esfuerzos en tratar de encontrar soluciones a ese problema.”
