por Manuel Azuaje Reverón
Esta reflexión se propone analizar las condiciones que han conducido a la etapa actual del conflicto político en Venezuela, deduciendo de un conjunto de hipótesis que puedan ser útiles para una reflexión desde la izquierda, colocando al proceso venezolano en relación con otras experiencias históricas.
Antes de iniciar la argumentación central de este artículo les presentaré una breve cronología de la crisis venezolana necesaria para una mayor comprensión.
Cronología
2013
5 de marzo: fallece el presidente reelecto Hugo Chávez Frías.
14 de abril: Nicolás Maduro es electo Presidente de Venezuela con una diferencia a su favor de 1,49% traducido en 223.599 votos.
2014
12 de febrero: Leopoldo López y María Corina Machado convocan “La Salida” una jornada de protestas demandando la renuncia de Nicolás Maduro. Las protestas toman un carácter violento rápidamente y se extienden durante varios meses a lo largo de los cuales fallecen 43 personas entre manifestantes opositores, funcionarios policiales, militantes chavistas y ciudadanos sin ninguna orientación política.
2015
6 de diciembre: la oposición gana las elecciones parlamentarias con una diferencia a su favor de 15,28% traducido en 2.102.777 votos.
23 de diciembre: la Asamblea Nacional saliente designa 13 magistrados principales y 21 suplentes para el Tribunal Supremo de Justicia.
30 de diciembre: Tribunal Supremo de Justicia suspende los resultados de las elecciones en Amazonas y ordena la desincorporación de varios diputados, perdiendo la oposición la mayoría absoluta.
2016
11 de enero: Tribunal Supremo de Justicia declara en desacato a la Asamblea Nacional tras la juramentación de los diputados de Amazonas.
26 de abril: la oposición inicia formalmente el procedimiento para llevar a cabo un referéndum revocatorio.
28 de julio: la Asamblea Nacional incorpora a los diputados de Amazonas.
1ro de agosto: Tribunal Supremo de Justicia declara nula la incorporación de los diputados de Amazona y ratifica desacato de la AN.
21 de octubre: Consejo Nacional Electoral paraliza el proceso de referéndum consultivo, indicando que se acaten las sentencias emitidas por varios tribunales que impugnaron la recolección de firmas.
2017
28 y 29 de marzo: Tribunal Supremo de Justicia emite las sentencias 155 y 156 en las cuales asume competencias de la AN por encontrarse en desacato, retira inmunidad a los parlamentarios y faculta al Presidente de la República para constituir empresas mixtas.
31 de marzo: Fiscal General de la República Luisa Ortega Díaz declara que las sentencias del TSJ constituyen una ruptura del orden constitucional.
1ro de abril: inicia una nueva jornada de protestas contra las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia y demandando la renuncia del Presidente Nicolás Maduro. Se extenderán hasta agosto dejando una cantidad de 140 víctimas mortales, nuevamente entre manifestantes opositores, funcionarios policiales, militantes chavistas y ciudadanos sin filiación política.
4 de abril: Tribunal Supremo de Justicia emite las sentencias 157 158, en las que rectifica las sentencias 155 y 156.
21 de julio: Asamblea Nacional nombra un Tribunal Supremo de Justicia paralelo que pronto trasladará sus actividades al exilio.
30 de julio: se realizan las elecciones para la Asamblea Nacional Constituyente convocada por el Presidente Nicolás Maduro. La oposición se niega a participar y son electos los 545 miembros. Participaron en las elecciones 8.089.320, representando el 41.53% del padrón electoral.
5 de agosto: la Asamblea Nacional Constituyente destituye a la Fiscal General.
15 de octubre: se realizan las elecciones para gobernadores (habían estado diferidas desde el año 2016). El PSUV obtiene 18 de las gobernaciones y la oposición 5. La participación es del 61% y el PSUV obtiene una ventaja de 831.277 votos. Los gobernadores electos deberán juramentarse ante la Asamblea Constituyente, la negativa del gobernador electo en el estado Zulia resulta en la anulación de su elección y la repetición de la misma.
10 de diciembre: se realizan las elecciones municipales sin la participación de la principal coalición opositora. El PSUV más sus aliados obtiene 305 alcaldías y la oposición que participa 29.
2018
20 de mayo: se realizan las elecciones presidenciales, resultando reelegido Nicolás Maduro con 6.245.862 frente al principal candidato opositor Henri Falcón que saca 1.927.387. La elección se caracterizó por la ausencia de la mayoría de los partidos de oposición quienes llamaron a la abstención. La participación fue de 46,07%.
2019
23 de enero: Juan Guaidó, quien había asumido la presidencia de la Asamblea Nacional pese al desacato, se juramenta a sí mismo como Presidente Encargado de Venezuela.
Una lectura de estos hechos
La muerte de Chávez es el punto de inflexión clave para entender lo que sucedió luego. En las elecciones presidenciales de 2013 la brecha en los votos se reduce sensiblemente.
Este resultado debió ser un llamado de atención respecto al apoyo popular que sostiene en el poder al proceso bolivariano. Ya antes, entre 2006 y 2012, el propio Hugo Chávez creció un poco menos de un millón de votos mientras que la oposición sumó más de dos.
Aun con Chávez en la Presidencia, mucho más sin él, era previsible una derrota electoral a partir de un análisis de la tendencia. Sin embargo ese llamado de atención no ocurrió y a la pérdida del líder se sumó una crisis económica que precipitó rápidamente la capacidad adquisitiva de la población, minando las condiciones materiales que se habían logrado durante la década anterior.
Todas esas condiciones juntas hicieron creer a la oposición que podría solucionar rápidamente la disputa histórica, arrebatando el poder a un Nicolás Maduro que consideraban debilitado. A las denuncias de fraude por parte de Capriles se le sumaron algunas manifestaciones durante el 2013.
Luego, a comienzos de 2014, el sector más tremendista de la MUD anunció “La salida”, una convocatoria a protestas masivas exigiendo la renuncia de Maduro y que rápidamente se decantaron hacia la violencia. Al final, terminó preso Leopoldo López, la principal cabeza tras la movilización y el plan no dio frutos.
La economía siguió su rumbo deteriorado, acompañado por el golpe a la de credibilidad tras el resultado del “dakaso” y una errática política no solo económica sino en todos los ámbitos.
En ese contexto, habiendo resistido a la primera intentona de golpe blando pero acosado por la realidad económica, el gobierno enfrentó unas nuevas elecciones en 2015 sin tener una comprensión profunda del descontento y, por primera vez, perdió uno de los poderes.
Inmediatamente después de esta pérdida se desencadenó una crisis institucional alimentada por distintos elementos: la designación de los magistrados en un madrugonazo decembrino, la sentencia sobre los diputados del estado Amazonas y la intención anunciada por la oposición de usar el nuevo poder para enfrentarse al ejecutivo hasta lograr deponer al presidente.
Si observamos la cronología podemos apreciar cómo se desencadenan los acontecimientos y se agudiza el conflicto a lo largo del 2016 y el 2017.
Hasta la aparición de la Asamblea Nacional Constituyente, el conflicto entre los poderes se profundiza, generando una crisis institucional aguda al interior del sistema político expresada en los múltiples intentos de supresión mutua entre componentes del Estado.
Las sentencias 155 y 156 del Tribunal Supremo de Justicia intentaron facultar al Presidente Maduro para la creación de empresas mixtas expresando cómo la pugna entre poderes impactaba en todo el funcionamiento político y económico del gobierno.
Luego, la aparición de la ANC resuelve superficialmente la inestabilidad social que produjeron las protestas desencadenadas por las sentencias del TSJ y el cambio de bando de la fiscal.
Lo que no logra resolver este nuevo poder es la crisis económica, que galopa aceleradamente en paralelo a la política y cruzándose con esta.
Aunque la gobernabilidad y la paz que había prometido Maduro como objetivo principal de la constituyente se logró tras el triunfo en las dos elecciones consecutivas siguientes, la propia institucionalidad del país se encontraba profundamente debilitada.
Cuando ocurren las elecciones presidenciales de 2018 Venezuela tenía dos poderes legislativos, dos poderes judiciales y dos fiscales.
La juramentación de Juan Guaidó en enero de 2019 es producto de esta crisis, a la que habrían contribuido ambos bandos; el gobierno de Maduro utilizó todos los recursos a la mano para defenderse de los intentos y pretensiones abiertas de golpe por parte de la Asamblea Nacional, mientras la oposición fue completamente inconsistente en sus estrategias, pasando de la presión de calle al enfrentamiento institucional, volviendo a la presión de calle, exigiendo elecciones, participando en unas y decidiendo abstenerse completamente en otras.
Al mismo tiempo, varios procesos de negociación se abortaron por las inconsistencias en el seno de la oposición y la incapacidad para llegar a acuerdos entre ambas partes. Todo lo que ha sucedido, especialmente a partir del 2016, ha ocurrido en el contexto de este conflicto, incluyendo la elección presidencial del 2018.
Como nota al margen cabría adelantarse a la pregunta sobre el papel de Estados Unidos en este conflicto.
A grandes rasgos ha sido el mismo desde que Chávez llegó al poder en 1999, sólo que sus actuaciones se miden también en el pulso interno, las condiciones internas intensifican las medidas externas. Las sanciones no se pueden comprender aisladas del conflicto institucional, que ha sido la base retórica para promoverlas.
Por demás sería una obviedad acotar que se han mantenido detrás de buena parte de lo ocurrido en estos últimos 6 años.
La lucha de clases en el contexto de una revolución democrática
A lo largo de la historia del siglo XX y XXI se han denominado “revoluciones democráticas” a aquellas que llegan al poder a través del sistema democrático representativo, aunque luego intenten avanzar en la transformación de este.
En el caso del proyecto venezolano, Chávez gana las elecciones en 1998 bajo el esquema existente y luego se construye, a través de un proceso constituyente, una nueva constitución.
Aunque en la constitución de 1999 el sistema político sigue siendo esencialmente una democracia representativa tiene la puerta abierta para la creación de una democracia participativa y protagónica.
Sin embargo, sea como sea la toma del poder, toda revolución conduce necesariamente a la agudización de la lucha de clases y genera la respuesta virulenta de la contrarrevolución; sea en la Rusia de 1918 o en la Venezuela de 2001-2002.
La clave está en cómo esa agudización impacta en el sistema político y en cómo se responde a ella. De acuerdo con eso, la primera hipótesis para el debate colectivo es que:
Frente a la agudización de la lucha de clases y la violencia de la contrarrevolución, la dirección de los proyectos revolucionarios ha respondido limitando y reduciendo la democracia, a través de la creación de un Estado fuerte y centralizado.
Esta es la primera hipótesis se plantea en términos más generales, para colocar la discusión en un horizonte amplio. Si bien Chávez respondió al golpe de 2002, seguido del paro petrolero, con la creación de un conjunto de misiones, la declaración del carácter antiimperialista de la revolución y luego el avance considerable en las distintas formas de participación política a través de los consejos comunales primero y las comunas después.
En el caso del gobierno de Maduro no ha sido así, la respuesta ha sido el desplazamiento de las formas mínimas de la democracia representativa, incluyendo las formas democráticas a lo interno del propio proceso.
En el último Congreso del Psuv Maduro fue ratificado por aclamación, concediéndosele las potestades de decidir los miembros de toda la dirección, con lo cual fue suprimida toda forma de elección directa bajo la excusa de la amenaza externa e interna.
La diferencia entre un momento y otro radica en que la muerte de Chávez produjo la agudización de la lucha de clases también a lo interno de la dirección política del proceso, iniciándose una pugna, que si bien no se ha exteriorizado claramente ha tenido distintos instantes y ha conducido al posicionamiento clave de sectores de la derecha interna.
La cuestión fundamental es que este movimiento, que conduce a la supresión de las formas democráticas tradicionales, liberales y representativas en respuesta a la agudización de la lucha de clases, no ha ocurrido solo en Venezuela.
En diversas experiencias históricas, para no apresurarnos a decir que todas, se ha sacrificado fácilmente la democracia si con eso se mantiene el poder. Bajo la afirmación recurrente de que la dirección política tiene clara conciencia de cuál es el rumbo y que si el gobierno es realmente revolucionario la democracia tiene poco valor.
El tema es que en las mismas experiencias históricas, esta decisión ha sido un camino sin retorno, que ha puesto todo el poder en el partido y en la burocracia, ocurriendo que en determinado punto, cuando estas ya no responden a los intereses de la clase trabajadora, fácilmente ocurren virajes en el proyecto sin que puedan ser identificados y abortados a tiempo.
Cuando la burocracia tiene el poder absoluto sobre la sociedad, lo único que la aleja de convertirse en una nueva burguesía –en la nueva clase dominante– es el contenido y la dirección del proyecto. Las experiencias históricas en las que se han abandonado las formas de democracia representativa, a razón de determinadas coyunturas de conflicto, difícilmente han retomado la construcción de una democracia profunda y revolucionaria.
Frente a esta situación ¿cuál debería ser la alternativa? ¿Mantener inquebrantable la democracia existente?
Sin ninguna duda la respuesta debe ser negativa.
Cualquier desplazamiento de la democracia representativa debe conducir necesariamente a su sustitución por formas de democracia mucho más completas y no más debilitadas. Ninguna desconfianza en la capacidad organizativa de las mayorías debe impedir que se construyan formas para que la toma de decisiones y el destino de las sociedades sean hechas por las grandes mayorías que la componen.
En el caso de las “revoluciones democráticas” ocurre el mismo proceso, con la particularidad de que la democracia liberal representativa está basada en un conjunto variado de frágiles equilibrios entre los poderes que la componen.
A su vez, estos equilibrios dependen de que los conflictos que puedan surgir entre los poderes sean superficiales y no de fondo.
Básicamente la segunda hipótesis, subsidiaria de la primera es que:
La democracia representativa no resiste que un conflicto agudo, particularmente la lucha de clases, se exprese de forma radical en su interior.
Cuando los conflictos de clase –que de por sí ya se han intensificado con la llegada al poder por la vía electoral de un grupo que pretende hacer cambios revolucionarios en la sociedad– se trasladan a los poderes públicos –es decir cuando uno o varios de ellos quedan en manos de sectores con intereses de clases antagónicos– implosiona la democracia representativa 1.
En Venezuela, el triunfo de la oposición en las elecciones de 2015 produjo una reacción en cadena que debilitó toda la institucionalidad democrática, y no podía ser de otra forma, porque el único objetivo tras la conquista de ese poder era usarlo no para legislar sino para enfrentarse al poder ejecutivo.
Previendo eso, ¿qué intentó el sector que controla el gobierno?
Impedir que el poder legislativo pudiera hacerse también, vía designación, con el poder judicial, adelantándose a eso y garantizando su control.
La pugna fue inevitable y su desenlace condujo a que todo el sistema se desestabilizara; como unas piezas de dominó todas se vieron afectadas por la caída de la primera, conduciendo a que actualmente el legislativo intente tomar bajo su control el ejecutivo para lograr su único propósito inicial.
En este punto hay que agregar un elemento poco destacado: el triunfo de la oposición en las elecciones parlamentarias no habría tenido el impacto que tuvo si previamente el gobierno de Chávez no hubiese modificado el marco jurídico con la finalidad de sobre dimensionar la representación parlamentaria de un partido o grupo de partidos.
A pesar de que la oposición, agrupada en la MUD, obtuvo solo un 15% más de votos, logró una representación del doble de diputados y diputadas.
En su momento, cuando se hizo el cambio en la ley y fue denunciado por la oposición, los sectores del chavismo en general consideraron que era una medida necesaria para mantener el poder, pocos lo criticaron, todo enmarcado en la lógica según la cual la modificación de la democracia representativa es correcta si con ello se persigue la permanencia en el poder.
Ya vemos el resultado. Una representación parlamentaria que expresara esa diferencia de 15% no habría representado una amenaza tan grave.
Sin embargo esto no ocurre nada más en Venezuela.
Una crisis similar sucedió en Brasil, Honduras y Paraguay, donde la oposición de derecha no ha tenido ninguna reserva a la hora de dejar de lado la democracia, usando para ello uno de los poderes contra otro.
Habría que adelantar que, a diferencia de lo sucedido en otros casos donde se procede a la destitución de un presidente sin que eso sea consecuencia de la lucha de clases, en estos casos la crisis institucional si ha puesto en jaque a toda la democracia representativa: hoy Honduras tiene un gobierno a la sombra del golpe, al igual que Brasil y en Paraguay gobierna un heredero de la dictadura de Alfredo Stroessner.
Estas dos hipótesis entrelazadas quedan abiertas para la discusión, aunque adelanto una conclusión preliminar: la democracia representativa no debe ser fácilmente descartable, llegado el momento ha de ser sustituida por un sistema democrático mucho más eficiente y, valga la redundancia, democrático.
Esta cuestión acechará a cualquier proyecto revolucionario y especialmente aquellos que tomen el poder por la vía electoral. Tarde o temprano la propia dinámica de la lucha de clases pondrá en jaque el sistema democrático representativo y la única respuesta debe ser un mejor gobierno, más democrático y con ello más revolucionario.
fuente: AlainetPublicado originalmente en la revista Catarsi Magazín
Nota:
1. Es probable que algo de esto haya querido decir Chantal Mouffe en su diagnóstico de la democracia deliberativa, sólo no podía hablar de lucha de clases.
