por Santiago Escobar.
El problema de Carabineros es un asunto grave de la República de Chile, pues su estructura policial está tocada en el ala de la confianza, la transparencia, la probidad y la legalidad de sus procedimientos. Prácticamente, Chile está funcionando con una policía a medias, y una grave tensión entre el Ministerio Público y Carabineros, a vista, paciencia, tolerancia e incapacidad del gobierno.
El problema no es solo el caso “Pacogate”, esto es, la apropiación de dineros institucionales de manera sistemática por 10 años o más, mediante una estructura criminal perfectamente organizada por sus altos mandos (crimen organizado), sino también –hecho que se investiga- por ensuciar procedimientos investigativos legales montando pruebas falsas para “mejorar” la imagen pública con una eficiencia falsa, en uno de los principales temas políticos y seguridad del Estado como es el conflicto mapuche en La Araucanía.
Por lo mismo, el enfoque analítico de la crisis de Carabineros debe distinguir tres temas fundamentales para la salud democrática y la gobernabilidad, para impulsar acciones correctivas:
primero, una crisis de crimen organizado interna en Carabineros que va en un robo de más de 26 mil millones y un daño patrimonial incalculable;
segundo, que tiene un funcionamiento operativo contaminado en la legalidad de sus procedimientos, alterando pruebas importantes en juicios de enorme significación para la sociedad chilena, eventualmente con la comisión de graves delitos;
y tercero, que exhibe un grado de autonomía y corporativización respecto del poder civil prácticamente inexplicable dado el contexto, que le permite a una estructura con graves niveles de corrupción investigarse a sí misma, a través de su nivel profesional más cuestionado desde el punto de vista operativo: la estructura de inteligencia.
Todo lo cual perfectamente podría servir para sustentar un grave abandono de deberes por parte de la Presidenta de la República y el ministro del Interior.
Esa distinción analítica deja en evidencia que no estamos frente a un problema simple sino ante una crisis profunda del sistema policial nacional, que presiona a todo el aparto institucional del país. Pero jamás habrá impeachment porque la política en su conjunto actúa con una miopía increíble, como si todo revistiera un tono casi natural, más preocupados unos y otros de señalar que los hechos “marcan negativamente” la agenda de cierre de Bachelet, que el colapso policial del Estado.
Por ello, la decisión del gobierno de no manejar la crisis como lo que es y de abdicar el mando del Estado al dejar a Villalobos y que el tema lo resuelva el próximo gobierno es un acto de irresponsabilidad política.
No está claro si el nuevo gobierno tendrá la sensatez de no contaminarse y adoptar una posición de autoridad o hará los mismo que hasta ahora han hecho todas las autoridades civiles de los gobiernos democráticos: negociar con los Carabineros para que su autonomía corporativa se note poco.
Cronología de Bruno Villalobos y su relación con el Gobierno
El año 2006: Bruno Villalobos asume jefatura de seguridad presidencial para la nueva mandataria, Michelle Bachelet.
El año 2008: ya en pleno gobierno de Bachelet, Villalobos es ascendido a general y asume la jefatura de Inteligencia.
El año 2014 Villalobos es ascendido a General Inspector por el segundo gobierno de Bachelet. Asume la recién creada Dirección de inteligencia, Drogas e Investigaciones criminales.
En febrero del año 2015 estalla caso Caval, que involucra al hijo de Michelle Bachelet, Sebastián Dávalos y su esposa Natalia Compagnon
En marzo de 2015, por orden de fiscal de Rancagua, Carabineros incauta computador de Jorge Dávalos Bachelet.
En agosto de 2015 la Fiscalía (Ministerio Público) anuncia que, de acuerdo a peritaje de Carabineros, los archivos del computador de Jorge Dávalos Bachelet fueron borrados y no era posible recuperarlos
En agosto de 2015 Bachelet nombra a Bruno Villalobos General Director de Carabineros.
En marzo de 2017, estalla escándalo de corrupción en Carabineros. Tiempo después, Gobierno insinúa la inconveniencia de destituir a Bruno Villalobos como Director General y permite que la investigación de los hechos delictuales al interior se carabineros sean investigados por ellos mismos.
En enero de 2018, un nuevo escándalo sacude a la policía uniformada, La Fiscalía denuncia que Carabineros «sembró» pruebas artificiales en teléfonos de comuneros detenidos por «Operación Huracán» en septiembre de 2017. La Presidencia guarda silencio.
En Enero de 2018 Bruno Villalobos se va de vacaciones a Miami. Dos días después el gobierno le pide que regrese. Luego de una entrevista de “carácter normal” en el Ministerio del Interior, Villalobos se ve firme en su cargo. El gobierno abdica tomar una decisión sobre su responsabilidad y mando.
A principios de febrero de 2018 se conoce que de 27 diligencias solicitadas por la Fiscalía a Carabineros, después de septiembre de 2017, para sustentar la responsabilidad de los mapuches detenidos por la Operación Huracán, 24 quedaron sin respuesta, lo que llevó a la Fiscalía a poner el foco de atención en la posible manipulación de pruebas. Todo bajo el mando de Villalobos.
Fuente: Primera Piedra
