Trece de las principales organizaciones humanitarias y de derechos humanos del mundo advirtieron que si no se cumple la resolución de Naciones Unidas, de un alto al fuego inmediato, mientras se intensifican los ataques del ejército israelí, la catástrofe humanitaria en Rafá será inevitable.
La tensión en el denominado oriente medio crece mediante alarmantes cauces paralelos.
De una parte, el asesinato de uno de los principales mandos militares iraníes en Siria, Mohammad Reza Zahedi y 12 personas más, el lunes 1 de abril, por un bombardeo aéreo a la residencia del embajador en Damasco, representa una amenaza en dirección a la extensión territorial e internacionalización del conflicto.
De otra, otro bombardeo, el mismo lunes, en Deir al Balah, en el centro de la Franja de Gaza, causó la muerte de siete cooperantes internacionales de la organización World Central Kitchen (WCK), fundada por el chef español-estadounidense José Andrés, lo cual generó una extendida protesta mundial contra el gobierno de Israel.
El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, consideró “absolutamente inaceptables” las explicaciones israelíes sobre la muerte de siete cooperantes en el bombardeo en Gaza,
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, advertió al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, de que el apoyo de Washington a Israel dependerá de las medidas que ese país adopte para proteger a los civiles en la guerra en Gaza.
Horas después, Washington anunció que Israel abrirá el paso fronterizo de Erez, para facilitar la entrada de ayuda en el norte gazatí, y permitirá el uso del puerto de Ashdod para la entrega directa de asistencia.
Sin embargo, bajo cuerda, Estados Unidos aprobó un nuevo envío de armas a Israel, que incluye más de 2.000 bombas de pequeño y mediano tamaño. Además, los medios estadounidenses han informado sobre un acuerdo de armas para suministrar a Israel más aviones de combate F35.
La advertencia de Biden ocurre al mismo tiempo que Israel incumple una resolución de Naciones Unidas, de alto al fuego inmediato durante la celebración del Ranadán, e incrementa la presión militar sobre Rafah, cuya situación humanitaria es ya insostenible.
Rafah o Rafá, es una pequeña ciudad de 150 mil habitantes y 64 km² de superficie, en el cruce fronterizo entre el sur de Gaza y el norte de Egipto.
Ahora no hay espacio en la ciudad, donde se hacinan residentes de otras partes de Gaza que han buscado refugio allí, compartiendo casas, viviendo en tiendas de campaña o automóviles, o durmiendo en alojamientos improvisados en la acera.
Un ataque militar israelí tendría un efecto catastrófico, puesto que, incluidos los refugiados, se trata de al menos de medio millón de personas que no tienen donde ir.
En ese contexto, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y su gabinete de guerra han insistido en que seguirán adelante con la incursión planeada en Rafah para «eliminar» cuatro batallones de Hamás, dispersos entre los civiles desplazados y en los túneles subterráneos.
La eventual invasión ha generado duras críticas en todo el mundo, incluido Estados Unidos, el aliado más cercano de Israel y proveedor de armas. Funcionarios estadounidenses han advertido de que una ofensiva de este tipo sería un «error» sin un plan creíble para reubicar y proteger a los civiles. Han dicho que quieren un plan alternativo centrado en ataques de precisión contra objetivos de Hamás en lugar de una ofensiva a gran escala.
Egipto ha expresado su preocupación porque los planes puedan implicar que los militares tomen el control del Corredor Filadelfia, la estrecha franja de tierra entre Egipto y Gaza, y empujen a los civiles que buscan seguridad contra su frontera.
No obstante, una encuesta reciente realizada por el Instituto de Democracia de Israel muestra que alrededor de tres cuartas partes de los israelíes judíos apoyan una expansión de las operaciones militares en Rafah, mientras que dos tercios de la población árabe de Israel se oponen a tal medida.
Estados Unidos, junto con Egipto y Qatar, han intentado negociar un acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás que evite una operación en Rafah y permita a la liberación de más rehenes israelíes. Las conversaciones aún no han resultado en un acuerdo, y una reciente resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, que Estados Unidos no vetó, ha aumentado la presión.
El periodista y escritor Ignacio Cembrero, corresponsal para varios medios en la región, advierte sobre el riesgo de generalización del conflicto:
«Si Israel quiere acabar con Hamás, no tiene más remedio que llevar a cabo una operación terrestre sobre Gaza. Eso significa muchos muertos civiles palestinos e israelíes. No es cómodo luchar en una ciudad que no conocen. Si Israel entra en Gaza, tendríamos un enfrentamiento generalizado, con Hezbolá bombardeando Israel desde diversas direcciones».
Se acaba el tiempo para prevenir las atrocidades en Rafá
Una semana después de que el Consejo de Seguridad de la ONU aprobara una resolución en la que pedía un alto el fuego inmediato, y días después de que la Corte Internacional de Justicia dictara medidas provisionales adicionales en la causa de genocidio entablada por Sudáfrica contra Israel, los Estados deben actuar urgentemente para garantizar que la resolución y las medidas provisionales se cumplen y prevenir las atrocidades en Rafá mientras se intensifican los ataques.
Así lo han advertido 13 organizaciones humanitarias y de derechos humanos.
La semana pasada, el gobierno de Israel dejó clara su intención de extender sus operaciones militares en Rafá independientemente de la resolución jurídicamente vinculante del Consejo de Seguridad de la ONU que pedía un alto el fuego inmediato. En la última semana hemos visto cómo estas operaciones empiezan a desplegarse ante nuestros ojos: únicamente el 26 y 27 de marzo, los bombardeos israelíes mataron en Rafá al menos a 31 personas, entre ellas 14 menores de edad. Las organizaciones humanitarias y de derechos humanos han advertido reiteradamente de que la incursión terrestre prevista por Israel en Rafá promete diezmar la vida y la ayuda vital de los más de 1,3 millones de civiles, incluidos al menos 610.000 niños y niñas, que se encuentran ahora en la línea directa de fuego.
No hay un plan de evacuación factible o unas condiciones que protejan a la población civil si la incursión terrestre sigue adelante. Para cumplir la prohibición absoluta establecida por el derecho internacional humanitario de transferir y deportar a la población civil, Israel está obligado a tomar “todas las medidas posibles” para satisfacer las necesidades básicas de la población civil evacuada y garantizarle el retorno seguro y digno una vez que concluyan las hostilidades.
Esas medidas incluyen garantizar seguridad y protección adecuadas, cobijo, agua, saneamiento, atención médica y nutrición. Hasta ahora, no existe dentro ni fuera de Gaza ningún lugar que cumpla estas condiciones. Los bombardeos israelíes en la Franja de Gaza y seis meses de hostilidades han dañado o destruido más del 60% de las viviendas y la mayoría de las infraestructuras del norte y el centro de Gaza.
La población de Gaza no tiene ningún lugar seguro adonde ir. Las fuerzas israelíes han atacado repetidamente zonas que antes prescribían como “seguras”.
Los ataques aéreos israelíes en la denominada zona segura de Al Mawasi y sus alrededores han matado al menos a 28 personas, y las fuerzas terrestres de Israel ya habían entrado anteriormente en su zona norte y la habían ocupado.
En toda Gaza, incluso cuando las organizaciones humanitarias proporcionan a las fuerzas israelíes información sobre los lugares y el personal de operaciones de ayuda humanitaria, estas zonas siguen siendo objeto de ataques. Se ha matado a personal de ayuda humanitaria, se ha disparado fuego israelí contra convoyes de ayuda, y los bombardeos de Israel han dañado o destruido refugios y hospitales apoyados por la comunidad humanitaria.
Las nuevas propuestas del gobierno israelí de obligar a la población civil a agruparse en las denominadas “islas humanitarias” probablemente será otra falsa pretensión de seguridad que, por el contrario, tendrá el efecto de comprimir a la población civil en zonas pequeñas, contenidas y sin recursos suficientes en las que corre el peligro de ser atacada, esté dentro o fuera de esas “islas”.
No hay en Gaza ningún lugar con asistencia y servicios suficientes para garantizar la supervivencia de la población. En la propia Rafá, los servicios esenciales y las infraestructuras sólo funcionan parcialmente, incluidos los saturados hospitales, las panaderías y las instalaciones de agua y saneamiento.
El centro y el norte de Gaza están diezmados, con sistemas, infraestructuras y barrios enteros barridos del mapa y con continuas restricciones al acceso de las agencias humanitarias y la ayuda. La escalada adicional de las operaciones militares israelíes en Rafá también tendría consecuencias catastróficas para una respuesta humanitaria ya atada de pies y manos en toda Gaza, pues la mayoría de la coordinación y la infraestructura de ayuda humanitaria establecida desde octubre de 2023 tiene su base en Rafá.
Todos los Estados tienen la obligación de proteger a la población frente a las atrocidades. Los niños, niñas y familias de Rafá viven en un constante estado de temor y peligro. El gobierno de Israel ha anunciado su intención de extender sus operaciones militares allí, y este riesgo ha ido en aumento desde el 31 de marzo, cuando el gabinete de guerra israelí aprobó planes de operaciones terrestres en la gobernación del extremo sur.
Aunque algunos Estados han expresado públicamente su desaprobación, las declaraciones y la presión diplomática internacionales han sido hasta ahora insuficientes para dar resultados y evitar la incursión planeada.
Sin embargo, los Estados disponen de una serie de medidas de protección y están obligados a respetar y garantizar el respeto del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos, tal como se ha demostrado anteriormente en otras crisis de protección a civiles.
Los Estados deben emprender ya acciones urgentes para garantizar la implementación inmediata de un alto el fuego permanente y explorar todas las opciones posibles para proteger a la población civil, de acuerdo con las obligaciones que han contraído en virtud del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos.
Esto incluye detener inmediatamente las transferencias de armas, piezas y munición a los lugares en los que exista el riesgo de que se usen para cometer, o facilitar que se cometan, violaciones graves del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos.
Cualquier cosa que no sea eso será simple y llanamente un fracaso. Cualquier cosa que no sea eso será un incumplimiento de los imperativos morales, humanitarios y legales.
Organizaciones firmantes:
1. Save the Children
2. International Federation for Human Rights
3. Amnistía Internacional
4. Doctors of the World/Médecins du Monde France, Spain and Switzerland.
5. ActionAid International
6. Oxfam International
7. Norwegian Refugee Council
8. Plan International
9. Handicap International – Humanity & Inclusion
10. Medical Aid for Palestinians (MAP)
11. International Rescue Committee (IRC)
12. Danish Refugee Council
13. DanChurchAid
