En las oficinas del Servicio Electoral, un grupo de independientes, liderado por James Hamilton, inscribió el nuevo Partido Por la Dignidad, una colectividad instrumental que busca garantizar la participación en el proceso por una nueva Constitución.
Esta agrupación, que reuniera las 100 firmas solicitadas para la inscripción como colectividad política, será presidida de manera interina por James Hamilton – el denunciante del sacerdote Fernando Karadima por abusos sexuales -, y está integrada por diversos y reconocidos personajes nacionales, entre los que destacan la premio nacional de Periodismo, María Olivia Monckeberg y el músico de «Los Prisioneros», Claudio Narea.
«Creo que hay mucha gente muy capaz y la invitación va para que todo el mundo que esté interesado en participar lo haga», sostuvo Narea, durante la inscripción ante el Servicio Electoral del Partido Por la Dignidad.
En su texto fundacional, se lee:
«Este partido nace únicamente en función de la nueva Constitución, cumplirá con las formalidades que la ley exige, pero tendrá fines instrumentales. El objetivo básico es ofrecer un espacio a personas independientes que no se sienten interpretadas por los actuales canales de representación, y también a quienes quieran ser candidatos para ser constituyentes, ante el enorme desafío que significa la redacción y promulgación de la nueva Carta Fundamental».
Manifiesto del Partido por la Dignidad
Con el estallido social de Chile del 18 de octubre de 2019, despertaron las esperanzas adormecidas y postergadas de millones de personas a quienes por años se les ha negado el derecho al descanso, a una educación de calidad, a la salud, a una pensión que les permita llegar al final de sus días sin miserias; a los que han visto limitados sus derechos a una vivienda digna, al agua, a un territorio libre de contaminación. En suma, a quienes han sufrido tantas desigualdades.
Chile despertó y esta vez exige que sus derechos más fundamentales sean garantizados. Despertaron los abusados, las mujeres, los eternamente postergados, los pueblos originarios, las diversidades sexuales. Despertaron quienes durante siglos tuvieron que resignarse a ser parte del “baile de los que sobran”, en palabras de la canción de Los Prisioneros. Despertaron en definitiva, los olvidados y olvidadas de siempre, los sin nombre, los que solo eran parte de las estadísticas.
El pueblo de Chile se ha manifestado masivamente: desde Arica a Magallanes, desde la cordillera al mar; en las distintas regiones hemos salido a las calles a golpear nuestras cacerolas, a marchar por nuestros derechos, a constituir cabildos para expresar nuestras inquietudes, a concurrir a las plazas y avenidas y despertar a otros aún adormecidos por el individualismo que nos ha impuesto el “modelo” de sociedad en que vivimos. Asimismo, los chilenos y chilenas nos hemos pronunciado de forma clara, categórica e impecable, en la consulta ciudadana local, impulsada por la Asociación Chilena de Municipalidades, ratificando nuestra voluntad de llevar adelante un proceso transparente y con amplia participación ciudadana.
El 20 de noviembre pasado, después de que se conociera el denominado “Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución”, un grupo significativo de personas, entre quienes se contaban académicos, profesionales, escritores, y Premios Nacionales de distintas disciplinas, hizo llegar al Parlamento y a los Partidos Políticos, tal vez con cierto grado de ingenuidad y optimismo, un documento cuyo propósito no era otro que instarlos a reflexionar, a leer adecuadamente el momento que vive Chile y a actuar en consecuencia.
Se advertía en esa oportunidad que cuando las instituciones peor evaluadas del país se apropian de un proceso estrictamente ciudadano, lo único que pueden lograr es generar condiciones de ingobernabilidad cuyos resultados son impredecibles. Tal como dijo el poeta y Premio Nacional de Literatura Raúl Zurita, a propósito del estallido social “mientras el poder no comprenda que lo que vimos fue una explosión maravillosa de lucha y esperanza, pero también una demoledora advertencia de que, si no cumple con las grandes demandas que la sociedad a gritos exige, en la próxima manifestación puede ser que ya ni siquiera quede algo para remediar”.
No obstante, este llamado a la reflexión no fue escuchado por los destinatarios de ese documento.
Por primera vez en su historia, el pueblo de Chile ha ganado en las calles el derecho a escribir esa carta fundamental, pero ese derecho está siendo ignorado y menospreciado en el Gobierno y en el Parlamento.
Aquellas instituciones cuyo significado y sentido está dado por el poder que el pueblo de Chile ha depositado en ellas, que debieran hacerse cargo de velar por nuestros derechos y responder a las exigencias de la ciudadanía, no están dando garantías para que en este proceso exista una participación real, efectiva y en igualdad de condiciones de las mujeres, de los pueblos originarios, y en particular de los independientes, que son quienes conforman la gran mayoría del pueblo chileno.
Si bien en el transcurso de las semanas y producto de la presión ciudadana, los partidos políticos con presencia en el Congreso abrieron algunos cauces de salida a la crisis que generó el Acuerdo que firmaron el 15 de noviembre, al mismo tiempo, han insistido en trabajar sobre la base de ciertos mecanismos que les permitan ejercer el control a lo largo de todo el proceso constituyente.
Recordemos que en un principio ese Acuerdo no contemplaba ni paridad de género, ni cupos para pueblos originarios, y solo después de semanas y de muchas discusiones, la Cámara de Diputados aprobó el 19 de diciembre de 2019 incluir paridad de género y cuotas para pueblos originarios. No obstante, la situación de los independientes quedó sometida a las reglas que los hacen depender de los partidos políticos, ya que a pesar de las modificaciones legales propuestas, les obligaría a competir en condiciones desiguales si quieren ser candidatos a la Asamblea Constituyente.
A modo de ejemplo, podemos señalar: excesivo número de patrocinantes para una campaña, elevados costos de inscripción, engorrosos trámites notariales, falta de acceso a medios de publicidad masiva, entre otros. Y si son albergados al alero de las listas promovidas por los partidos, el día de mañana podrían estar obligados en los hechos a someterse a sus criterios a la hora de formular los contenidos de la Nueva Constitución.
En este escenario, no existe otra alternativa que recurrir a los mecanismos previstos en la institucionalidad actual, para posibilitar que los independientes -que han sido los protagonistas fundamentales de esta gesta- dispongan de un referente que les permita competir en una cancha algo más pareja.
Esta alternativa consiste en la formación de un partido político con las formalidades que la ley exige, pero con fines instrumentales y en función únicamente de la nueva Constitución. El objetivo básico será ofrecer así un espacio de representación a personas independientes que quieran ser candidatos, ante el enorme desafío que significa la redacción y promulgación de la nueva carta fundamental.
Para formarlo, el único e insustituible apoyo que necesitamos es el del pueblo de Chile, de sus ciudadanos y ciudadanas independientes. Su fuerza y compromiso permitirán superar las dificultades para lograr dar vida a una Constitución al servicio del conjunto de la población chilena, y no para ser la base de sustentación de un modelo económico, social y político, que solo ha favorecido a minorías privilegiadas, a los grandes grupos económicos y a los conglomerados financieros.
Chile despertó, Chile ha dicho basta de abusos, basta de las profundas desigualdades, basta de indolencia, basta de soportar precariedades y discriminaciones. Y los firmantes del presente documento somos parte de este histórico despertar.
Nuestro país necesita la participación de todos sus habitantes para reformular su futuro y esta es la oportunidad para sentar las bases del tipo de sociedad sobre la cual ejerceremos nuestros derechos, cumpliremos nuestros deberes y desempeñaremos nuestras labores. La Nueva Constitución Política de Chile será la carta fundamental que posibilitará un futuro armonioso, basado en el bien común, en el respeto a los derechos humanos y sociales, en la igualdad de oportunidades, la justicia, la solidaridad y la sustentabilidad de nuestros recursos naturales.
En este contexto y con claridad absoluta nuestro primer desafío en abril de 2020 es votar “Apruebo” una Nueva Constitución. Y, a la vez votar por una Asamblea o Convención Constituyente ciento por ciento ciudadana.
Llamamos a las personas independientes de Chile, sin distinciones de género, de etnia, a los jóvenes y a los adultos mayores, a todos y todas quienes quieren una vida digna y libre de abusos, a la formación de un partido político que permita que cualquier chileno o chilena tenga la oportunidad de elegir y ser elegido como constituyente en igualdad de condiciones. Para ser parte de esta iniciativa solo basta empatizar con los principios básicos dados a conocer en la carta del 20 de noviembre por el grupo de personas ya señaladas, que son los mismos que el pueblo de Chile ha estampado en paredes, pancartas y declaraciones:
1.- Creación de un sistema de protección social que provea seguridad para todos los chilenos y contemple:
– Un nuevo sistema de pensiones que reemplace al fracasado sistema de las AFPs y garantice una jubilación digna.
– Un sueldo mínimo líquido equivalente al costo de una canasta básica para cada persona, considerando una familia de cinco integrantes.
2.- Garantía de la salud y la educación como derechos constitucionales, considerando:
– Plan único solidario de salud para todos los chilenos, sobre el cual puedan contratarse seguros complementarios.
– Eliminar los créditos que arrastran los estudiantes por educación superior, como CAE, CORFO y otros.
– Educación pública, gratuita y de calidad en la enseñanza básica y media, y financiamiento público para las universidades estatales; sustituyendo en ambos casos el financiamiento a la demanda por el financiamiento a la oferta.
3.- Derecho a una vivienda digna.
4.- Derecho a la cultura y la recreación.
5.- Afianzar el rol regulador del Estado y formular un plan que le permita a Chile recuperar las carreteras, el agua, la electricidad y nuestras riquezas minerales metálicas y no metálicas.
6.- Establecer derechos amplios de sindicalización que den garantías a los trabajadores frente a eventuales abusos empresariales.
7.- Políticas públicas sustentables y decididas contra el cambio climático mundial y la protección de la naturaleza, soporte de la vida.
8.- Generar un sistema que garantice la libertad de expresión y el derecho de los ciudadanos a la comunicación.
En suma, postulamos diseñar un nuevo modelo de desarrollo para el país, basado en la sustentabilidad, y no solo en la extracción de nuestras riquezas básicas, y que apunte a resguardar la dignidad de las personas y la justicia social.
En relación a la nueva Constitución y al procedimiento para elaborarla, insistimos en que debe respetarse la opinión abrumadoramente mayoritaria de la ciudadanía que propone:
– Una Asamblea Constituyente, ciento por ciento elegida por el pueblo para que los represente, la cual debe ser paritaria, con representación de pueblos originarios asegurada, y mediante un proceso de postulación y eleccionario que asegure un rayado de cancha común para independientes y partidos.
– Una fase deliberativa con amplia participación ciudadana en cabildos locales y vinculantes.
– Realización de plebiscitos ratificatorios en las materias en que no exista acuerdo.
Fuente: Partido Por la Dignidad
