Con preocupación reaccionó el Colegio de Periodistas ante la difusión del acuerdo al que llegó la Comisión de Constitución del Senado y que fuera refrendado la semana pasada, en el sentido de sancionar con presidio al que “violare las normas sobre secreto” relacionadas con investigaciones judiciales. La pena podría ir de 61 a 540 días.
La orden profesional apuntó al momento en que se toma la decisión, cuando hay actores poderosos siendo investigados por la Justicia a propósito de casos de corrupción, y comunicó que realizará gestiones para que el articulado sea rechazado en la Cámara de Diputados, con el fin de que en Comisión Mixta se deseche definitivamente.
Al rechazo que esta decisión ha generado entre los fiscales, se sumó la orden profesional toda vez que el ámbito de aplicación sería a todas las personas, incluidos los periodistas, recrudeciendo penas de manera desproporcionada. Esto, en un contexto en el cual, precisamente la prensa ha permitido a través de distintas investigaciones develar ilícitos en el ámbito de la política e intereses privados, permitiendo ejercer cierta presión pública para que las instituciones realmente funcionen.
“Una democracia fuerte más que poner trabas a que la ciudadanía se informe sobre temas de interés público profundiza la transparencia a todo nivel, incluso en el actuar del sistema judicial” señalaron desde la organización.
Agregaron que “más aún, nos preocupa y es una muy mala señal, que sea el sector político, ampliamente cuestionado por la colusión de intereses privados y empresariales, el que avance en esta medida. Se puede interpretar como una defensa corporativa o un manto de protección a quienes están siendo investigados por ilícitos”.
En el mismo sentido, el Colegio de Periodistas indicó: “vemos un trato discriminatorio: el tema se pone sobre la mesa hoy cuando hay actores con mucho poder involucrados en investigaciones judiciales, pero no así cuando son ciudadanos comunes y corrientes, y particularmente de sectores vulnerables, los que son afectados por filtraciones, muchas veces difundidas ampliamente sin cuidado ético alguno por la presunción de inocencia”.
En ese marco, puntualizaron que esta determinación abre la puerta a la lesión del derecho humano a la información. Concluyeron señalando que “la posibilidad de informar y estar informado es un derecho humano. Y claro está que no debe abrirse puerta alguna a su conculcación, pues la democracia se fortalece con transparencia y no con oscurantismo”.
En la organización harán gestiones para que el articulado sea rechazado en la Cámara de Diputados, con el fin de que en Comisión Mixta se deseche definitivamente, al igual que otros artículo atentatorios contra los derechos individuales como el control preventivo de identidad.
