A veces la historia se manifiesta a través de charadas y paradojas. Los políticos de derecha y la jauría mediática se frotaban las manos y les chorreaba la sangre de las fauces, a la espera de la segunda ronda de formalizaciones del caso Caval; en rigor, de la crucifixión de Natalia Compagnon. En cambio, los titulares y explicaciones terminaron enfocados en el intercambio de correos entre Pablo Longueira y el ex gerente general de SQM, Patricio Contesse, mientras se tramitaba el royalty minero, o sea corrupción en serio, revelado irónicamente por la revista Que Pasa, la misma que había tirado la primera piedra del caso Caval, casi un año antes.
El mayor montaje político-mediático de esta interminable transición, que acabó irremediablemente con el prestigio y la popularidad de la primera Presidenta de la misma en proponer un acotado programa de cambios, pero cambios al fin, ya había quedado suficientemente en evidencia cuando el Fiscal Luis Toledo anunció que tras largos meses de exhaustiva investigación no había encontrado mérito alguno que permitiera imputarle delito o irregularidad alguna al hijo de la Presidenta, Sebastián Dávalos.
Es cierto que el mismo Fiscal formalizó a su esposa y nuera de la Presidenta, Natalia Compagnon. Pero el desencanto y la decepción de la jauría mediática adquirió presencia casi corpórea, cuando el tribunal informó que a ésta sólo se le impusieron las medidas cautelares de firma mensual y arraigo nacional.
Peor aún, sólo por delito tributario, que la veleidosa doctrina de la UDI rebaja en varios grados, puesto que lo han perpetrado muchos; en rigor, casi todos.
En cambio, Natalia Compagnon quedó fuera de la investigación de todos los delitos por los cuales la había condenado la tenaz y obsecada jauría mediática, durante todo el año, tales como cohecho, negociación incompatible, fraude al fisco y tráfico de influencias.
Un buen ejemplo de la impronta del montaje lo brindó hoy uno de los medios que ha enarbolado la guaripola en la campaña contra la Presidenta.
El Expediente Compagnon, tituló con pompa y circunstancia, un reportaje previo a la audiencia de formalización; en rigor un refrito, en el que reunió y mezcló alegremente todas las acusaciones sin prueba que se le endosaron a la nuera de la Presidenta, durante todo eñ año.
Compagnon la sacó barata: juez determina arraigo nacional y firma mensual durante un año, tituló una breve y lacónica nota publicada una vez conocidas las medidas cautelares, que aparte de informar sobre las mismas, no olvidó consignar que «el perjuicio fiscal que se le imputa a ambos es de $118 millones» y reportar que la firma será en la 16° Comisaría de La Reina, «cercana a su domicilio».
Peor aún, en su permanente acoso contra la Presidenta, tuvo el mal gusto de festinar el gesto de nobleza con la que ella, a diferencia de toda la parvada de políticos de derecha que han sido sorprendidos en diversos grados de implicancias en los casos de financiamiento irregular de la política, dió la cara y asumió su responsabilidad política.
Al borde del llanto: Bachelet da giro y opta por romper su silencio ante el caso Caval, tituló su reporte la misma periodista que anteriormente había validado los rumores del «alcoholismo» de la Presidenta, y la especulación sobre su renuncia.
En esta oportunidad, hasta el portal electrónico de El Mercurio tuvo un comportamiento más sobrio y comedido: Bachelet quebrada tras caso Caval: «Han sido tiempos difíciles para mí y mi familia».
En una breve declaración la mandataria refirió el hondo impacto emocional que le ha acarreado el caso:
«Yo quiero hablar de la audiencia de las formalizaciones del día de hoy. Y he querido hablar porque éste es un caso que ha concentrado la atención de la gente, que espera, sin duda, que la Justicia actúe con imparcialidad en este y en otros casos.
Desde el corazón, quiero decir que han sido tiempos difíciles para mí y para mi familia, muy dolorosos. Y que sin duda, eso me ha afectado profundamente. Es un sentimiento humano normal. Pero eso no me ha nublado ni por un minuto de lo que son mis responsabilidades como Presidenta de la República y como Jefa de Estado.
Los chilenos demandan y merecen igualdad de oportunidades y derechos, y eso también incluye igualdad ante la ley. Yo voy a seguir trabajando por lo que me he comprometido con la gente, por hacer de este país, un país más equitativo, más justo y más digno para todos. Y de eso, los chilenos pueden tener confianza».
El hecho de que Natalia Compagnon quedara al margen de la investigación no significa en modo alguno que no haya delitos en las turbias operaciones de venta del famoso terreno de Machalí, sino que las responsabilidades estaban por el lado del bando de los cercanos de la UDI, por así decirlo; tal como este medio sostuvo de modo invariable durante todo el año, incluyendo en ese bando a Mauricio Valero, el socio de Compagnon, con toda probabilidad el pivote sobre el cual se configuró el montaje.
En los hechos, los tres integrantes del ala derecha de la operación, Mauricio Valero, el síndico Herman Chadwick y el operador político Juan Díaz, quedaron con arresto domiciliario, la segunda en jerarquía de las medidas cautelares, que se adopta sea por la elevación de las penas, o el grado de responsabilidad del imputado, o el riesgo de evación por los dos motivos anteriores, o porque el tribunal los califica como un peligro para la sociedad.
Según el relato del fiscal, Díaz era el encargado de sobornar a los funcionarios de la municipalidad de Machalí por encargo de Chadwick, por lo que deberá cumplir además con las cautelares de arraigo nacional y prohibición de comunicarse con los otros imputados.
Herman Chadwick fue imputado por tener ventajas indebidas en su rol de síndico y por delitos tributarios, ya que era el encargado de vender el terreno de la familia Wiesner en Machalí. Según la investigación del Ministerio Público, Chadwick ofreció 25 mil UF (640 millones de pesos) a la familia Wiesner, con la condición de que desistan de todas las acciones legales en su contra.
Por su parte, el socio de Caval, Mauricio Valero fue imputado por el delito de soborno.
En la diligencia realizada este viernes, Compagnon fue formalizada por declaraciones de impuestos falsas y la incorporación de facturas ideológicamente falsas en la sociedad Caval.
«Respecto de los imputados Mauricio Valero Illanes y Natalia Compagnon Soto, hechos constitutivos de los delitos de presentación de declaraciones maliciosamente falsas, y empleo de otros procedimientos dolosos encaminados a burlar el impuesto del artículo 97, número cuatro, inciso primero del código tributario», indicó el fiscal Moya.
Según la querella del Servicio de Impuestos Internos, Caval registró en su contabilidad y posteriormente incorporó en sus declaraciones de Impuesto a la Renta correspondiente a los años tributarios 2013, 2014 y 2015 facturas falsas emitidas por la sociedad Lo Beltrán por servicios que nunca fueron prestados, con un perjucio fiscal cercano a los 120 millones de pesos.
«Los imputados en su calidad de socios y representantes legales de la Sociedad Exportadora y de Gestión Caval Limitada, emplearon durante los años 2012, 2013 y 2014 procedimiento dolosos encaminados a desfigurar el verdadero monto de las operaciones realizadas por la sociedad o a burlar el impuesto que como contribuyente le correspondía pagar», añadió el persecutor.
Moya expresó que «al haber resuelto el primero y consentido la segunda, el registro de incorporación en la contabilidad de la sociedad de facturas ideológicamente falsas y la presentación de declaraciones maliciosamente falsas correspondientes a los años tributarios 2013, 2014 y 2015».
En otras palabras, el fiscal distingue un principio activo, es decir, haber resuelto, en el caso de Valero, y una acción pasiva, haber consentido, en el caso de Natalia Compagnon.
Además de los mencionados, los abogados Pablo Ovalle, Daniel Huerta y Mariclara González deberán cumplir con firma mensual tras ser imputados por encubrir los delitos del síndico Herman Chadwick; misma cautelar impuesta al ingeniero Andrés Orchand y a Patricio Cordero,imputados por facilitar boletas falsas, mientras que la representante legal de Caval, Pauline Besserer, quedó con arraigo nacional mientras dure la investigación, por facilitar documentación tributaria falsa.
La fiscalía obtuvo el plazo de un año para investigar. Pero desde ya se puede anticipar que el caso Caval perderá p’reponderancia y espacios en la pauta del sistema mediático formal. Total, el objetivo del montaje, independiente del resultado que tenga el proceso judicial, ya fue alcanzado. Lo demás, viene por añadidura.
