El pasado viernes 5 de julio, el Tribunal pleno de la Corte Suprema ratificó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Iquique, que rechazó por manifiesta falta de fundamentos la solicitud de desafuero contra el diputado Hugo Gutiérrez, declarando inadmisible el recurso de apelación interpuesto por el abogado del Municipio de Alto Hospicio, Hugo Vilches.
La solicitud realizada por Alcalde UDI de Alto Hospicio, Ramón Galleguillos, fue declarada inadmisible por manifiesta falta de fundamentos, luego que el parlamentario denunciara a cinco funcionarios municipales, incluida su hija Elliet Galleguillos, de adjudicarse fraudulentamente subsidios habitacionales vulnerables y obtener viviendas sociales adulterando la información de la Ficha de Protección Social y posteriormente arrendándolas.
La querella por injurias desestimada por la Corte Suprema, fue presentada por el alcalde de Alto Hospicio, Ramón Galleguillos (UDI), en contra del diputado en venganza por las denuncias hechas en el programa de Canal 13 “Reporteros”*, donde se informó sobre la entrega fraudulenta de viviendas sociales a funcionarios municipales, adjudicadas a través de subsidios habitacionales vulnerables adulterando la Ficha de Protección Social, entre éstas, la propia hija del edil, Elliet Galleguillos.
Por su parte, el abogado defensor del parlamentario, Enzo Morales, aclaró que la denuncia hecha por el programa televisivo -adjunta- y que significó que el Diputado Hugo Gutiérrez, en ejercicio de su cargo, presentara una querella criminal por el delito de fraude al fisco contra de quienes resultaran responsables de este engaño a la comunidad de Alto Hospicio, por la entrega fraudulenta de subsidios habitacionales vulnerables:“no son constitutivos de deshonra, descrédito ni menosprecio, sino que son actos de corrupción pública acreditados y que están en actual tramitación ante la justicia criminal”.
Además, recordó que el Juzgado de Garantía de Iquique citó a los funcionarios denunciados y la hija del Alcalde a la audiencia de formalización de la investigación por el delito de fraude al fisco, para el 12 de julio próximo, a las 8:30hrs., por lo que, la denuncia de supuestas “injurias” contra el Alcalde Ramón Galleguillos, sólo buscan “desprestigiar mediáticamente al diputado Hugo Gutiérrez y desviar la atención de lo grave que resulta la adulteración de un instrumento público como la Ficha de Protección Social para obtener fraudulentamente subsidios habitacionales vulnerables, más aún impide la entrega de viviendas sociales a familias que realmente lo necesitan en una comuna con tantas necesidades sociales”.
Destitución del alcalde
Cabe señalar que en julio del año 2012, el Diputado Hugo Gutiérrez instó a los concejales de la municipalidad de Alto Hospicio para que presentaran la correspondiente reclamación ante el Tribunal Electoral de Tarapacá a fin de que se destituyera al alcalde, por contravenciones graves a la probidad administrativa y notable abandono de sus deberes -lo que hicieron, pero luego de unos meses el Concejal Ernesto Pérez (PS) “extrañamente” se desistió en favor de Alcalde UDI** Roles 922 y 209-, ya que fue el propio Alcalde Galleguillos quien estuvo a cargo de la EGIS municipal que gestionó la entrega de subsidios a los funcionarios municipales y a su propia hija.
Finalmente el Diputado Hugo Gutiérrez indicó:
“Mi equipo de trabajo y yo estamos tranquilos, pues la justicia actuó en consecuencia ante una petición infundada e impertinente, pero quiero dejar en claro que esto no me atemoriza y mi disposición es seguir denunciando irregularidades administrativas, actos de corrupción pública y cumplir con mi obligaciones fiscalizadoras, tal como lo he hecho hasta ahora”.
Funcionarios del Municipio de Alto Hospicio involucrados en la denuncia de fraude al Fisco
Carlos Alvarez: Encargado de la Ficha de protección Social de la DIDECO
Vanessa Menéndez: Directora de DIDECO
Eduardo López: camarógrafo de la Alcaldía
Alejandra Lobos: periodista del alcalde
Aileen Selfere: encargada de subsidios sociales
Eliett Galleguillos: hija del alcalde.
Estas personas obtuvieron subsidios habitaciones y viviendas sociales destinadas para la población más vulnerable, sin cumplir con los requisitos establecidos para su entrega. Incluso no las habitaban, sino que las arrendaban, lucrando con ellas.
