por Juan Pablo Cárdenas S.
La opinión pública llega a la conclusión que después de los bullados casos de corrupción de la política serán contados con los dedos de una mano los que van a recibir alguna sanción penal por los delitos tributarios, el enriquecimiento ilícito y la recepción indebida de aportes para el financiamiento de sus campañas electorales.
Con ellos, las empresas comprometidas en estas ilícitas donaciones han tenido el tiempo para arreglar sus contabilidades y hacerse defender por los más destacados abogados y estudios jurídicos. Por esos hábiles y, digamos, eclécticos profesionales que, sin duda, cuentan con las destrezas y recursos para seducir a los jueces y recurrir a los abundantes resquicios legales a objeto de que sus clientes escapen indemnes de sus graves atentados contra el llamado “estado de derecho”.
En los últimos días acaso solo el ex senador Jaime Orpis pareciera que mantiene riesgo de sufrir alguna pena aflictiva, aunque todavía lo favorecen esos largos meses y años que toma la tramitación de estos procesos, donde muchos delitos se van diluyendo y fabricando hasta conmovedoras atenuantes.
En este sentido, el Servicio de Impuestos Internos (SII), cuyo titular depende de los presidentes de la República, se ha omitido vergonzosamente de presentar querellas o demandas contra los políticos inescrupulosos denunciados por medios de comunicación y los propios fiscales.
Curiosamente, en nuestra amañada legislación estos últimos no tienen facultades para sostener procesos si no cuentan con este “sospechoso pase” que debe brindarle una institución del Estado que debiera efectivamente velar por el cumplimiento de las normas tributarias del país.
Ya nadie puede dudar respecto de la colusión que existe entre el mandamás del SII y la clase política.
Al mismo tiempo que se ha demostrado que el mismo funcionario designado por Michelle Bachelet como director de este organismo fuera ratificado por el Presidente Piñera y su nueva administración, en un país en que los titulares de estos altos cargos públicos suelen ser renovados con cada cambio de gobierno.
Todo indica que en la corrupción política y las impunidades puede estar la causa que explique los millonarios fraudes al fisco cometidos por Carabineros y las distintas ramas de las FFAA, cuya cuantía y desfachatez no tienen precedentes en nuestra historia.
Por supuesto: es bien posible que los uniformados se hayan animado a cometer estos despropósitos ante el deliberado silencio de las autoridades políticas que deben fiscalizarlos.
Cuando los uniformados además se enteran por sus servicios de inteligencia de cada una de las irregularidades cometidas por los demás poderes fácticos chilenos.
A no ser por algunas filtraciones a la prensa, es muy posible que cada alto oficial al salir a retiro se creyera con fuero para convertirse en millonario gracias a los gastos reservados que se les asignan, además de otras conocidas prebendas, y cuyo detalle de gastos ni siquiera recibía de la Contraloría General de la República una mínima inspección.
Por lo mismo es que los últimos comandantes en jefe, sus subordinados de más confianza y familiares se prodigaran en pasajes aéreos, viajes y viáticos por Chile y el mundo.
Más allá de las comisiones o coimas que habitualmente los proveedores de armas y pertrechos militares les erogan a quienes están a cargo de la adquisición de armas y el abastecimiento de los cuarteles.
Con seguridad, estos oficiales se sintieron tentados a delinquir después de observar cómo su líder castrense, Augusto Pinochet, era favorecido con la impunidad que la política le garantizó a sus crímenes de lesa humanidad, cuanto a aquellas abultadas sustracciones al erario fiscal cometidos por él y sus parientes.
No sería tampoco extraño que las últimas acusaciones contra algunos ministros de corte y fiscales tengan fundamento en la gran salvada de tantos magistrados cómplices o encubridores respecto de los delitos de la Dictadura, la mayor parte de ellos ahora ya jubilados y en la completa seguridad que nunca su abyección y lenidad será sancionada.
Es posible, por ejemplo, que los magistrados de la Corte de Apelaciones de Rancagua (hasta aquí tres) se creyeran facultados para percibir, al igual que los políticos, sumas de dinero provenientes de los narcos y delincuentes de cuello y corbata que, como se ha descubierto, cuentan también con diestros operadores para repartir dinero o sobresueldos a algunos jueces, aunque en cantidades, al parecer, más modestas que las que se repartieron entre los miembros del Poder Legislativo, los municipios y los partidos políticos.
Porque en el escalafón de los poderes del Estado, sin duda los jueces son los más baratos a la hora de vender su conciencia.
En este estado de descomposición general de nuestras autoridades e instituciones públicas, por qué no suponer, además, que los mismos delincuentes comunes se sientan tentados a delinquir hasta los niveles alarmantes que hoy se conocen. Que los portonazos y el lucrativo negocio del narcotráfico, por ejemplo, se alimenten de las malas prácticas de los poderosos, de los que mandan y deben velar por el orden público.
Cuando hasta los mismos obispos y sacerdotes vienen perdiendo credibilidad y autoridad moral para reclamarles buena conducta a los jóvenes que escandalizan y abusan. A lo que se puede sumar el mal comportamiento de altos personeros de otras instituciones morales que hoy permanecen en sueño o únicamente al acecho de cargos y buenos negocios, como algunos de los magistrados imputados y que se les señala como integrantes de las logias masónicas.
De esta forma es que hasta las policías son interpeladas duramente por la población, a causa de que no pocos de que sus integrantes se descubren entre las bandas delictuales, los asaltos y hasta las más graves infracciones del tránsito.
Cuando en los mismos cuarteles policiales se reconoce la pérdida de armamento disuasivo y de guerra que, no sería extraño, sean las que exhiben los más desinhibidos mafiosos en los funerales de sus capos. En imágenes que le sirven a los chilenos y ahora al mundo para constatar que la democracia chilena no es la que se presume y que, así como vamos, seguramente nos vamos a ver arrastrados al fango en que viven los países más corruptos de la Tierra.
Si no fuera porque todavía existen ciudadanos o héroes civiles que se atreven a salir a las calles y demandar esa justicia y libertad que se nos ofreció antes que los referentes de derecha a izquierda consolidaran su feliz connivencia bajo el imperio de la Constitución de Pinochet y el orden neoliberal, cuyo ideario ha infiltrado las convicciones de los políticos más rebeldes del pasado, y el de no pocos jóvenes políticos de hoy.
Fuente: Sur y Sur
