por Iván Ljubetic Vargas (*)
Las condenas contra los ex parlametarios de la UDI, Jaime Orpis y Marta Isasi, representan la única instancia en que alguno de los grandes escándalos de las denominadas platas políticas puede terminar con los culpables en la cárcel.
Pero como se demostrará a continuación, es solo la punta del iceberg de la corrupción de la UDI, por más que distintas maniobras, incluso a nivel del Ministerio Público, Contraloría y el Servicio de impuestos Internos. Hayan rematado en la impunidad de los culpables.
Qué distinto a la implacable persecisión contra los presos políticos de la revuelta, muchios de ellos presos por más de un año, por supuestos delitos infinitamente menores.
El caso Corpesca
La investigación de este caso se inició en 2013. Fue por los reiterados aportes económicos de CORPESCA, empresa pesquera controlada por el grupo Angelini, al senador Jorge Orpis y la diputada Marta Isasi, ambos de la UDI, quienes facilitaban directa o través de terceros boletas de honorarios falsas.
Asimismo, se pudo identificar contratos falsos entre Orpis y el Senado, para defraudar al Fisco por la vía de asignaciones parlamentarias.
Orpis –senador entre 2002 y 2016, según la acusación de la Fiscalía Centro Norte, habría recibido más de $233.000.000 por parte de Corpesca a cambio de favorecer sus intereses en el Congreso. Para Isasi, quien fue diputada entre 2006-2014, la Fiscalía pedía 7 años de presidio.
El 24 de mayo de 2016 informaba “Cambio 21”
“Durante la instancia de hoy, el Ministerio Público le atribuyó a Orpis haber infringido los deberes propios de su cargo al recibir pagos de Corpesca durante su desempeño como senador a cambio de representar los intereses de la empresa en el Congreso al momento de legislar. Según agregó, el imputado habría utilizado los dineros entregados por la firma entre los años 2009 y 2013, para pagar, incluso, gastos personales como las contribuciones de sus inmuebles, lavandería y tarjetas de crédito. Asimismo, habría destinado parte de los fondos para pagar su membresía en el Club de Yates y algunas deudas políticas”.
El 16 de agosto de 2016, “El Mostrador” tituló: El artículo en la Ley de Pesca presentado por Jaime Orpis y Fulvio Rossi que le ha ahorrado $ 4.670 millones en impuestos a Corpesca”
El juicio oral del caso Corpesca
Con fecha 2 de diciembre de 2020, “El Mostrador” informa:
“El juicio oral del caso Corpesca se inició el 25 de marzo de 2019, con cinco acusados, entre ellos la empresa de la familia Angelini, imputada como persona jurídica, tal cual fue corroborado hoy por el tribunal, por los delitos de soborno perpetrados por su entonces gerente general Fernando Mujica. En contra de la compañía, la Fiscalía pidió el pago de una multa de 20.000 UTM, 5 años de prohibición temporal de celebrar actos y contratos con organismos del Estado, en su grado máximo.
En el veredicto de hoy, el tribunal también decidió declarar culpable a Raúl Lobos, exasesor de Orpis, por fraude al Fisco por el caso de un contrato.
Después de 7 años de investigación, 103 testigos y 1.117 documentos aportados solo por el Ministerio Público, el Tercer Tribunal Oral en lo Penal de Santiago dio lectura al veredicto del caso Corpesca, el primer juicio oral de financiamiento ilegal de la política, declarando culpables al exsenador UDI Jaime Orpis por 6 delitos de fraude al fisco y dos delitos de cohecho y a la exdiputada Marta Isasi por el delito de cohecho.
La lectura develó una trama de engaños como entrega de boletas falsas, asesorías truchas, servicios no prestados, lobby empresarial y pagos inflados en el primer caso de platas negras en la política que se cruza además con la tramitación de la polémica Ley Longueira.
En el caso de ambos exparlamentarios, además, el tribunal desestimó la acusación de delitos tributarios reiterados presentada por el Ministerio Público. Uno de los argumentos esgrimidos -en el caso particular de Isasi- fue la no presentación por parte del Servicio de Impuestos (SII) de la querella correspondiente.
También fue condenada por soborno Corpesca, la empresa del Grupo Angelini como persona jurídica. El tribunal desestimó eso sí la acusación de delitos tributarios reiterados presentada contra los dos exlegisladores por el Ministerio Público.
La corrupta Ley Longueira
El caso se relaciona con la corrupta Ley de Pesca, dado que se incorporó a último minuto un artículo mediante el cual por tres años la pesquera del Grupo Angelini se benefició de un “techo” al pago de impuestos que le ahorró $4.670 millones. El artículo fue propuesto por los senadores Jaime Orpis y Fulvio Rossi. Respecto a este último, la Fiscalía decidió no perseverar en la investigación.
En procedimiento abreviado, fueron condenados Francisco Mujica Ortúzar, ex gerente de Corpesca por el delito reiterado de sobornos y por delitos tributarios reiterados, y Georgio Carrillo Vercelino, principal asesor de la diputada Marta Isasi hasta noviembre de 2011, quien fue condenado por delitos tributarios a 61 días y multa por las asesorías a la firma para el sector pesquero, entre otros.
Del caso Corpesca se desprendió la arista Asipes, una investigación desformalizada sobre el financiamiento de parlamentarios de la región del Biobío, mientras se tramitaba la Ley de Pesca. Una de las imputadas en esta arista es la presidenta de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe. En 2019, fue sobreseído en este caso Pablo Longueira.
La audiencia de comunicación del fallo se llevará a efecto el 16 de abril de 2021 a las 12 horas.
El caso Penta
En agosto de 2014, el Servicio de Impuestos Internos (SII) denunció a siete personas ligadas a las Empresas Penta —entre ellos sus principales socios Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín— por fraude tributario ante el Ministerio Público. Según la acusación inicial, el grupo habría defraudado al Fisco por una cifra que está entre los $260 a $660 millones de pesos.
El llamado «caso Penta», o «Pentagate», tomó ribetes políticos en octubre de 2014, cuando un ex ejecutivo del Grupo Penta, Hugo Bravo, declaró que el grupo había hecho donaciones irregulares a políticos del partido Unión Demócrata Independiente (UDI) para financiar sus campañas electorales.
Jovino Novoa fue el primero, pero no el último de los militantes de la UDI involucrados en el caso Penta. La lista de los que esperan no es corta: Ena von Baer, Iván Moreira, su esposa Isabel Marinovic y su chofer Eduardo Montalva; Pablo Longueira, Pablo Wagner, Joaquín Lavín, Pablo Zalaquett, Laurence Golborne, Carlos Bombal.
Todos ellos dentro de la investigación encabezada por el fiscal Carlos Gajardo -que lidera la Unidad de Alta Complejidad de la zona Oriente- el equipo de fiscales que investiga los casos Penta y SQM. Su objetivo es indagar los aportes ilegales a campañas políticas.
Sólo por delitos tributarios (¿y los otros?) Jovino Novoa fue condenado a una pena remitida de tres años de presidio en grado menor, más una multa de 5 unidades tributarias anuales, que podrá pagar en cómodas cuotas mensuales. Se le eximió, además, de las costas del proceso.
En el marco de la indagatoria por el caso Penta, el Jovino se convirtió en el primer condenado y sentenciado de la UDI por el financiamiento irregular, ilícito, de campañas electorales.
Juan Carlos Valdés, juez del Octavo Juzgado de Garantía, dictaminó:
“1. Se condena a Enrique Manuel Jovino Novoa Vásquez, ya individualizado y sancionado como autor de delito tributario (…) a sufrir la pena única de tres años de presidio menor en su grado medio, más la suspensión legal de cargo u oficio público durante el tiempo de la condena, más la multa del 50% de los impuestos defraudados, y que se determinaron en la suma de $15.318.298 y que le corresponderá la cantidad total de $7.659.149. Asimismo, queda condenado al pago de 5 UTA, correspondientes al valor determinado al periodo sancionado de 2013.
2. Se le concede la pena sustitutiva de remisión condicional de la pena, por el término de 3 años. Novoa deberá presentarse al Centro de reinserción social correspondiente a su domicilio, dentro de los 5 días siguientes a la fecha en que quede firme y ejecutoriada la presente sentencia…”
La condena al pinochetista fue la primera en dictarse dentro de las investigaciones por corrupción en la política. Y levantó una ola de descontento en el país. Todos los sectores democráticos pedían cárcel para este delincuente de cuello y corbata.
Suma y sigue: el caso Soquimich
El Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó la querella por cohecho agravado y reiterado contra el exministro Pablo Longueira, fundador de la UDI, afirmando que actuó como un “verdadero gestor particular de SQM”.
Según el documento al que accedió La Segunda, Longueira hizo una serie de acciones para beneficiar a SQM a través de la incorporación de un artículo transitorio de la Ley del Royalty. A través de éste, la minera se pudo acoger a la invariabilidad tributaria hasta 2015, lo que a juicio del CDE fue un “traje a la medida” de la firma. La querella afirma que Longueira envió el texto del artículo redactado por SQM, al ministro “a cargo de su tramitación en el Gobierno, se su mismo partido, como si se tratara de una propuesta personal”, y que luego lo defendió en el Senado y que firmó la iniciativa como ministro de Economía.
También asegura que “Longueira recibió dádivas encubriéndolas o disfrazándolas de servicios prestados por terceros a la empresa para ocultar su origen irregular(…) en virtud de las dádivas recibidas…
Longueira actúa como un verdadero gestor particular de SQM al realizar diversos actos orientados a favorecer los intereses particulares de esta empresa, con detrimento de los intereses públicos que debía representar”.
En la querella se afirma que el uso de las boletas ideológicamente falsas fue para ocultar el “pago de coimas a Pablo Longueira, al mismo tiempo que justificar contablemente al interior de la empresa la transferencia ilícita de dineros, obteniendo además una rebaja tributaria espuria”.
El CDE también le reprochó no haberse inhabilitado en ninguno de sus roles públicos respecto a políticas que beneficiaran a SQM, sino que por el contrario, abogó por ellas.
¡La corrupción es parte del ADN de los de la UDI, hijos de… Pinochet!
(*) Historiador del Centro de Extensión e Investigación Luis Emilio Recabarren, CEILER
