Suman y siguen las irregularidades en el Ejército. Dos coroneles adscritos a la Comandancia en Jefe cobraron honorarios por supuestas asesorías judiciales entre 2008 y 2001, sin boletas ni documentos que las acrediten y, peor aún, sin haber desempeñado los trabajos. Según ex fiscal militar, hay a lo menos siete casos similares.
El coronel Diego Cortés Mejido y el teniente coronel Cristián Flores Martínez, ambos oficiales del Ejército y contratados como abogados por la Comandancia en Jefe de la institución, recibieron ingresos paralelos a sus sueldos de planta por asesorías judiciales que no registran emisión de boletas honorarias ni informes de desempeño, entre los años 2008-2011 y 2010-2011, respectivamente.
Los acuerdos contraídos por ambos oficiales constituirían una falta a la probidad administrativa ya que, junto con recibir remuneraciones adicionales por asesorías que se condicen con las responsabilidades previamente asumidas como trabajadores de planta, fueron mantenidos con la misma organización y con superposición de jornada de trabajo. Además, los contratos superaron las 200 UTM, por lo que caerían en inhabilidad según el artículo N°56 de la Ley 19.653 de Administración del Estado.
Cortés Mejido, quien se desenvolvió como Abogado Jefe de la Asesoría Jurídica de la Comandancia en Jefe del Ejército desde el 2003, recibió su primer sueldo honorario en julio del 2008, bajo el rótulo de “Asesoría en materias legales y reglamentarias”, equivalente a $838.390.
A través de una solicitud de Transparencia, la institución respondió a The Clinic Online que no se encontraron documentos que certifiquen la realización de estos servicios hasta el año 2012, cuando ya había captado más de 34 millones de pesos gracias al contrato adicional.
La renta paralela de Cortés Mejido alcanzó su punto más alto en 2010, cuando recibió $914.000 entre febrero y diciembre. Con esta cifra, sumada al sueldo base que le correspondía recibir como coronel ($3.153.451), habría superado los cuatro millones de pesos mensuales durante el año citado, acumulando más de diez millones de pesos anuales por ingreso honorario. Su última recepción de este tipo fue en febrero de 2015 y se fijó en $890.000.
Mientras tanto, el teniente coronel Flores Martínez, obtuvo su primera remuneración honoraria en agosto del 2010 bajo la función de “Analista y consultor en materias jurídicas de seguridad y defensa”. El acuerdo con la institución militar se cerró en $500.000 y tampoco cuenta con documentos legales que corroboren las supuestas asesorías prestadas, las que le significaron un total de $9.700.000 pesos hasta que emitió la primera boleta honoraria en febrero de 2012.
Flores experimentó un alza sostenida de remuneraciones adicionales desde el año 2010 hasta el 2013, cuando obtuvo una renta mensual de $778.000 que se agregó a su sueldo fijo de $2.628.656, captado como teniente coronel. A pesar de lo que indica el cuadro a continuación, otro documento institucional confirma que su último registro honorario data de diciembre del 2016 y está fijado en setecientos cincuenta mil pesos.
Según lo relatado a este medio por una fuente activa al interior del Ejército, que conoció de cerca a Cortés y Flores, la institución mantiene este tipo de contratos de forma ilícita con habitualidad y no solo con los oficiales mencionados.
Es más, la existencia de estos acuerdos ya había sido detectada por el exabogado militar Rodrigo Vera Lama, quien presentó su renuncia voluntaria al Ejército a mediados de 2014 tras descubrir “situaciones que transgredían mis convicciones éticas”.
Vera Lama, exfiscal militar de Angol entre 2008 y 2014, efectuó una presentación ante la Contraloría General de la República el 31 de agosto del 2014, donde expuso una serie de irregularidades “sobre antecedentes sensibles que dicen relación con materias de probidad”, según un documento reservado emitido por el encargado de la III División de Valdivia, General Camilo Vidal.
Específicamente, sostuvo que siete oficiales del Ejército -entre ellos Cortés y Flores- “con posterioridad a su ingreso a la institución castrense, celebraron y mantienen contratos a honorarios con la misma repartición de la Región Metropolitana, por montos que superan las doscientas unidades tributarias mensuales”. Los otros aludidos fueron Guillermo Porcile Tabach, Felipe Kuschnir Cáceres, Omar Jiménez Siate, Christian Hott Schmidt y Guido Castillo López.
Tras menos de un año de investigación, el 14 de julio del 2015, Contraloría emitió el dictamen N° 55998, donde respondió a la presentación ingresada por el abogado. “No se observan irregularidades en las contrataciones que indica, sin perjuicio de un procedimiento para indagar el cumplimiento de las respectivas jornadas y labores asignadas”, concluyó.
“La Contraloría determinó que esa limitación de las 200 UTM se aplicaba a otros contratos pero no al contrato honorario, posición que yo obviamente discrepo. Es una cuestión de sentido común que si yo trabajo en un organismo público, y me pagan un sueldo por trabajar ahí, no puedo tener al mismo tiempo contrato a honorario con ese servicio. Además estamos hablando de varios millones de pesos que se les pagaban de forma mensual entre febrero y diciembre. Era como un segundo sueldo que tenían”, afirma Vera Lama.
WALDO MARTÍNEZ: DENOMINADOR COMÚN
La definición de los contratos a honorario, según informa el mismo cuerpo militar, es responsabilidad de la Auditoría General del Ejército, cuyo puesto más alto hoy en día es ocupado por el General Felipe Cunich Mass y previamente por Waldo Martínez Cáceres.
Este órgano, entre otras funciones, debe “impartir instrucciones para unificar criterios respecto a la aplicación e interpretación de normas administrativas, auditorías o asesorías jurídicas de la institución”, por lo que los acuerdos con Cortés Mejido y Flores Martínez, válidos por asesorías legales y jurídicas respectivamente, debieron ser necesariamente aprobados por Waldo Martínez mientras fue auditor general del Ejército (2010-2016).
El nombre de Martínez ya fue relacionado con el millonario desfalco de la Ley Reservada del Cobre, caso denominado “Milicogate” y que hoy es investigado por la justicia.
Para aquella ocasión, fuentes consultadas por The Clinic Online identificaron al exauditor como “un hombre cercano y de confianza de Fuente-Alba Poblete”, el excomandante en Jefe del Ejército investigado por la Fiscalía Centro Norte por acumular un abultado patrimonio mientras ejerció el cargo militar más alto del país, y “como un funcionario con una ascendencia importante en el control de las investigaciones”.
En otra publicación hecha por este medio, se indica que “En un memorándum enviado por el Auditor General del Ejército de ese tiempo, Waldo Martínez Cáceres, con fecha 03 de abril de 2012, se informaba al Secretario General del Ejército respecto del periplo en el que participarían el auditor, Fuente-Alba Pinochet y Diego Cortés Mejido, asesor jurídico de la Comandancia en Jefe del Ejército.
Según el documento, Fuente-Alba Pinochet recibió US$5.019 dólares por su visita a Canadá entre viáticos y pasajes para una estadía de siete días. A su compañero de viaje le concedieron un poco más: US$5.500 dólares. Pero no fueron los únicos viajes. También hay registro de otros traslados internacionales de Cortés Mejido a Grecia y Alemania. En total, la institución desembolsó US$13 mil dólares.
Los viajes del hijo de Fuente-Alba Poblete y de Cortés Mejido, además del auditor Martínez, fueron autorizados y validados por él cuando ocupaba el alto cargo en la institución. Así da cuenta otro documento con la firma de Fuente-Alba Poblete, donde se consigna la propuesta para la visita a Canadá de su hijo y de Cortés Mejido. Finalmente, el financiamiento para pagar los gastos fue realizado por la Dirección de Finanzas de las Comandancia en Jefe del Ejército en el caso del auditor Martínez y de Cortés Mejido; y por la II División Motorizada a Fuente-Alba Pinochet”.
“El auditor tiene que conocer a los oficiales, saber quiénes son los fiscales militares y asesores administrativos. Obviamente toma conocimiento del tipo de funciones que ellos están desarrollando”, apunta Vera Lama, quien trabajó dentro de la justicia militar mientras Martínez estuvo a la cabeza de la Auditoría General del Ejército.
Según comenta, los años del exauditor a cargo del órgano militar se caracterizaron por generar una atmósfera laboral incómoda y enrarecida, marcada por hechos nunca antes presenciados.
“No había un buen ambiente militar, de hecho fue inédito que dos fiscales militares clasificados en Lista 1 renunciaran. El trato que tenía con los oficiales del servicio de justicia militar provocó descontento y molestia”, señala.
La fuente consultada al interior del Ejército que compartió con Cortés y Flores, también mantuvo una relación laboral cercana con Martínez, a quien endosa toda responsabilidad por las irregularidades detectadas en los contratos.
Según el uniformado, para que los abogados mantuvieran la doble renta debían cumplir un solo requisito: lealtad absoluta a Martínez, “porque al igual que el exauditor, estaban en una línea de confianza muy directa del Comandante en Jefe”.
La influencia de Cortés Mejido, según la misma fuente, era muy alta respecto a las decisiones judiciales que tomó la Comandancia en Jefe mientas Martínez fue el auditor. “El poder que manejaban era muy similar, con la diferencia que uno era Coronel y otro General”, afirma.
POWER POINTS, VIAJES Y RESPUESTA DEL EJÉRCITO
Ambos oficiales comenzaron a emitir boletas e informes de desempeño en febrero de 2012, cuando Cortés Mejido ya llevaba 3 años efectuando las asesorías y Flores Martínez un año y medio.
Estos documentos, a los que The Clinic Online tuvo acceso, detallan las actividades mensuales que desarrolló el coronel hasta diciembre de 2015 y las tareas cumplidas por el teniente coronel hasta diciembre de 2016.
Así se evidencia, por ejemplo, que en julio de 2013 Cortés Mejido obtuvo $890.000 por efectuar una revisión y opinión del documental “Opinión preliminar sobre nuevo texto de Código de Justicia Militar”.
Dos años después, en septiembre de 2015, el oficial anotó otros 890.000 pesos por realizar una presentación en Power Point sobre acción disciplinaria militar, y al mes siguiente fue remunerado con la misma cifra por exhibir otra ponencia digital, titulada “Fiscalías Administrativas”.
En los documentos de desempeño de Flores Martínez, en tanto, se anotan informes de viajes realizados a Brasil (2016, 2014 y 2013), Estados Unidos (2016 y 2012), Colombia (2014), Francia (2014), Perú (2014 y julio y diciembre de 2013) y Canadá (2012), todos por foros internacionales relacionados con Justicia Militar y reglamento castrense, mientras recibió honorarios que oscilaron entre los $600.000 y $750.000 según el año de los eventos.
Estos registros corresponden exclusivamente al periodo en que los funcionarios justificaron sus trabajos adicionales mediante boletas e informes, por lo que se desconoce las actividades que realizaron por más de dos años y el detalle de ellos.
Sin embargo, tras ser consultado por The Clinic Online, el Ejército afirmó por correo electrónico que “los contratos que suscribieran tanto el CRL Diego Cortés Mejido, como el TCL Cristián Flores Martínez, para la prestación de servicios a honorarios, representan contrataciones que se ajustan al ordenamiento vigente, que han sido visadas por las autoridades competentes en conformidad a los procedimientos correspondientes y que no adolecen de irregularidades, ni representan afectaciones a la probidad administrativa, circunstancia que fuera confirmada expresamente por la Contraloría General de la República, entre otros, mediante Dictamen N° 55998, de 14.JUL.2015”.
Es decir, la institución se basó en la misma respuesta entregada a Vera Lama hace dos años atrás para sustentar que no existen anomalías en los doble contratos de los funcionarios, aun cuando admitiera que agotó la búsqueda de informes de desempeño y boletas de honorarios sin encontrar documento alguno para justificar los ingresos adicionales que obtuvo Cortés Mejido entre julio de 2008 y diciembre de 2011, y Flores Martínez entre agosto de 2010 y diciembre de 2011.
Para Vera Lama, esta respuesta significa que “la Contraloría y el Ejército siguen sin fundamentar esta posición. Solo dicen que no hay falta a la probidad porque ellos los estiman así, o sea, por argumento de autoridad. Esto quiere decir solo una cosa: el estándar de probidad del Ejército es casi inexistente”.
Fuente: The Clinic
