Desde el veto presidencial al brigadier Jaime Leppe Orellana, que no se anulaba el ascenso del un oficial del Ejército, después de anunciado. En un evidente coletazo del millonario fraude al Fondo Reservado del Cobre, el coronel Juan Carlos Guerra Bazáez, ascendido a brigadier, dimitió para dedicarse “a preparar su defensa judicial y contribuir al proceso que se lleva adelante”.
El pasado 16 de octubre se anunció el ascenso del coronel Juan Carlos Guerra Basáez. Sin embargo, éste renunció al Ejército después de que fuera citado a declarar por el fiscal militar a cargo de las indagatorias sobre fraude al fisco con fondos provenientes de la ley reservada del cobre.
Sin embargo, con posterioridad, el Ejército emitió un comunicado en el que afirma que “a consecuencia de lo anterior, el coronel Guerra resolvió, con esta fecha, presentar su renuncia para abocarse por completo, y sin vínculos con la institución, a preparar su defensa judicial y contribuir al proceso que se lleva adelante”.
El texto agrega que “el Ejército solicitó al Ministerio de Defensa no cursar el decreto de ascenso del coronel Guerra a general de brigada”.
El millonario desfalco al Fondo Reservado del Cobre se perpetró entre el 2011 y el 2014, mediante el uso de facturas falsas para pagar servicios de mantenimiento y compras de insumos inexistentes.
De momento están involucrados cinco militares, entre ellos un coronel, por un monto que supera los dos mil millones de pesos, aunque otras versiones periodisticas hacen subir esa cantidad hasta los $ 6.500 millones.
El hecho fue denunciado a la Fiscalía Militar en abril del 2014 por el propio Ejército. También existe una indagatoria a través de un sumario administrativo y otra investigación que lleva el Ministerio Público. A todo lo anterior se suma una conmisión investigadora en el Congreso para revisar este caso.
Guerra era el segundo entre los 12 coroneles que este año serán ascendidos a generales de brigada. La renovación del alto mando también consideró el retiro de dos generales de división y ocho generales de brigada.
La última vez que un ascenso a grado de general no se concretó, fue en el gobierno del entonces Presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, cuando vetó el nombramiento en 1997 del brigadier Jaime Lepe Orellana, quien fue colaborador del dictador Augusto Pinochet.
Miembros del Ejército habrían gastado más de US$10 millones del cobre
Las Fuerzas Armadas chilenas tienen a su disposición el 10% del dinero que el país gana por la explotación del cobre a través de Codelco, es decir, casi 5 mil millones de dólares. Sin embargo, recientemente se reveló que una gran suma de este dinero se gastó ilegalmente y sin supervisión.
“Casinos, propiedades, caballos y fiestas”. De esta forma el coronel Clovis Montero, uno de los oficiales investigados por un millonario desfalco al Ejército, describía algunos de los gastos incurridos por el resto de funcionarios con dineros provenientes de la Ley Reservada del Cobre.
El método, de acuerdo a la información publicada en The Clinic, no sería muy complicado. Los primeros antecedentes se circunscriben entre enero y marzo del 2014, a causa de una compra supuestamente falsa de repuestos de autos militares a la empresa Frasim, de Francisco Javier Huincahue. Por esa operación, el cabo Juan Carlos Cruz admitió haber recibido 15 millones de pesos como soborno. Montero intentó detener esta operación y solicitó de regreso 53 millones de pesos, el que fue luego entregado al tesorero del Ejército.
Pero las operaciones no se habrían quedado ahí. En mayo de ese año el tesorero del Ejército, el general Samuel Poblete, detectó la falsificación de una serie de firmas, en operaciones de 303 millones de pesos a través de otro proveedor, Raúl Fuentes Quintanilla, aparte de los cerca de 50 millones de Huincahue. Pero Clovis Montero cambió su declaración, y admitió haber recibido 35 millones de pesos, en una bolsa negra, por parte del mismo Huincahue.
Los millones empezaban a sumar, y en las investigaciones internas, los militares detectaron facturas falsas por Frasim que ascendían a 127 millones de pesos, y las de Fuentes Quintanilla superaban los 303 millones de pesos.
La gravedad del asunto sería tal, que en septiembre del año pasado llegó a la subsecretaría de Defensa. Estas facturas seguían sumando sin parar: Frasim (de Huincahue) presentaba operaciones que superaban los 370 millones de pesos en 2013. La empresa de Quintanilla sumaba también otros 370 millones. Luego se encontraron más millones que venían de la Ley Reservada del Cobre, que ascendían a 555 millones de pesos.
En el oficio 4069 a la VI Fiscalía Militar, se establece que las facturas pagadas sólo a la empresa de Raúl Fuentes Quintanilla, con fondos de la Ley Reservada del Cobre, superaban en realidad los 1.400 millones de pesos.
Los involucrados, principalmente funcionarios de Finanzas y comandantes del Comando de Apoyo a la Fuerza -división del Ejército que es responsable de la ejecución de la Ley reservada del Cobre-, habrían gastado en este tipo de lujos el dinero que sobra después de gastar en armamento.
Este “saldo” o “remanente”, que queda después de haber invertido en tecnología para la seguridad nacional, no es controlado y su uso sería arbitrario. De hecho, Montero asegura que estos recursos terminan destinados -sin autorización- a la compra de ropa, o a financiar viajes, entre otros bienes y servicios costeados con estas “sobras”.
Ello explicaría en parte que el Ejército pagó cientos de millones de pesos contra facturas que ni siquiera estaban autorizadas por el Servicio de Impuestos Internos. O que tenían orden por robo.
O que pertenecían a sociedades con término de giro.
Otra arista son los nulos estándares exigibles para convertirse en proveedor de los desembolsos secretos del Ejército. “Se deben cumplir mínimos requisitos que deben ser presentados a la Jefatura de Adquisiciones”, precisó el coronel Montero en la información entregada a The Clinic. “No hay control de calidad”, remató.
¿Cómo una cantidad tan grande de dinero pasa sin algún tipo de fiscalización, ni del Congreso, ni de Contraloría, ni de nadie?
¿Qué es la Ley reservada del Cobre?
Es la ley que tiene carácter de secreta, cuyo objetivo es financiar el armamento del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea.
Fue promulgada el 29 de octubre de 1958 bajo el gobierno de Carlos Ibáñez del Campo. Luego, con la nacionalización del cobre en 1971 y la creación de Codelco en 1976, los dineros disponibles aumentaron, de la mano con el aumento del precio del cobre. Por lo visto, las tentaciones para mal ocuparlo también habrían aumentado. Estos dineros llegan al Consejo Superior de Defensa Nacional (Consudena).
¿Cuánto dinero significa aproximadamente?
El aporte recibido por el Ejército es un impuesto del 10% del valor de las exportaciones del cobre y sus derivados. En los últimos 15 años, la cifra superó los 20 mil millones de dólares. En tanto, hoy estos montos estarían sumando 5 mil millones de dólares.
Es decir, cerca de 17 veces lo que se destinará para la etapa inicial de la gratuidad universitaria. Lo defraudado, por su parte, estaría a la orden de los 10 millones de dólares, entre 2011 y 2014, que ha sido lo investigado. Aunque existen antecedentes que permiten afirmar que los desfalcos comenzaron en 2008.
Por ejemplo, el cabo Cruz, uno de los investigados, gastó entre 2008 y 2011, 2.400 millones dólares en un tragamonedas del Monticello.
La Ley indica también que el Ejército tiene un piso de 180 millones de dólares, que si no se cumple con las exportaciones, como ocurrió en 1986 y 1987, su diferencia debe ser cubierta por la Tesorería General de la República.
¿A qué está destinada esta plata?
El dinero está destinado a la compra u organización de recursos, logística, operaciones, capacitaciones, o sea una serie elementos asociados al funcionamiento de las tres ramas de las Fuerzas Armadas.
En el gobierno anterior de Michelle Bachelet, además, se agregó una “cuarta cuenta” que sirve para presentar proyectos en conjunto de los comandantes en jefe y las autoridades. Se supone que funciona como una suerte de “fondo concursable”, donde se evalúa el uso que se le da a estos montos.
El aspecto más controvertido es que una cantidad importante del dinero está destinado a la compra de armamento. Sin embargo, como declaró el coronel Clovis Montero, lo sobrante de la compra de armamento, así como también las operaciones fraudulentas, se habría utilizado para pagar viajes, vestimenta, e incluso se sospecha que diversos funcionarios se habrían enriquecido de forma ilícita.
¿Por qué no se fiscaliza?
En el Ejército estos montos son administrados por el Comando de Apoyo a la Fuerza, sin embargo, estos gastos no son fiscalizados ni por la Contraloría, ni por el Congreso, ni por ningún ente estatal fuera del Ejército. Básicamente, no le rinden cuentas a nadie.
Los argumentos esgrimidos responden a que se estaría revelando información sensible para la seguridad nacional. Tal es el secreto, que en el sitio de la Biblioteca del Congreso -donde están publicadas todas las leyes del país- al intentar revisar este documento, se entrega el siguiente mensaje: “La presente ley tiene el carácter de reservada y por consiguiente, su texto ha sido publicado en una edición restringida del Diario Oficial”.
Sin embargo, existen diversas instituciones, como el grupo de Información Jane’s, servicio de suscripción pagada, que hacen publicaciones y estudios periódicos en los que tratan materias de seguridad, donde se revelan detalles de los intereses y compras de armamento de las Fuerzas Armadas de todo el mundo, entre ellas Chile. O sea, la compra de armamento termina haciéndose pública a través de publicaciones especializadas como la mencionada, lo que contradice el argumento del Ejército para mantener estos gastos reservados.
Un par de ejemplos: en abril del 2015, la Fuerza Aérea recibió uno de los dos aviones cisterna Martin KC-130R, entregados por la Agencia de Cooperación de Seguridad y Defensa de Estados Unidos, por el precio de 700 mil dólares. O que la firma suiza RUAG, de defensa aeroespacial, anunció en mayo que su división tendría acuerdos con ENAER, encargados del mantenimiento de aeronaves chilenas.
Esto muestra que los detalles están en manos de agencias de información especializada, pero no para el resto de los chilenos.
Fuente: El Dínamo
Caballos, fútbol y fiestas: Las redes de Danilo Alarcón en el Milicogate
Mauricio Weibel Barahona
En medio de las defraudaciones por diez millones de dólares cometidas en el Ejército con los fondos de la Ley Reservada del Cobre, aparece el nombre de Danilo Alarcón, empleado civil de esa institución. El encarcelado coronel Clovis Montero lo ubicó en la red de corrupción, pero él negó todas las imputaciones ante la Justicia Militar. Su amistad con Juan Carlos Cruz, el cabo que gastó más de 2 mil millones de pesos en el Monticello y con quien se compró un caballo fina sangre, lo tienen en la lista de eventuales sospechosos. Esta es su historia.
El Año Nuevo Danilo Alarcón pidió un extraño deseo a través de Facebook: que se acabara “el mariconeo” en todos los lugares de trabajo, incluido el suyo, el Ejército. Luego agregó en tono optimista, “esta vida es muy corta y hay que disfrutarla”. Alarcón, quien ingresó a la institución como cabo y terminó como civil luego de estudiar ingeniería en informática, estaba enviando un claro mensaje a sus compañeros de trabajo. Luego de varios meses de investigaciones judiciales su nombre figuraba en la compleja red funcionarios involucrados en las millonarias defraudaciones cometidas con los fondos de la Ley Reservada del Cobre.
Hace rato que Alarcón tenía ganas de dar vuelta la página. “La cagá está hecha”, le dijo al coronel Clovis Montero por teléfono en mayo de 2014, cuando el caso estaba en sus primeras etapas de investigación en la VI Fiscalía Militar, bajo el mando de la abogada Paola Jofré. Sin ser informado que su diálogo era grabado por su interlocutor, Alarcón lamentó las versiones entregadas a la Justicia por el cabo Juan Carlos Cruz, uno de los cinco detenidos en la causa. “¡Cuántas veces he conversado con él, para que estemos todos más tranquilos!”, dijo. “El weón ha cagado a todos”, le respondió Montero, detenido hace 17 meses por su participación en el desfalco.
Alarcón, libre y sin procesos en su contra, lleva ya 36 años en el Ejército y en la actualidad se desempeña como ingeniero informático en la Dirección de Finanzas, repartición donde conoció al coronel Montero y forjó una amistad de una década con el cabo Cruz, el hombre que gastó 2.368 millones de pesos en los tragamonedas del casino Monticello entre 2008 y 2014, según informó la misma casa de juegos.
La relación de Alarcón con Cruz surgió paulatinamente en medio del trabajo y se reforzó con la afición compartida por las carreras de caballos. Ambos solían acudir al Club Hípico y festejar allí los premios que el cabo ganó en sus interminables jornadas de juego en el casino Monticello. En el 2008, incluso, compraron juntos el finasangre “El Concierto”, con el que ganaron algunas carreras corriendo bajo los colores del Stud Damaf, propiedad de Alarcón, cuyo interés en la hípica se remontaría a lo menos dos décadas.
La mala fortuna, sin embargo, quiso que “El Concierto” muriera tras un accidente en una competencia. Desde entonces, Alarcón siguió solo con su afición. Nunca ha tenido más de dos caballos en forma simultánea y su último ejemplar, Vinicius Mont, hijo de Dushyantor, entrenado por Claudio Bernal y conducido por Jorge González, ganó en enero un “Condicional” de mil metros sobre pasto. Hoy, en medio de los malos ratos que le provocó el destape del caso, Alarcón dejó de tener caballos.
Alarcón, quien rechazó hablar para este reportaje, es un amigo leal y visita hasta hoy a Juan Carlos Cruz en su lugar de reclusión, el Regimiento de Policía Militar ubicado en Peñalolén. Con Montero la distancia, en cambio, es absoluta.
Alarcón, sin embargo, aseguró a la fiscal Jofré que no siempre fue así. “El coronel Clovis Montero, previo a que lo ingresaran detenido, me pedía que lo fuera a buscar a su casa, ocasiones en que varias veces llorando me pidió que convenciera al cabo Cruz que se echara la culpa por los delitos investigados”, narró en un interrogatorio efectuado en agosto de 2014.
El coronel Montero negó siempre estas supuestas escenas a la fiscal Jofré y apuntó que Alarcón acompañó a Cruz, cuando él le entregó una bolsa con 35 millones de pesos en el Club Hípico, dinero proveniente del cobro fraudulento de facturas ideológicamente falsas de la empresa Frasim, propiedad de Francisco Huincahue, el “indio”, otro civil formalizado y libre.
El ingeniero en informática rechazó todo ante la VI Fiscalía Militar y aseguró que fue un invento de Montero. Comentó que estaba al margen de las defraudaciones cometidas por años con las compras de repuestos para vehículos militares, cuyo corazón operativo fue el Comando de Apoyo a la Fuerza, la unidad encargada de procesar justamente los gastos realizados con los fondos provenientes de la Ley Reservada del Cobre. Negó, además, haber inutilizado uno de los servidores del Ejército, asegurando que ni siquiera lo conocía.
Montero, sin embargo, insistió en sus acusaciones. Dijo que Alarcón y Cruz se llevaron parte del dinero defraudado al Ejército, el que supuestamente iba dirigido al general Héctor Ureta, de la División de Mantenimiento, llamado hoy a retiro. Montero aseguró, además, que fueron Alarcón y el cabo Cruz quienes le pidieron conseguir facturas ideológicamente falsas para Ureta.
Hasta ahora, las pesquisas lideradas por la fiscal Jofré revelaron que existen unas 2.500 facturas presuntamente irregulares, algunas ideológicamente falsas y otras que ni siquiera tienen el timbre de Impuestos Internos. Las indagaciones apuntan, además, a que hay una veintena de sospechosos civiles y militares, supuestamente involucrados en el desvío de fondos provenientes de la Ley Reservada del Cobre. El fraude, ante el cual el gobierno ha mantenido un vasto silencio, supuso el pago durante años de reparaciones y compras de repuestos para vehículos militares que jamás fueron realizadas.
Las sociedades involucradas en estas operaciones son Frasim, Raúl Fuentes Quintanilla, Pedro Salinas, Tajamar, Inversiones Capellán y Waldo Pinto, cuyos dueños permanecen libres al cierre de esta edición. Incluso siguen siendo proveedores del Ejército y participando de nuevas licitaciones de repuestos.
Alarcón, quien reside en avenida Santa Amalia cerca del estadio municipal de La Florida y posee otra vivienda en El Quisco con piscina, negó siempre a la Justicia su participación en estos desfalcos, los que a la fecha son estimados en diez millones de dólares, solo entre los años 2011 y 2014.
Como la Justicia Militar ya no puede procesar a civiles, la fiscal Paola Jofré jamás tendrá autoridad para detener a Danilo Alarcón, quien solo figura como testigo en la causa donde dos hombres que conocía terminaron transformándose en los principales sospechosos. La única autoridad que podría acusar a Alarcón es la fiscal Ximena Chong, quien encabeza la investigación contra los civiles que participaron en las defraudaciones, causa que es sustanciada desde 2014 en el VII Tribunal de Garantía de la Región Metropolitana. Hasta ahora, sin embargo, la fiscal Chong no ha entregado ninguna señal de que tomará medidas contra Alarcón, un ingeniero con amplios lazos en el fútbol y la hípica, además del propio Ejército, que ha sorteado con relativa inmunidad el terremoto del “Milicogate”, una de las mayores crónicas de corrupción en la historia del Ejército.
ALARCÓN Y EL REY ARTURO
“A pasarlo bien nomás con el Rey Arturo”, escribió Alarcón en su Facebook el 27 de septiembre de 2014, adjuntando una foto suya, vestido con un impecable traje negro, junto a su señora enfundada en un llamativo vestido azul. “Parecemos novios”, agregó luego en la red social, en medio de la vorágine del denominado “Milicogate”, donde ya había sido citado a declarar tres veces.
Aquel día Alarcón y su señora, quien le vendió su jardín infantil al cabo Heriberto Cortés involucrado en otro desastre financiero del Ejército bautizado como el Toner gate, llegaron hasta el Club Hípico de Santiago a la boda del volante del Bayern Münich, Arturo Vidal, a quien el ingeniero conocía en el ambiente de los caballos finasangre. Entre champaña y whisky, Alarcón disfrutó de una torta decorada con diamantes y la música de Américo, junto a la presidenta Michelle Bachelet y los máximos ídolos de la selección chilena de fútbol.
La televisión y los diarios captaron a Alarcón entre los asistentes, en medio de la sorpresa de sus superiores. Pero sus redes con gente del fútbol comenzaron antes, desde su amistad con Osvaldo “Arica” Hurtado, con quien comparte asados en Batuco. “Está medio deteriorado el weón, pero bueno para la parrilla”, comentó Alarcón sobre su compadre en Facebook, en uno de esos encuentros.
Si bien Alarcón se ha alejado de gran parte de sus amistades, a quienes ha confesado por Facebook que se ha portado “ingrato”, no ha dejado de acudir regularmente a ver a Juan Carlos Cruz al recinto penal ubicado en Peñalolén. Su preocupación hoy en día es seguir siendo visita y no engrosar la lista de funcionarios que están detenidos allí como el coronel Clovis Montero, la sargento Millaray Simunovic y los suboficiales Miguel Escobar y Claudio González, por ahora los únicos detenidos en un escándalo que atraviesa al Comando de Apoyo a la Fuerza, la División de Mantenimiento y la División de Logística. Solo el tiempo dirá si tiene o no razón.
Fuente: The Clinic
