A solicitud del diputado Alberto Robles, la Fiscalía Metropolitana Centro Norte emprendió una investigación sobre el contrato que liga a CORFO y SQM Salar, para la explotación de litio en el Salar de Atacama, producto que según la denuncia, se estaría vendiendo bajo su precio de mercado, y luego de un reprocesamiento en Japón, por una empresa relacionada, se comercializaría con grandes márgenes de ganancia para SQM, y la consiguiente pérdida para CORFO, es decir, el Estado de Chile.
La investigación, que quedó a cargo del fiscal Jaime Retamal, se inició con oficios de solicitud de información a la Contraloría , a Corfo y a SQM Salar.
La indagatoria apunta en dos direcciones.
La primera, como consecuencia de la denuncia del diputado Robles, busca establecer si SQM efectivamente vende ciertos productos químicos a un precio menor al de mercado a su accionista japonesa, Kowa.
Según el diputado Robles, la figura penal en este caso sería fraude al Fisco:
“El contrato con SQM es para exportar carbonato de litio. Pero lo que hace SQM es vender una solución de litio por un valor mucho más bajo que el carbonato de litio, que después lo transforma en Japón, con una empresa relacionada, y se ahorra un pago de impuestos en Chile”.
El fiscal Retamal amplió las pesquisas hacia un segunda arista que apunta el fondo del asunto que enfrenta a Corfo con SQM: el contrato de arrendamiento del Salar de Atacama que data de la década del 80. Esa sería la razón por la que ofició a la Contraloría, y perseguiría las responsabilidades penales de las posibles “faltas graves al contrato”, como acusa Corfo.
Según cuenta el diputado Robles, en las últimas semanas se ha reunido con altos personeros de Corfo y del Consejo de Defensa del Estado (CDE) para que se hagan parte en la arista penal por el caso.
Esta opción no sería viable para Corfo, toda vez que tiene abierto un juicio arbitral, no le impide tomar acciones penales en simultáneo. Pero nada lo impedirá un a vez que finalice.
Sobre la instancia arbitral, el parlamentario es lapidario:
“Yo no confío en el juicio arbitral de la Cámara de Comercio. Al final, todos los juicios ahí terminan favoreciendo al empresariado”.
Será en el próximo consejo de Corfo, integrado por los ministros de Hacienda, Economía, Relaciones Exteriores, Desarrollo Social y Agricultura, y que aún no tiene fecha, cuando decidan si pedirán o no al CDE que intervenga.
De acuerdo con Robles, tras el conflicto por el Salar de Atacama el Estado también tiene responsabilidades.
“Es posible que funcionarios públicos, por omisión, hayan permitido estas acciones. Los abogados hablan de que hay un tipo de cohecho por omisión que podría estar ocurriendo”.
Otra de las opciones que se evalúa es armar una comisión investigadora en la Cámara Baja. “Las comisiones buscan responsabilidades políticas, y a mí lo que me preocupa más en este caso son las responsabilidades penales”, concluye Robles.
Corfo realiza inspección en Salar de Atacama
Durante el pasado miércoles funcionarios de la Corfo realizaron una visita de inspección a los pozos de explotación de salmuera y salinidad de las pertenencias mineras del Salar de Atacama, que son de su propiedad y que se encuentran arrendadas a SQM Salar S.A.
«Esta actividad se realiza con el fin de cautelar los límites contractuales de los pozos de explotación y la verificación de pozos de inyecciones, con miras a una sustentabilidad de la explotación futura del Salar, activo estratégico de Chile», señaló la Corfo en un comunicado.
Asimismo, los profesionales que se encuentran en terreno, efectuarán la inspección anual de geomensura de alta precisión para verificar la ubicación de los pozos tanto de explotación, como de exploración y monitoreo, en especial hacia las zonas perimetrales, agregó la nota.
Corfo y SQM se encuentran envueltas en una ardua disputa legal por el contrato de arrendamiento que la minera tiene en el Salar de Atacama.
En junio pasado el consejo directivo de Corfo decidió rechazar la propuesta del juez y pedir el término anticipado del contrato, en el marco del juicio arbitral seguido por la entidad estatal en contra de SQM Salar S.A. y SQM S.A. ante el árbitro Héctor Humeres, del Centro de Arbitraje y Mediación (CAM) de la Cámara de Comercio de Santiago.
El conflicto entre ambas partes ha crecido luego que Rafael Guilisasti renunciara al consejo directivo de Corfo para asumir la presidencia de las sociedades cascada mediante las cuales Julio Ponce controla SQM.
Al respecto el ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, quien además preside el consejo de la Corfo, reiteró este miércoles que el gobierno analiza si existe un conflicto de interés tras la salida de Guilisasti:
«Lo hemos dicho anteriormente, nosotros hemos solicitado en este caso el fin del contrato con SQM, lo hemos realizado a través del proceso que establece el contrato existente que es a través de un juicio arbitral. Se le solicitó al Consejo de Defensa del Estado que asumiera este caso en el proceso arbitral cosa que también está ocurriendo y por lo tanto los intereses del Estado están siendo resguardados por el CDE. Nosotros estamos muy tranquilos que vamos a hacer ver nuestro punto», señaló el ministro.
«Respecto al tema en particular de Rafael Guilisasti, mencioné que íbamos a estudiar la existencia de posibles conflictos de intereses y eso es lo que Corfo está analizando», agregó.
Origen del conflicto
En el marco del juicio arbitral que tiene con SQM -la minera no metálica controlada por Julio Ponce- por el arriendo de 28.054 pertenencias mineras en el Salar de Atacama, la estatal decidió rechazar la conciliación y pedir el término anticipado del contrato de alquiler, que vence en 2030.
La resolución tiene graves efectos para SQM, puesto que entre el 60% y 75% de las ventas de la minera, que en 2014 totalizaron US$ 2.014 millones, dependen de productos extraídos en la zona alquilada al fisco, como potasio, litio, ácido bórico y otros.
En la sesión del 11 de junio pasado, el consejo directivo de Corfo estimó que la compañía minera incurrió en «incumplimientos graves» en el contrato, como realizar ventas a empresas relacionadas usando precios de transferencia menores al valor de mercado, impedir la entrega de información relevante para los cánones de arriendo, sobreexplotar el agua de la zona y tener un comportamiento poco «ético».
Por esas razones, dicha instancia estimó que en la audiencia del proceso arbitral del 9 de julio pasado Corfo pidió el término anticipado del contrato.
Corfo advirtió que hay «riesgos de operaciones y de gobierno corporativo de la actual situación de SQM que afectan el interés de Corfo», y alertó sobre la «inviabilidad para conciliar el contrato frente a graves incumplimientos éticos y contractuales» por parte de la minera.
Entre las situaciones irregulares detectadas por Corfo están la venta a empresas relacionadas del mismo grupo -como SQM Salar, Servicios Integrales de Tránsitos y Transferencias o SQM Europe- a precios de transferencia y con ello menores que de mercado, así como ventas a la japonesa Kowa, socia minoritaria de Ponce.
El conflicto Corfo-SQM data de 2013, cuando en el gobierno del ex presidente Piñera la entidad fiscal pidió a la minera aclaraciones en materias técnicas, legales y económicas, y pidió verificar los pagos del contrato. Según documentos internos, la decisión de Corfo se sustenta en que SQM no quiere cambiar el contrato original de 1993, donde se estipulan condiciones económicas extraordinariamente favorables para SQM y asaz poco equilibradas.
Hay que seguir con atención este caso, pues seguro que va a dar jugo.
