El ya mítico cabezazo que le propinó el anarquista Joaquín García al ex jefe operativo de la CNI, Alvaro Corbalán, trajo consecuencias y repercusiones. Es así como el abogado Raúl Meza, contratado especialmente por Corbalán para que lo saque de la cárcel de Alta Seguridad, anda por la vida insinuando que su cliente podría ofrecer información sobre el paradero de detenidos desaparecidos, siempre y cuando lo devuelvan a la cómoda seguridad de Punta Peuco. El sucio chantaje de un valiente soldado asustado.
Información sobre DD.DD. por beneficios carcelarios: el trueque que estudia la defensa de Álvaro Corbalán
Por Francisco Valenzuela
El abogado Raúl Meza cree que existe un trato discriminatorio contra su cliente, ex CNI y violador de derechos humanos, que fue trasladado de Punta Peuco a la cárcel de Alta Seguridad. Por eso, dice que pueden colaborar con información a cambio de más beneficios.
Por sus faltas disciplinarias, en noviembre de 2015, el violador de los derechos humanos y ex CNI, Álvaro Corbalán, debió ser trasladado desde Punta Peuco, lugar reservado para criminales de la dictadura que cuenta con beneficios poco comunes (como áreas verdes), a la cárcel de Alta Seguridad, donde comparte con otro tipo de delincuentes y no tiene ninguno de los privilegios con los que podía contar en el otro recinto.
Desde entonces, la vida carcelaria de Corbalán no ha sido fácil. A principios de marzo fue agredido por uno de los internos de la Cárcel y su abogado, Raúl Meza, se valió de este hecho para afirmar que su defendido, cuyo poder se basó en el terror y la tortura, está atermorizado. Dice que es víctima de discriminación, que su vida está en peligro, que se ha deteriorado su salud y que ha “bajado 10 kilos”.
Su objetivo es que los devuelvan a Punta Peuco o que le den beneficios tales como, por ejemplo, libertad condicional.
Por eso, Meza compartió con El Dínamo un planteamiento que puede ser interpretado como una especie de “propuesta de reconciliación”, cuya premisa es que el Ejecutivo debe “motivar” con beneficios carcelarios a los condenados por derechos humanos para que estos entreguen la información que poseen sobre los detenidos desaparecidos.
“Corresponde que todas las personas que tienen información, si la tienen, la entreguen a los tribunales. Pero naturalmente la información que se ha entregado no se agota en todas las declaraciones que han hecho los funcionarios de las Fuerzas Armadas en los tribunales de justicia. Entonces yo creo que aquí tiene que haber una iniciativa por parte del Ejecutivo para de alguna forma motivar la entrega de esta información que se requiere sobre los detenidos desaparecidos, para los efectos de que efectivamente, todas las personas que tengan información la entreguen. Pero aquí no se va a entregar información de forma gratuita”, dijo.
Y agregó: “Hay muchos funcionarios, no solo el señor Corbalán, que estarían en condiciones de entregar una información adicional a lo que entregaron en los procesos judiciales si eventualmente son objetos de algún tipo de beneficio carcelario”.
¿Quién dará el primer paso?
Fuente: El Dínamo
