El abogado de Alvaro Corbalán confirmó que Gendarmería lo tiene sometido a un extremo regimen de vigilancia personal, para impedirle en eventual acto de suicidio. Además, aseguró que su defendido contempla realizar una «huelga de hambre indefinida» si la Corte de Apelaciones rechaza el recurso interpuesto para ser trasladado de vuelta a Punta Peuco.
<script async src=»//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js»></script>
<!– Banner Articulos –>
<ins class=»adsbygoogle»
style=»display:block»
data-ad-client=»ca-pub-2257646852564604″
data-ad-slot=»2173848770″
data-ad-format=»auto»></ins>
<script>
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
</script>
El exagente de la Central Nacional de Informaciones presentó una apelación ante la justicia para volver a Punta Peuco. Esto tras haber sido trasladado desde ese penal a la Cárcel de Alta Seguridad. Según su defensa, vive en pésimas condiciones y amenazas constantes contra su vida, lo que lo ha llevado a desarrollar una inclinación por atentar contra su vida.
De acuerdo con su informe sicológico, Álvaro Corbalán tiene tendencias suicidas. El exjefe operativo de la Central Nacional de Informaciones (CNI) cumple condena en la Cárcel de Alta Seguridad, tras ser trasladado desde el Penal Punta Peuco por distintos crímenes de lesa humanidad cometidos en dictadura.
El exagente además experimenta una importante baja de peso, que respondería a su actual estado de salud mental, emocional y física. El violador de derechos humanos está lúcido, pero con sintomatología de estrés y angustia por desconocer si dejará la CAS en algún momento, además de intranquilidad y desesperación, según consignó La Segunda.
Cabe recordar que Corbalán, de 64 años, fue trasladado desde Punta Peuco por violar las normas del centro penitenciario, al tener teléfonos celulares y chips para ellos. Además, dentro de la CAS fue agredido por otro interno, dejándolo con lesiones leves.
Corbalán cumple condena por los crímenes cometidos en la operación Albania, el asesinato de Tucapel Jiménez (entonces presidente de la ANEF), el crimen del carpintero Juan Alegría Mundaca (dentro de la operación de encubrimiento del homicidio de Jiménez) y de otros militantes del Partido Comunista y del MIR, incluyendo al periodista José Carrasco Tapia.
A la espera de la Corte Suprema
<script async src=»//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js»></script>
<!– Banner Articulos –>
<ins class=»adsbygoogle»
style=»display:block»
data-ad-client=»ca-pub-2257646852564604″
data-ad-slot=»2173848770″
data-ad-format=»auto»></ins>
<script>
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
</script>
La situación sería crítica y el abogado de Corbalán aseguró que su defendido contempla realizar una «huelga de hambre indefinida» si la Corte de Apelaciones rechaza el recurso interpuesto para ser trasladado de vuelta a Punta Peuco.
Por medio de un mail con Cambio21 el profesional aseguró que por el diagnostico está bajo «extrema vigilancia del personal de Gendarmería, que durante la noche cada una hora le ponen una luz en sus ojos para ver si está con vida». Además, Corbalán está recluido en una «celda abierta para observarlo y así impedirle actos de suicidio. Su piso tiene varias ventanas destruidas donde en la noche el frío lo congela y no le permiten calefacción».
El abogado advirtió que su defendido teme por su vida, al escuchar por las noches las amenazas de muerte de otros internos. En una ocasión, dice, doce reclusos intentaron lincharlo. «Lo tienen completamente dopado con fármacos para que no escuche los gritos y amenazas de muerte durante el día y la noche», aseguró.
La situación fue denunciada por Corbalán ante el Instituto Nacional de Derechos Humanos, la que fue acogida y su directora, Lorena Fries, visitará su celda, según dijo el abogado.
Consultado sobre el tema, el senador y miembro de la comisión de Derechos Humanos Manuel Antonio Matta (DC) dijo a Cambio21 que «cualquier situación que afecte gravemente la vida de un preso (…) debe ser un motivo de preocupación para la institución que lo custodia, lo resguarda, al interior del recinto. Obviamente debe, en el sentido de humanidad, otorgarle toda la asistencia que fielmente corresponda a los informes médicos, siquiátricos y de estado de salud que presenta el preso Corbalán. De eso no hay duda».
El parlamentario consideró además que esta situación reabre el debate sobre el estado de salud de los presos de mayor edad y sobre quienes piden condiciones especiales para su reclusión, «la situación de presos incluso con estados terminales, otros aquejados de Parkinson y otros que bordean los 90 años y más. Entonces, evidentemente es una situación que hay que ver con cuidado, con atención. Hay presos, sobre todo en Punta Peuco, que ni siquiera saben dónde están. Tienen una mente totalmente ida, pero son situaciones que hay que revisar con informe de especialistas y hay que tomar una decisión en esa materia, lo que no significa olvidar por lo que ellos fueron condenados. Para el registro de la historia, la justicia ya estableció una verdad», consideró.
Punto y final
Sobre las condiciones especiales de reclusión, el abogado de derechos humanos Nelson Caucotto expresó que la normativa es clara y que eso está fuera de discusión.
«La idea es que no haya ninguna legislación que discrimine o favorezca a estas personas en función de la edad y Chile no es la excepción, o sea, hay personas de 90 años presos. Lo que sí puede hacer la diferencia es el estado de salud. Si está en un estado terminal o con una enfermedad que la prisión le hace mal, todo esto chequeado y consolidado por distintos informes médicos, obviamente que no puede haber distinciones entre presos. Ahí hay un ser humano que no soportaría la cárcel y en caso de enfermedad terminal, se irá a morir a su casa», dijo el jurista a nuestro medio.
«A todos nos interesa que siga viviendo», agregó.
Por lo demás, el abogado consideró que es necesaria una segunda opinión: «La información que se tiene es preliminar. Si fuera cierto lo que se señala, lo que tiene que hacer su abogado es pedir que el juez respectivo que lo tenga presoordene una serie de exámenes médicos para precisar si tiene esa afección. En la salud no puede haber distingo entre presos comunes y de lesa humanidad».
Fuente: Cambio 21