La posibilidad de que el insólito comportamiento de Carabineros en las recientes manifestaciones movilizaciones sociales pueda obedecer a un diseño de los poderes fácticos para desprestigiar el sistema democrático y obstruir el proceso de reformas en marcha, se topó con el escollo que, por definición, no podrá superar: la respuesta homogénea y masiva de la sociedad civil, así como de fuerzas sociales y políticas comprometidas con el cambio, que en el curso de las últimas horas han proferido con fuerza y decisión: ¡basta de brutalidad policial!
Comunicado de la bancada estudiantil
En el marco de las movilizaciones del 21 de mayo y los hechos ocurrido en Valparaíso, manifestamos lo siguiente:
1) El derecho a manifestarse ha sido una herramienta social a lo largo de nuestra historia para conquistar las principales reivindicaciones en materias de derechos humanos, derechos civiles, derechos laborales y derechos sociales. Por lo mismo, este derecho es propio de las sociedades democráticas y no puede estar bajo amenaza por las posibles represalias por parte de la fuerza policial.
2)Rechazamos categóricamente el actuar represivo de carabineros en lasrecientesmanifestaciones, particularmente frente a los casos de Rodrigo Avilés y de Paulina Estay. Con la misma fuerza, lamentamos y condenamos las declaraciones posteriores de Carabineros, en las que no se hacen responsables de sus actos, cuando hay testigos y videos para declarar lo contrario. Esperamos que dicha institución rectifique cuanto antes y asuma la responsabilidad en estos hechos.
3)Lamentablemente las situaciones de agresión descritas no son casos aislados. Lo que le sucedió a Rodrigo y a Paulina pudo haberle pasado a cualquiera que hubiera estado manifestándose pacíficamente. No podemos naturalizar el uso desmedido de la fuerza policial para atacar a quienes están ejerciendo su derecho a manifestación.
4)Urge una revisión de la formación de las fuerzas especiales y sus procedimientos, así como sanciones frente a conductas injustificadas. Quienes cometen delitosen las manifestaciones deben ser detenidos y procesados por la justicia. Sin embargo nada justifica la disuasión de los manifestantes con elementos tan nocivos como los gases lacrimógenos o el carro lanza aguas, cuyo líquido tóxico, sumado su presión son un peligro inminente para la vida de quienes se manifiestan o transitan cerca de las manifestaciones.
5)Hacemos un llamado al Gobierno, a través del Ministerio del Interior, para que se esclarezca la situación vivida el día de ayer y esta acción no quede impune. Además, para que se tomen las medidas legislativas y/o administrativas para que no siga existiendo represión a las manifestaciones. No queremos más heridosni muertosproducto de las manifestaciones.
6)Finalmente enviarle fuerza a Rodrigo, a sus compañeros y a su familia. Esperamos que en las próximas horas pueda presentar mejorías y que logre salir de su delicada situación de salud. Seguiremos utilizando la movilizaciónen las callespara avanzar enla construcción de un país más justo e igualitario.
Camila Vallejo Dowling
Giorgio Jackson Drago
Gabriel Boric Font
Karol Cariola Oliva
Presidente de la Comisión de DD.HH criticó actuar de Carabineros
El presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Raúl Saldívar (PS), criticó el actuar por parte de personal de Fuerzas Especiales de Carabineros, en la marcha del pasado jueves 21 de mayo, que dejó al Estudiante de la de Universidad Católica, Rodrigo Avilés, en estado grave.
El parlamentario fue tajante en señalar que «es indispensable revisar los protocolos con que se actúa en estas ocasiones. Es por ello que vamos a enviar un oficio y así lo señalaré en la comisión, para que se nos informe en detalle qué ocurrió con este joven que hoy se encuentra hospitalizado y en estado de suma gravedad”.
“A mi juicio y con los antecedentes que tenemos a la vista, esto le da la razón al Instituto Nacional de Derechos Humanos, que hace algunas semanas hizo un comentario general de los procedimientos de la institución de Carabineros, específicamente en las marchas de estudiantiles y no al comportamiento general de dicha institución. A la luz de los últimos hechos, se puede concluir que el INDH estaba en lo cierto”, señaló el diputado Saldívar.
El parlamentario agregó que Carabineros debe hacer públicas las sanciones y «qué se hace cuando personal de sus filas trasgreden y van más allá de los procedimientos establecidos y normados”.
Finalmente, el legislador socialista recordó que «el derecho a manifestarse esta consagrado en nuestra Carta Fundamental. Por lo tanto, cualquier acción que pase a llevar este derecho debe ser cuestionada y sancionada”, recalcó el legislador.
Diputados piden al gobierno que derogue decreto N°1086 firmado en dictadura (1983) sobre accionar de carabineros en protestas
Los diputados Gabriel Silber (DC), Rodrigo González (PPD), Hugo Gutiérrez (PC) y Sergio Aguiló (IC) junto al padre Rodrigo Avilés, joven que se encuentra grave en el hospital Carlos Van Buren luego de la represión de carabineros en la marcha del 21 de mayo, se reunieron hoy con el ministro del Interior, Jorge Burgos, a quien solicitaron, que derogue decreto de 1983 que faculta a Carabineros a reprimir manifestaciones y que apoye proyecto de ley que garantice en la Constitución el derecho de los ciudadanos a manifestarse pacíficamente.
El padre de Rodrigo, Félix Avilés, indicó:
«Junto a los diputados que han apoyado a la familia desde un principio, nos hemos reunido con el ministro Burgos, a propósito de esta desgracia y no accidente como dice carabineros que le ocurrió a mi hijo. Le hemos planteado al gobierno la necesidad de superar la cultura de la agresión y la violencia que Chile está viviendo. Debemos construir un país en dignidad y justicia. El ministro acogió la preocupación de la familia y hará una revisión exhaustiva de los protocolos que aplica Carabineros cuando las personas y los jóvenes salen a manifestarse pacíficamente. Lamentablemente la respuesta de carabineros es la negación del derecho a manifestarse, lo cual nos parece una aberración en democracia».
Félix Avilés agregó:
“Tenemos la convicción de que Carabineros ha actuado con una conducta dolosa y criminal en relación a mi hijo. El no está grave producto de un accidente y esperamos que este hecho sea visto por la justicia civil y no por la justicia militar”.
Respecto a lo dicho por carabineros que lo sucedido a Rodrigo obedece a una situación particular del terreno y que ellos prestaron ayuda inmediata a su hijo, Félix Avilés aseveró:
“Eso es mentira. Todos los testimonios gráficos y personales indican lo contrario. Fue una persona del CODEPU quien socorrió a Rodrigo en la condición en que se encontraba y quien le señaló al capitán de carabineros que se debía actuar rápidamente y llevarlo a un centro hospitalario porque su vida corría un grave peligro. Así y todo, el titubeo de carabineros fue prolongado”.
Puntualizó:
“Rodrigo está en una situación gravísima permanente, con coma inducido y riesgo vital y tiene dos elementos favorables: la regulación de la presión cerebral y en el último scanner de anoche se concluye que el flujo de oxigeno al cerebro se ha normalizado, lo que es bueno”.
El diputado PPD Rodrigo González, sostuvo:
«Entregamos dos documentos al ministro del Interior: uno el informe de la comisión investigadora aprobada en noviembre de 2013 y donde se entregan conclusiones sobre una nueva política de estado para manifestaciones públicas. Junto con esto pedimos al gobierno el respaldo a un proyecto de ley de reforma constitucional que establece en artículo nuevo en la Carta Fundamental para asegurar el derecho a la protesta social pacífica, por cuanto el derecho a la manifestación pública que no está garantizado en la Constitución. Esto implica que la policía debe cautelar este derecho y proteger, auxiliar a los manifestantes y no reprimirlos; la represión debe ser focalizada contra aquellos que se aprovechan de la manifestación para delinquir”.
Agregó:
“Planteamos además que el derecho a reunión pacífica no deba exigir un permiso previo y, que se derogue el Decreto Supremo 1086 dictado en dictadura que es el que establece hoy los protocolos y conductas de carabineros frente a las manifestaciones”.
Sergio Aguiló: “El INDH tenía toda la razón al cuestionar las acciones represivas de Carabineros”
A su turno, el diputado de la Izquierda Ciudadana (IC), Sergio Aguiló sostuvo:
“Efectivamente el Instituto de Derechos Humanos (INDH) hace algún tiempo atrás tenía toda la razón: aquí estamos asistiendo a una experiencia dolorosa más sobre la forma represiva y brutal con que Carabineros actúa frente a las manifestaciones pacíficas de los estudiantes, de los trabajadores , de los ciudadanos y, en general, de quienes se manifiestan y expresan sus legítimas demandas frente al estado y frente a la sociedad. Los protocolos que usa Carabineros hoy son los mismos que tenían durante la dictadura militar, el decreto en que se ampara el cuerpo de carabineros para actuar fue dictado el año 1983 por Augusto Pinochet y la forma en que actúa la represión de carabineros es la misma que se usó en dictadura contra las manifestaciones: eso no es tolerable ni razonable y eso tiene que cambiar radicalmente”.
Por esa razón, agregó:
“Hemos presentado este proyecto de ley que modifica la constitución incorporado el derecho de los ciudadanos a manifestarse pacíficamente en una sociedad democrática y al mismo tiempo derogar automáticamente el decreto del año 1983 que faculta a carabineros a actuar de la forma desproporcionada como lo ha hecho”.
INDH: Investigación de Rodrigo Avilés no puede quedar en Justicia Militar»
El Instituto Nacional de Derechos Humanos asegura que la investigación del caso del estudiante Rodrigo Avilés -quien resultó gravemente herido en Valparaíso- debe quedar fuera de la justicia militar, de lo contrario el proceso podría incurrir en malas prácticas e impunidad.
La directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Lorena Fries, sostuvo que el caso de Rodrigo Avilés no puede tramitarse en los tribunales militares, debido a que no cumplen con un estándar mínimo de imparcialidad para resolver los casos.
Según Fries existe un principio que beneficia a los propios integrantes de la institución, situación visible con la rebaja de la condena de Miguel Millacura, oficial de carabineros acusado por la muerte del estudiante Manuel Gutiérrez en 2011, inicialmente condenado a tres años y un día, y que durante la semana pasada la Corte Marcial dictaminó 400 días de pena remitida.
El diputado del Partido Socialista, Daniel Melo, concordó en que deben haber las máximas sanciones para los responsables de las agresiones sufridas por los estudiantes, pero sin acudir a la justicia militar.
Izquierda Ciudadana repudia violencia de Carabineros
Su más absoluto rechazo y repudio a la violencia ejercida por FF.EE. de carabineros en contra de estudiantes el pasado 21 de mayo, en particular contra Paulina Estay de 19 años y Rodrigo Avilés de 28 años, quien se encuentra internado grave en hospital Carlos Van Buren, expresó el presidente nacional (s) de la Izquierda Ciudadana, Diego Ancalao.
El dirigente solidarizó con ambas familias, especialmente la familia de Rodrigo, que hoy vive la incertidumbre de no saber qué pasará con el joven que se encuentra grave y con riesgo vital. Además solicitó que sea la justicia civil la que investigue ambos casos y sancione a los funcionarios que sin mediar provocación golpearon brutalmente a la joven y lanzaron un chorro de agua a Rodrigo, provocándole graves heridas, que aún lo mantienen con riesgo vital tras cuatro operaciones.
Ancalao, que comenzó su carrera en el nivel universitario, recordó la violencia con la que fueron reprimidos en más de una ocasión mientras era estudiante y salían a manifestarse en las calles e hizo un llamado a las instituciones a revisar los protocolos con lo que intervienen en las protestas y a sancionar a su propio personal, cuando este haya sobrepasado sus atribuciones.
El presidente de la Izquierda Ciudadana, quien hace sólo unos días asumió la presidencia de la IC a la espera de la recuperación del diputado Sergio Aguiló, lamentó que esta situación se dé en el contexto de una manifestación legítima de parte de un ciudadano joven que se expresa para ser escuchado y espera que su evolución sea favorable en el más corto plazo.
Cabe recordar que Rodrigo Avilés resultó gravemente lesionado mientras participaba en las manifestaciones acaecidas en el marco del discurso presidencial del jueves 21 de mayo último, en Valparaíso.
MAS: «Ministerio del Interior debe pedir la baja de Carabineros agresores»
El Presidente del MAS señaló que el Director de Carabineros debe proceder de manera inmediata con quienes agredieron a Paulina Estay, ya que eso no es uso abusivo de la fuerza, es una agresión criminal. El parlamentario indicó que este lunes recurrirá a la Fiscalía Militar en Valparaíso para que se establezcan responsabilidades criminales:
«Las imágenes son brutales y valen más que mil palabras. Es absolutamente claro que una agresión criminal de esta naturaleza no puede estar dentro del rango de las actuaciones de la fuerza pública, del actuar de Carabineros. Allí hubo irracionalidad, creo que de no mediar una actuación definida del alto mando, esto va a generar una reacción estudiantil que puede derivar por cierto en hechos que podemos lamentar».
Para el Vicepresidente del Senado «estamos a un paso de que tengamos un estudiante asesinado por un agente del Estado, en este caso por la acción de algunos Carabineros y ello hay que evitarlo a toda costa. Las instituciones deben trabajar de manera conjunta para evitar aquello».
Agregó:
El Ministerio del Interior y Carabineros tienen que hacer una revisión profunda de los procedimientos para enfrentar las manifestaciones populares. La joven no estaba efectuando ninguna acción en contra de la fuerza policial. Lo que hay es la constatación de que personal de Carabineros está actuando fuera de toda normativa y dañando a la institución, la cual es una de las mejores evaluadas del país por los ciudadanos. Aquí se están generando las condiciones para que los jóvenes no sólo sean asesinados a tiros por un loco, sino que pierdan la vida a manos de un Carabinero, quien ha jurado dar la vida para defenderlos».
Según Alejandro Navarro:
«Más allá de lo que señale la investigación administrativa que están llevando a cabo, presentaremos una denuncia a la fiscalía militar de manera que se investigue de forma criminal, porque aquí se ha cometido delito en el código castrense y esperamos que la institución ponga a disposición todos los antecedentes para determinar no sólo la identidad de él o los agresores, sino también medidas ejemplares para que esto no vuelva a ocurrir.
Cualquier ciudadano filmado en una acción de esta naturaleza estaría ahora detenido, procesado y enfrentando una condena por el cuasidelito de homicidio, arriesgando una pena de 10 años de cárcel efectiva. La acción de estos Carabineros debió haber sido denunciada por el propio mando de manera inmediata y ello no ha ocurrido. Esta lealtad mal entendida, esta protección institucional da cuenta de que aquí hay mandos superiores que estaban a cargo de esas fuerzas y ocultaron esa información, le restaron importancia y en general le han tratado de dar impunidad a esta acción criminal».
Para el senador, Carabineros no puede permitir la continuidad en la institución de aquellos oficiales que han promovido una complicidad mal entendida y los agresores deben ser dados de baja de manera inmediata:
«De no mediar acciones de esta naturaleza vamos a enfrentar un escenario muy complejo, el que se ha visto agravado por la situación de los jóvenes Diego Guzmán y Exequiel Borvarán, asesinados por un desquiciado y de Rodrigo Avilés, quien se encuentra en una situación muy crítica aparentemente causada por el uso del chorro del carro lanza-agua de Carabineros. Esto también lleva a revisar los procedimientos; el agua es para dispersar no para matar y en ese sentido quienes están a cargo del cañón del guanaco deben entender que tienen un arma mortal en sus manos. La fuerza de este chorro en contra de las personas ha causado pérdida de visión, traumatismos, caídas con efectos devastadores. Entonces se deben revisar los procedimientos de como utilizar el cañón de este camión puesto que de la manera en que se ocupa ahora, se transforma en un arma que puede provocar la muerte».
Sobre el tenor de las protestas, el Presidente del MAS indicó:
«La ironía de esto es que la marcha estaba exigiendo participación y cuando la ciudadanía pide esto las autoridades deben abrir los espacios, no cerrarlos y menos con represión. Los estudiantes se manifestaban por más participación dentro de un sistema que de momento no los incluye. Son las autoridades políticas quienes deben abrir los espacios, son los ministros, quienes deben generar las condiciones para la participación y esto debe asumirse de manera inmediata en materia educacional. Se lo hemos planteado al Ministro Nicolás Eyzaguirre, aquí se requiere abrir la participación en el proyecto de educación. No basta con tener asesores de dirigentes estudiantiles, no basta una mesa de diálogo. Tiene que existir participación amplia y masiva y al mismo tiempo inclusiva y directa. Y eso se hace trabajando directamente con los estudiantes».
Al respecto, añadió:
«Está claro que la reforma educacional, así como la reforma laboral, no pueden seguir adelante sin la participación estudiantil. El Gobierno tiene entonces el deber ético y político de producir mecanismos de participación en todas las enmiendas porque ya tenemos un consenso, los cambios se deben hacer. Ahora el debate es sobre los mecanismos para que estas reformas reflejen el sentir ciudadano; de nada sirven cuando son consensuadas por las élites, en la altura, excluyendo a los trabajadores ó a los estudiantes. Llegó la hora de la participación y el Gobierno si no logra entenderlo puede terminar con estudiantes y trabajadores en la calle demandando dicha participación y con consecuencias impredecibles».
Declaración Pública de la Asociación de Observadores y Defensores de Derechos Humanos ODDH-CHILE
Ante la enorme y desproporcionada violencia ejercida durante las últimas manifestaciones y especialmente hoy, 21 de mayo en Valparaíso, por parte de las Fuerzas Especiales de la policía uniformada, la Asociación de Observadores y Defensores de Derechos Humanos ODDH-CHILE tiene el deber de expresar públicamente lo siguiente:
1) Nuestra organización, la Asociación de Observadores y Defensores de Derechos Humanos (ODDH) Chile, ha nacido respondiendo al llamado de la comunidad internacional y principalmente de instituciones como las Naciones Unidas, en el sentido de cautelar que los compromisos en materia de derechos humanos sean cumplidos por nuestro Estado en conformidad con los tratados internacionales ratificados por nuestro país e incorporados en nuestra Constitución por medio de la ley 18.825, en su artículo quinto, inciso segundo.
2) Las Fuerzas Especiales de Carabineros son un componente fundamental de los funcionarios del Estado que constituyen una institución clave en el rol de preservar el orden y la seguridad pública cumpliendo expresamente lo establecido por las leyes vigentes y, especialmente, las que refieren a velar por la garantía del respeto a los derechos humanos.
3) Durante las últimas manifestaciones públicas, cuyo derecho ciudadano está garantizado constitucionalmente, el comportamiento de funcionarios que son parte de las FFEE de la policía uniformada ha violentado en forma inaceptable este compromiso con el respeto a los derechos humanos.
4) En efecto, no sólo la violencia ejercida con los manifestantes -es de público conocimiento la gravedad de las personas agredidas por la fuerza policial o la agresión a personas en sillas de ruedas- sino además contra transeúntes y, particularmente contra la prensa independiente y Observadores de DDHH nos ha afectado directamente como organización. Así, hoy hemos sido insultados, empujados, golpeados en el piso, lesionados severamente, por el sólo hecho de cumplir con nuestra tarea de registrar el proceder de los organismos del Estado durante las manifestaciones públicas. Es así que, dos integrantes de nuestra ODDH fueron agredidos, en forma directa y premeditada por fuerzas policiales dejándolos con manifiestas lesiones, estando los observadores, como se ha afirmado inequívocamente, debidamente identificados por su vestimenta y credenciales. Sobre estos hechos existe el debido registro audiovisual.
5) Una vez más reiteramos que nos amparamos en la legislación vigente y en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, así como en diversos documentos internacionales, por ejemplo, la “Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos”, de las Naciones Unidas, conocida como la “Declaración sobre los defensores de los DDHH”, y también en documentos específicos de trabajo de la ONU, como el denominado: “Un manual para la sociedad civil” (Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Ginebra, 2008), donde se expresa: “Una sociedad civil sólida y autónoma, capaz de actuar libremente, así como conocedora y entendida en materia de derechos humanos, es fundamental para consolidar una protección sostenible de los derechos humanos en el ámbito nacional. Así pues, los actores de la sociedad civil son socios importantes en el sistema de derechos humanos de las Naciones Unidas”. También se fundamenta nuestra legitimidad en otros documentos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), como el Informe denominado “La democracia en América Latina. Hacia una democracia de ciudadanas y ciudadanos” (PNUD, 2004), que promueven la participación de las personas y de las organizaciones de la sociedad civil en su rol de defender los derechos esenciales.
6) Hoy es nuestra responsabilidad condenar de manera enérgica la violencia cobarde y vejatoria ejercida en forma premeditada contra los observadores de derechos humanos. Nuestra exigencia es a las autoridades de turno para que pongan término a esta política represiva hacia las expresiones ciudadanas y, especialmente, hacia los observadores y defensores de derechos humanos. No nos parece excusable y en modo alguno aceptable que el Estado promueva este tipo de acciones o las oculte con el velo de la impunidad.
7) Por todo lo anterior, exigimos que el Administrativo del Estado en forma inmediata tome todas las medidas pertinentes tendientes a investigar y sancionar a quienes resulten responsables, porque todos somos iguales ante la ley, pero quienes tienen la principal obligación de dar el ejemplo y de hacer que estos compromisos garantizados en la legislación se cumplan son los propios funcionarios del Estado.
8) Una vez más, llamamos a todas las ciudadanas y ciudadanos a sumarse a esta denuncia, porque sólo con la participación activa de todas y todos podremos garantizar la legítima voluntad soberana del pueblo.
Asociación de Observadores y Defensores de Derechos Himanos, ODDH Chile.
