La semana pasada el Senado aprobó las indicaciones de la denominada agenda corta antidelincuencia, que en realidad, no es otra cosa que la respuesta fácil y miope al problema de la seguridad ciudadana.
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Los expertos, así como el sentido común más vulgar, concuerdan en que la delincuencia puede ser explicada por diversos aspectos socio-económicos, como la falta de empleos de calidad, la segregación social, y la falta de políticas efectivas de reinserción social y protección de la infancia.
Sin embargo, ninguno de estos elementos es tratado aunque sea marginalmente por la nueva política de seguridad que se debate hoy en el Congreso.Acá la política pública se fabrica respondiendo ante el temor infundado de la ciudadanía, que se acrecienta con cada noticiero y crónica roja.
El control preventivo de identidad, que surgiera anteriormente como propuesta de los sectores más conservadores del gobierno de Piñera (recordemos la “Ley Hinzpeter”), vuelve a tomarse el congreso, en esta oportunidad como producto de una desorientada agenda de seguridad gubernamental, que apartada de sus principios democráticos y valores progresistas, intenta instituir un poder francamente discrecional y arbitrario, en la base misma del aparataje estatal.
A diferencia de otras reparticiones y servicios de la administración del Estado, las policías figuran como la autoridad pública que está más en contacto con la ciudadanía. Y es que Carabineros de Chile trabaja ahí donde ningún otro funcionario público lo hace, en la calle, con el tráfico infernal de la urbe, en la catástrofe natural, con la protesta social y la delincuencia flagrante.
Por esta razón, cada ciudadano está expuesto a interactuar más veces con un carabinero que con un fiscalizador del servicio de impuestos internos o con el director de un hospital público.
Pero en el afán populista de construir un catálogo reforzado de poderes policiales, nuestros legisladores olvidan los fundamentos básicos de un Estado Democrático de Derecho. Los poderes públicos deben actuar con estricto apego a la ley, la que debe establecer parámetros objetivos, racionales y justos, que eviten ante todo que la administración del Estado proceda y tome decisiones de manera discrecional y arbitraria.Un modelo ideado para evitar abusos y tiranías.
Ningún funcionario público puede actuar guiado por su interés, su intuición o su criterio personal. Mucho menos puede decidir bajo esos conceptos respecto de los derechos de otras personas.
La nueva ley, como está ahora, permitiría que las policías puedan requerir la identidad de personas mayores de 14 años en cualquier espacio público o lugar privado de acceso público, sin señalar las circunstancias o condiciones que se deban reunir para que el procedimiento no sea discrecional o arbitrario. No se establece un marco objetivo y racional para que las policías ejerzan sus funciones en respeto de las garantías constitucionales y derechos fundamentales.
Lo que es peor, si no se puede proceder a la identificación por no portar algún documento válido que permita acreditar la identidad, las policías estarán facultadas para conducir a la persona a la unidad y detenerlo hasta por 4 horas. En caso que la persona sea mayor de 14 años y menor de 18 años, podrá ser detenida hasta por una hora.
Estamos aquí ante la consagración de la detención administrativa; es la detención de un inocente que no ha cometido delito o falta alguna. No existe fundamento de seguridad que permita establecer la necesidad de estetipo medidas privativas de libertad.
La libertad es un derecho fundamental, reconocido por los tratados internacionales suscritos por Chile.Es una garantía establecida en la constitución, y cuyo tratamiento está ampliamente definido por la legislación.
Y aun así, en plena era tecnológica, cuando ningún procedimiento de identificación dura más de 1 minuto, acá se otorga la posibilidad de privar a alguien de su derecho más preciado durante 4 horas.
En ese punto el exceso del legislador ha sido grosero. Si basta con acercarse al cajero de un supermercado o a comprar un bono de salud para que con una simple huella digital o dictandoel número de RUT, se acceda a toda la información de una persona.
El proyecto que el Senado ha aprobado es inconstitucional hasta para una constitución otorgada en dictadura y con una deficiente protecciónde los derechos fundamentales.
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Debemos oponernos a este tipo de medidas, porque no puede permitirse la práctica de controles discriminatorios a la población, y porque la detención que esta ley consagra será siempre injustificada.
Es hora de exigir una legislación visionaria y que resuelva los problemas en su origen, no en sus efectos. Una política democrática, que respete los derechos que han sido ganados con sangre, sudor y lágrimas.
Porque en esta hora negra de la política chilena, no podemos esperar mucho más.
(*) Abogado. Director de Contenidos DIGNIDAD TOTAL.
