por Francisco Herreros.
En una escenografía que simulaba una sala de clases, en La Moneda, el Presidente Sebastián Piñera, anunció el programa “Todos al Aula”, en rigor, una contra-reforma de la educación de mercado, que, aseguró, tiene por finalidad «mejorar la calidad en la educación», por la supuesta vía de solucionar el agobio laboral de los profesores.
La admonición se inició con el típico diagnóstico a lo Piñera:
“La calidad de la educación en Chile lleva mucho tiempo estancada o creciendo mucho menos de lo que debiera, de lo que necesitamos o de lo que podemos. Y todos sabemos que una educación de calidad abre las puertas a un mundo de oportunidades y una educación de mala calidad muchas veces conduce a un mundo de frustraciones”.
“Los profesores y equipos de apoyo se quejan, y con mucha razón, que tienen que dedicar mucho tiempo a las labores burocráticas, de papeleo, gestiones y trámites”, agregó.
«El plan “Todos al Aula” tiene como principal objetivo simplificar y coordinar la presión administrativa y regulatoria sobre los establecimientos de educación escolar, para que los equipos directivos puedan dedicar su tiempo al mejoramiento de la calidad de la educación», prosiguió.
“Su objetivo es simple, pero muy importante, que es aliviar, reducir esta sobrecarga burocrática, de papeleos, de gestiones, de trámites y liberar, en consecuencia, a nuestros directores y profesores para que dediquen todo ese tiempo y -sobre todo- toda esa mayor motivación, a estar dentro de la sala de clases, enseñando, motivando, preocupándose de cada niño y, de esta manera, lograr un avance importante en el campo de la calidad», indicó a continuación.
“La educación -lo sabemos- “es la madre de todas las batallas”. No hay un solo país que haya logrado superar el subdesarrollo, sin ganar la batalla de la educación. Y, al mismo tiempo, todos los países que han conquistado el desarrollo, lo han hecho porque han logrado ganar la batalla de la educación”, concluyó con unción.
Según el comunicado de la Presidencia, la primera etapa de este plan tiene como objetivo «identificar, profundizar y priorizar aquellos aspectos que producen presión administrativa, para luego delinear los posibles caminos a seguir, tanto en los aspectos administrativos y de gestión del sistema como en la esfera normativa».
Letra chica y contrabando
Detrás de esa no menos típica enumeración piñerista de ideas generales, principios y aspiraciones, con los cuales nadie puede estar en desacuerdo, de inmediato empiezan a aflorar la letra chica y los propósitos que se pretende pasar de contrabando.
El pomposamente denominado programa «Todos al Aula» se reduce a una consulta en línea a un universo estimado de doce mil directores de escuela y a la designación de una «comisión de expertos», a cuya cabeza puso a Mariana Aylwin, connotada exponente de la derecha de la Democracia Cristiana, hoy renunciada al partido antes de que la echaran, un personaje con importantes intereses en la educación particular subvencionada.
La mesa tendrá como secretario ejecutivo a Nicolás Varela del Ministerio de Educación, y la integrarán autoridades, «personalidades», «expertos» y representantes de un abigarrado arco de organizaciones vinculadas a la educación, tales como Santiago Blanco, CEO SIP; Rodrigo Bosch, ex CONACEP / Red Educativa; Mónica Luna, Directora Educación Peñalolén; Representante, Colegio de Profesores; Mario Waissbluth, Educación 2020; José Weinstein, CEDLE; Juan Enrique Guarachi, Belén Educa; Pedro Hepp, Red Educa Araucanía; María Paz Arzola, Libertad y Desarrollo; Rubén Valencia, Gesteduc; Celia Alvariño, Directora Dunalastair; Felipe Alessandri, Alcalde Santiago; Guido Crino, Fide y Ana María Lyon, Astoreca.
La parrafada de Aylwin, doña Mariana, rivalizó con la de Piñera en el abuso de lugares comunes:
“Aquí estamos personas que tenemos algo en común y es experiencia, pies en la tierra, hemos trabajado en educación, algunos menos años, porque son más jóvenes, otros más años, pero sabemos y conocemos la realidad de nuestras escuelas. Muchos tenemos visiones distintas, pero nos une algo en común que es tratar de mejorar lo que dificulta la acción de las escuelas. La tarea que se nos ha encomendado es simplificar la relación entre las escuelas y toda la institucionalidad que dirige al sistema educativo”.
Maniobra de distracción
Hasta aquí todo perfecto en el mejor de los mundos, solo que puro humo.
De entrada es absurdo pretender resolver un problema de índole estructural, como es el agobio laboral por falta de horas no lectivas, con medidas administrativas, como la gestación de esa mesa de trabajo, por más expertos que la compongan.
Aunque nada se menciona en términos de objetivos, plazos y metodologías, en el mejor de los casos el trabajo de este tipo de comisiones de expertos consiste en la elaboración de un informe, con mayor o menor grado de consenso; dato irrelevante por cuanto se trata de libelos no vinculantes, desde el punto de vista legal.
Luego, la comisión, mesa de trabajo, comité de expertos, o como se quiera llamar, nació con un insanable problema de legitimidad.
En una trampa de juego corto, típica de Piñera, el comunicado del Gobierno incluye entre los integrantes de la instancia a un innominado representante del Colegio de Profesores.
Resulta obvio que el Gobierno consultó al Colegio, pero no esperó su respuesta. Así lo señala claramente un comunicado del Colegio de Profesores:
«Sorpresa e inconformidad en el Magisterio generó la ceremonia de presentación del plan “Todos al Aula” en La Moneda, encabezada por el Presidente Sebastián Piñera. “No nos deja conformes ni el procedimiento ni los integrantes de la Comisión, porque esta es una comisión absolutamente sesgada”, señala Mario Aguilar, Presidente del Colegio de Profesores».
Añade el comunicado:
“La ceremonia nos sorprendió muchísimo, porque no es lo que se nos había conversado respecto a la composición de la comisión, en donde hay una total y absoluta desproporción de integrantes del mundo privado y la educación pública está absolutamente minimizada. Además, salvo una posible representación docente a través nuestra, de todos los demás actores ninguno tiene experiencia práctica en aula escolar, y eso es bastante curioso en una comisión de expertos para resolver el tema del trabajo en aula”, critica el líder del profesorado».
“También fue una sorpresa para nosotros la participación de la señora Mariana Aylwin y también su condición de Presidenta de Comisión, situación totalmente unilateral y jamás consultada. Nosotros opinamos que cualquier comisión que se forme deben ser los propios miembros los que deben darse su representación y definir quién la va a presidir. Si eso viene predefinido, estamos hablando de una cosa que ya está bastante cortada y precocinada”, agrega Aguilar.
“Vamos a analizar esta situación más colectivamente, tanto en el Directorio Nacional como probablemente en la Asamblea Nacional de este viernes, pero puedo adelantar desde ya que no nos deja para nada satisfechos ni conformes, porque ahí lo que se aprecia por parte del Gobierno y el Ministerio de Educación es que se conforma una comisión en donde se otorga un privilegio absoluto a la educación particular y se minimiza de una manera muy fuerte a la educación pública. En los próximos días vamos a dar a conocer nuestra resolución sobre si participamos o no”, concluye el presidente del Magisterio».
En tercer lugar, en el escenario central, que es político; a saber, la definición estratégica pendiente entre educación pública y educación de mercado; la elaborada puesta en escena del plan “Todos al Aula”, corresponde claramente a una maniobra de distracción, en el sentido de que el golpe principal no va por ahí.
Supóngase por un momento que el informe de la comisión termine en proyecto de ley.
En tal caso, ¿qué otro sentido puede tener «simplificar y coordinar la presión administrativa y regulatoria sobre los establecimientos de educación escolar, para que los equipos directivos puedan dedicar su tiempo al mejoramiento de la calidad de la educación», que no sea un relajamiento de la capacidad regulatoria del Estado, especialmente en el sector particular subvencionado?.
El gambito del centro
Poco antes de designar su gabinete, se especuló insistentemente en la posibilidad de que Mariana Aylwin fuera elegida en el ministerio de Educación.
El pronóstico falló, pero no el cálculo que lo sostenía. .
Si Piñera está maquinando un proyecto de ley que, en nombre de «aliviar la sobrecarga burocrática, de papeleos, gestiones, trámites y liberar a nuestros directores y profesores», apunte a ensanchar el horizonte de posibilidades de la educación de mercado, y simultáneamente, reduzca las potestades contraloras del sector público, tiene en Mariana Aylwin una aliada probada y confiable.
En ese escenario, si no contribuye a la captura de los votos de la derecha de la DC, puede terminar convertida en un salvavidas de plomo.
Pero eso no es lo más grave; ni de lejos, lo principal.
Contra-reforma de mercado
Cuando Piñera parlotea liviana e impunemente de que los profesores «dedican mucho tiempo a las labores burocráticas, de papeleo, gestiones y trámites”, en lugar de «estar dentro de la sala de clases, enseñando, motivando, preocupándose de cada niño», ignora, simula ignorar y en todo caso falta gravemente a la verdad por cuanto omite que el tema está zanjado en la Ley 20.903, promulgada el 4 de marzo de 2016, que crea el Sistema de Desarrollo Profesional Docente, una de las cuatro reformas a la educación del Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet.
El inciso b) del título 7, define con precisión las actividades curriculares no lectivas:
«Aquellas labores educativas complementarias a la función docente de aula, relativa a los procesos de enseñanza-aprendizaje considerando, prioritariamente, la preparación y seguimiento de las actividades de aula, la evaluación de los aprendizajes de los estudiantes, y las gestiones derivadas directamente de la función de aula. (…) Asimismo, considera aquellas actividades profesionales que contribuyen al desarrollo de la comunidad escolar, como la atención de estudiantes y apoderados vinculada a los procesos de enseñanza; actividades asociadas a la responsabilidad de jefatura de curso, cuando corresponda; trabajo en equipo con otros profesionales del establecimiento; actividades complementarias al plan de estudios o extraescolares de índole cultural, científica o deportiva; actividades vinculadas con organismos o instituciones públicas o privadas, que contribuyan al mejor desarrollo del proceso educativo y al cumplimiento del Proyecto Educativo Institucional y del Proyecto de Mejoramiento Educativo, si correspondiere, y otras análogas que sean establecidas por la dirección, previa consulta al Consejo de Profesores».
Dispone a continuación:
«Un reglamento dictado por el Ministerio de Educación determinará aquellas labores y actividades comprendidas dentro de aquellas señaladas en el inciso anterior.
El inciso c) del título 41 señala:
«En la distribución de la jornada de trabajo se deberá procurar que las horas no lectivas sean asignadas en bloques de tiempo suficiente para que los profesionales de la educación puedan desarrollar la totalidad de sus labores y tareas asociadas al proceso de enseñanza y aprendizaje dentro de aquella. Un porcentaje de a lo menos el 40% de las horas no
lectivas estará destinado a las actividades de preparación de clases y de evaluación de aprendizajes, así como también a otras actividades profesionales relevantes para el establecimiento que sean determinadas por el director, previa consulta al Consejo de Profesores».
El artículo segundo de las disposiciones generales establece:
«El año escolar 2017, las horas de docencia de aula establecidas en los artículos 69 y 80 del decreto con fuerza de ley N°1, de 1996, del Ministerio de Educación, para una jornada de 44 horas, no podrá exceder de 30 horas con 45 minutos, excluidos los recreos».
En otras palabras, 69,2 horas lectivas y 30,4 horas no lectivas.
En virtud de la obstrucción sistemática del sector político de Piñera, la reducción a 27,4 horas lectivas a partir de 2018, y a 26 horas 15 minutos en los dos años siguientes, quedó sujeta a variables económicas que nada tienen que ver con educación, tales como un crecimiento del PIB de los tres años anteriores a la fecha de verificación no menor a 4,0% real anual; o que el 5% de la variación de los ingresos cíclicamente ajustados, entre el año anterior al de la fecha de verificación y el año inmediatamente anterior, «debe ser superior a 3,9 millones de Unidades de Subvención Educacional, USE.
Neoliberalismo estratégico
Al final del día, el ostentoso programa “Todos al Aula” de Piñera se reduce a dos posibilidades de suma cero, y probablemente ambas a la vez: o se trata de un calculado globo sonda para tantear el terreno, o de una no menos calculada maniobra distractora para encubrir una ampliación de los fueros de la educación de mercado, por la vía de desregular al sector particular subvencionado.
Si Piñera estuviera realmente interesado en resolver el agobio laboral de los profesores, le bastaría con dictar el reglamento pendiente, y suprimir las restricciones establecidas en el artículo tercero de las disposiciones generales, para que a contar de 2018, las horas no lectivas aumentaran del 30,4% al 38%, y luego al 41%, en los siguientes dos años. .
Mejor aún, podría modificar la ley en dirección a satisfacer la demanda del Colegio de Profesores, de una proporcionalidad cercana al 50-50 entre horas lectivas y no lectivas, a partir de 2019.
Pero no lo hará, por varias razones.
Primero, porque la implementación de la reforma cuesta dinero. En efecto, la ley dispone que el aumento de horas no lectivas «podrá financiarse con hasta el 50% de los recursos establecidos en la ley N°20.248»; es decir, con cargo a la subvención que el Estado le entrega a los establecimientos particulares subvencionados.
Luego, porque empoderaría a un sector que le interesa mantener controlado, como el Colegio de Profesores.
Pero principalmente, porque, proviniendo de un neoliberal convencido y militante, todo apunta a que el sentido último de la maniobra consiste en la reducción de potestades publicas respecto del sector particular subvencionado.
En lugar de dudar si participar o no en la comisión de Piñera, el Colegio de Profesores debería utilizar toda su capacidad de negociación y presión para lograr que el Gobierno implemente en su totalidad los dispuesto en la Ley 20.903; esencialmente para el caso en comento, el aumento de las horas no lectivas hasta la proporción 61%-41% establecida en la ley.
Pero eso supondría reconocer un avance logrado por la dirección anterior; lo que hace presumir que no lo va a hacer, cálculo que, ciertamente, también hizo Piñera.
En consecuencia, lanzó una maniobra evasiva con la doble finalidad de cambiar el foco, y lograr que nadie ande exigiendo la implementación de la Carrera Docente, establecida en la Ley 20.903.
Por tanto, en virtud de los antecedentes reseñados, conviene vigilar atentamente la evolución del pomposo programa Aula para Todos, en especial el informe de la Comisión de Expertos, mayoritariamente compuesta por representantes de la educación de mercado, porque por ahí va a venir de contrabando la contra-reforma de la educación privada.
Cabe apostar sobre seguro que en el cuatrienio de Piñera, esta será la principal iniciativa en educación.
