Contraloría Detectó Irregularidades Delictuales en OS-11 de Carabineros

Dos informes de Contraloría sobre el Departamento de Control de Armas y Explosivos de Carabineros, OS-11, establecieron numerosas irregularidades respecto de la normativa vigente, entre ellas, pagos millonarios a personas que no pertenecen a la institución.

Pero, aún más importante, contribuyen a demostrar que el mega fraude en la institución, que ya se empina sobre sino que contribuyen a mostrar que el mega fraude en la institución, que ya se empina sobre los 28 mil millones de pesos, no es el producto de desorden administrativo o falta de control, sino que obedece a una estructura de corrupción que se vale de diversos conductos y mecanismos institucionales, con el fin de desviar recursos hacia los conjurados.

Una vez más, es necesario recalcar que, a pesar de la evidencia de esto, nadie, en el poder político, se atreve a ponerle el cascabel al gato.

Informe Final sobre Departamento de Control de Explosivos de la Zona de Seguridad Privada, Control de Armas y Explosivos de Carabineros

La fiscalización tuvo por objeto efectuar una auditoría al proceso de planificación, control y evaluación de las actividades realizadas por las autoridades fiscalizadoras contempladas en la ley N° 17.798, sobre Control de Armas, llevado a cabo por el Departamento de Control de Armas y Explosivos, de Carabineros de Chile, dependiente de la Zona de Seguridad Privada, Control de Armas y Explosivos, ZOSEPCAR, entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2016, respecto de los programas «Visitas Técnicas a las Autoridades Fiscalizadoras» y «Fiscalización de Armas Inscritas en Poder de Particulares», con la finalidad de determinar si las operaciones desarrolladas se ajustan a lo establecido en la normativa vigente.

Cabe señalar que la Prefectura de Control de Armas y Explosivos, O.S.11, tiene como misión planificar, organizar, coordinar, difundir, controlar y evaluar, las actividades de las autoridades fiscalizadoras de la ley de control de armas y explosivos, como asimismo, velar por el cumplimiento de las disposiciones que atañen a Carabineros en relación a esta norma.

A su vez, se revisaron los cargos de las cuentas corrientes Nos 9001247, 9020802 .y 573078, denominadas Carabineros de Chile Control de Armas y Explosivos; Dirección de Seguridad Privada Control de Armas y Explosivos; y Carabineros de Chile Seguridad Privada Cuenta Interna, respectivamente, todas del Banco del Estado de Chile, de los años 2015, 2016 y el mes de enero de 2017, en cuanto a la correspondencia entre el beneficiario individualizado en la contabilidad y el receptor efectivo de los fondos acorde a lo informado por la entidad bancaria, así como también la cuadratura de sus saldos con los registros contables, cuyos recursos son administrados por la ZOSEPCAR.

Principales Resultados:

• El Departamento OS-11 no ha implementado procedimientos de control sobre el proceso de custodia de armas entregadas en forma voluntaria por particulares, las puestas a disposición de tribunales y las decomisadas, resguardadas en las bodegas de las autoridades fiscalizadoras, actividad que les corresponde llevar a cabo.

El informe de Contraloría establece que esa repartición policial deberá implementar y formalizar las instrucciones que le permitan cumplir con esa labor, cuyo avance deberá comunicar en el plazo de 60 días hábiles, desde la recepción del informe.

• El OS-11 no ejerció el control respecto de las multas que debían ser aplicadas por las autoridades fiscalizadoras, por transgresiones a la normativa establecida en la ley N° 17.798 y su reglamento.

El organismo contralor dispuso que Carabineros de Chile deberá coordinarse con la Dirección General de Movilización Nacional a fin de que ambas reparticiones adopten las acciones que sean necesarias para dar cumplimiento a lo previsto en la normativa vigente, «implementando un plan de trabajo conjunto que permita dar solución a la falta de aplicación de multas ante infracciones a la citada normativa, y efectuar un correcto control de la recaudación de los recursos asociados a estos procedimientos sancionatorios, debiendo informar el estado de avance a esta Entidad Contralora, dentro del aludido plazo de 60 días hábiles».

• La base de datos de las armas inscritas que mantiene el Departamento OS11 se encuentra desactualizada desde el año 2011, hecho que resulta preocupante atendido que esa información es la única con la que cuenta la institución policial para la planificación de las fiscalizaciones que deben efectuar las autoridades fiscalizadoras.

Agrega el informe: «el servicio auditado deberá implementar las medidas comprometidas, particularmente, la coordinación con la Dirección General de Movilización Nacional, DGMN, con el objeto de contar con información útil, íntegra y confiable para efectuar la aludida tarea, cuyo avance deberá remitir a esta Entidad fiscalizadora en el plazo de 60 días hábiles contado de la recepción de este documento».

• La repartición auditada no ha efectuado el debido control sobre las sumas percibidas por las autoridades fiscalizadoras durante el año 2016, por los rendimientos de los derechos, y multas, así como tampoco respecto de los caudales percibidos por Carabineros de Chile desde la DGMN, correspondientes al 50% de esos mismos conceptos, en virtud de lo previsto en el artículo 26 de la referida ley N° 17.798, determinándose diferencias que no han sido aclaradas, respecto de cuya regularización ese organismo policial deberá informar a esta Contraloría General en el término anotado.

• Se determinaron pagos improcedentes efectuados por la ZOSEPCAR por la suma de $ 110.134.823, girados a un particular que no pertenece a Carabineros de Chile .y que tampoco prestó servicios a la entidad policial; igualmente se detectó un desembolso por un monto de $ 18.381.116, transferido a un tercero que no figura como proveedor de esa repartición y cuyo respaldo corresponde a un servicio ya pagado. Dichos antecedentes fueron puestos a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes, según consta en el oficio

Según versiones de prensa, se trataría de Mario Figueroa y María Virginia Rojas, pareja de aquel, ambos imputados en la causa del maga fraude en Carabineros.

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Informe Final 532-17 sobre Auditoría al Proceso de Control de Armas y Municiones Destinadas al Uso del Personal de Carabineros

La fiscalización tuvo por objeto practicar una auditoría al proceso de control de armas y municiones destinadas al uso del personal de Carabineros de Chile, en el Departamento L.5, particularmente, a aquellas custodiadas en las salas de armas ubicadas en la Región Metropolitana, por el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2016; verificando que estos se ajusten a los objetivos institucionales y a la normativa interna que rige la materia.

Todo ello, en concordancia con la ley N° 10.336, de Organización y Atribuciones de esta Entidad de Control.

El informe detectó las siguientes anomalías:

– Se detectaron diversos incumplimientos en relación con lo dispuesto en la Directiva Complementaria del Reglamento de Armas y Municiones para Carabineros de Chile, N° 14, de 2013, que afectan la eficacia del control de existencias efectuado por el Departamento L.5 respecto de las dependencias que cuentan con asignación de armas y municiones, los cuales se evidencian en las objeciones determinadas que se relacionan principalmente con la —, que por lo demás, consignan datos con un año de desfase, razón por la cual la entidad deberá, según lo comprometido en su respuesta, poner en operación el aplicativo informático —, y adoptar las medidas necesarias con el objeto de que ese sistema asegure que la información contenida en este sea íntegra y actualizada.

– Se advirtió en la sala de armas una serie de diferencias entre la cantidad de elementos registrados en el sistema de inventarios de la institución y el conteo físico de las mismas, las cuales no fueron detectadas por los controles rutinarios establecidos, por lo que la entidad policial ordenó la instrucción de un sumario administrativo, además de abrirse una investigación en la 6a Fiscalía Militar de Santiago.

Asimismo, se denunció el hecho en la Fiscalía Local de San Miguel y en la Fiscalía Metropolitana Sur del Ministerio Público. Sobre el particular, Carabineros de Chile deberá informar a esta Entidad Fiscalizadora sobre las diferencias advertidas, así como también las acciones preventivas implementadas para evitar su ocurrencia futura, en el plazo de 60 días.

– Se observó que al 31 de diciembre de 2016, el Departamento L.5 tenía 59 procesos de compra sin ejecutar, relacionados con adquisiciones de municiones, armas y elementos de protección, por las sumas de $ 1.790.675.719 y USD 13.219.948, de los cuales 9 corresponden a compras iniciadas antes del año 2016, por sumas ascendentes a $ 322.188.370 y
USD 7.894.543,20, dilación que podría afectar la oportunidad en la satisfacción de la necesidad que dio origen a la compra, con el consecuente riesgo asociado de no contar con la disponibilidad adecuada de material policial, como asimismo, eventuales cambios en las especificaciones técnicas de la solicitud inicial, variación en las cantidades efectivamente requeridas, costos asociados y precio final a pagar, además del empozamiento de recursos que se genera, respecto de lo cual el Departamento L.5 deberá implementar las medidas necesarias para evitar la dilación en los procesos de adquisiciones, las cuales deberá comunicar a esta Contraloría General en el mismo plazo de 60 días hábiles.

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Fraude en Carabineros: Nuevo cómputo establece que lo malversado supera los $ 28 mil millones

Luego de varios días de reformalización a los 33 imputados por el megafraude en Carabineros, hoy el fiscal regional de Magallanes, Eugenio Campos, entregó un nuevo monto de la cifra defraudada en la institución: $ 28.348.928.198.

“Los delitos base de lavado de dinero fueron los delitos reiterados de malversación de caudales públicos. Dichos delitos base fueron cometidos entre los años 2006 al año 2017. Como se describió detalladamente en los párrafos anteriores, la comisión de los delitos reiterados de malversación de caudales públicos por parte e los imputados, les generó ingresos de origen ilícito por al menos 28 mil 348 millones 928 mil 198 pesos aproximadamente”, sostuvo el persecutor durante la maratónica audiencia, que se ha extendido desde el pasado miércoles 13 de febrero.

Esta cifra también fue confirmada por Campos en conversación con La Tercera, precisando que “el monto malversado aumentó durante el desarrollo mismo de la investigación, cifra que, por cierto, al estar la investigación abierta, puede seguir en aumento”.
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En diciembre el fiscal ya había adelantado que la cifra se acercaba a lo anunciado hoy, no obstante no se sabía el detalle de cómo los imputados habrían accedido a esta suma de dinero, lo que ha sido descrito durante los últimos días de formalización.

Han pasado casi dos años, a comienzos de marzo de 2017, cuando se dio a conocer que el fiscal regional de Magallanes estaba investigando un fraude económico al interior de la institución uniformada.

Fuente: La Tercera