A la luz de los acontecimientos de corrupción político-empresarial que hoy conmueven al país y cuando se visualiza, como veremos, que la línea argumental tiene sus raíces en la dictadura de Augusto Pinochet, podemos inferir la existencia de una conspiración que se activó en la década de los ochenta para perpetuar la economía neoliberal en el país, con las dramáticas consecuencias de las que hoy somos testigos. No en vano el dictador eligió para ello al abogado y constitucionalista Jaime Guzmán, para que montara una estructura de poder capaz de perpetuarla en el tiempo y mirando la posibilidad cierta de que en su día asumiera un gobierno democrático.
Esto lo llevó a pergeñar un estado de cosas que partiendo por una Carta Fundamental ad hoc, le asegurara al régimen neoliberal mantenerse más allá de las contingencias y tempestades que surgieran en el camino de la República. No resulta antojadizo acotar la gestión de aquél a la idea maquiavélica de hacer gobierno mediante la ambigüedad y la manipulación de la legalidad, puesto que esto está refrendado en muchos de sus actos.
En ese sentido, el autoritarismo imaginó una serie de medidas tendientes al debilitamiento de la política (ya había prohibido la enseñanza de educación cívica en los colegios, la que los políticos de la Concertación fueron incapaces de restablecer mientras fueron gobierno).
Para ello procedió a fortalecer el traspaso de influencia hacia un grupo de empresarios a niveles desconocidos hasta entonces, también a la creación de un espectro político bipartidista con medidas que aseguraran a su sector representación parlamentaria sustentable, en este caso, para beneficio de la derecha aliancista, la que fue favorecida por el sistema binominal de elecciones.
Además, alejando a los políticos del poder central, mandándolos a Valparaíso, convirtiendo la descentralización en una broma de mal gusto y, por cierto, aligerando las incompatibilidades entre el dinero y el poder con el fin de acrecentar su influencia.
A todo este cuadro sólo le faltaba la guinda de la torta, la que tardaría algunos años, mientras se consolidaba la idea del empate y la despolitización del sistema: la legalización del voto voluntario en 2012 como mecanismo eleccionario, el que, precisamente, se dio en un escenario de fuerte desafección partidaria y una baja ostensible de la inscripción electoral y lo que es más sugestivo, bajo un gobierno de derecha, afecto consciente o inconscientemente al plan de debilitamiento de la política, hecho que la Concertación abrazó con una indolencia impresionante.
Entonces no es banal achacarle a la dictadura un plan desestabilizador de la política y los políticos, considerando la aversión y desconfianza que el dictador y sus asesores tenían hacia éstos.
El plan se activó cuando el autoritarismo ya se había encargado de despojar a los chilenos de sus propiedades estatales en diversos campos de la economía, incluidos los de la minería, de modo que los nuevos dueños de tales empresas debían convertirse en el tiempo ?tal como ocurrió efectivamente?, en los agentes económicos más poderosos de la nación.
Desde luego, serían los depositarios de la fe del régimen autoritario y coadyuvarían a la mantención del sistema, conforme a una estrategia que, yendo más allá de la ficción, selectivamente se encargaría de financiar a los partidos y candidatos de esas dos grandes coaliciones repartiéndose sus áreas de influencia.
Los conspiradores, enemigos a muerte de la política y los políticos, habían abrazado hacía rato la idea del gobierno de los ricos y el cautiverio de la civilidad democrática. Porque ¿qué otra fuerza conocida podría reemplazar mejor a los políticos y someterlos lentamente a su influencia?
Quiénes, sino estos empresarios bendecidos por la voluntad del dictador y a la sazón, en el delirio del enriquecimiento y de la consolidación del poder.
Por eso, después de asegurados los detalles técnicos, legales y económicos, para ganar el plebiscito de 1989 y perdida luego su esperanza de continuar en el Poder, la dictadura procedió a poner en marcha la gran conspiración que tenía como puerta de entrada establecer los vínculos entre estas grandes empresas ?que más tarde resultarían ser Penta y Soquimich? con los partidos políticos, con la idea de cogobernar con la civilidad mediante un aparato de control en las sombras.
Si no, ¿cómo se explica que un yerno del dictador obrara por sí, a favor de una de las actividades más odiadas por su suegro y que, precisamente, financiara las campañas de sus enemigos, hoy representados en la NM?
Ya lo dijo la Fiscalía: Penta empezó a emitir boletas falsas desde 1990, apenas iniciada la democracia, dato que viene a confirmar la existencia formal de la conspiración con las consecuencias que tendría más tarde para la democracia chilena.
Desde luego, el primer contacto de tales empresas con los partidos políticos debió hacerse mediante los buenos oficios de una categoría de agentes que harían de nexos permanentes entre el dinero y la política: la de los operadores políticos, que activarían tanto las solicitudes como las reparticiones de dinero, para solventar las campañas y necesidades de los candidatos y partidos en el escenario bipartidista, apelando a una suerte de realpolitik, sin alternativa posible.
Estos sombríos personajes, incrustados en ambos lados del espectro político, serían los puentes para llevar agua al molino de la corrupción, planteando de paso, el terrible dilema de cómo reconocer a los inocentes.
Esperamos que los justos sean muchos para honra de todas las coaliciones partidarias y que la política y el país sigan contando con una élite, por pequeña que sea, de servidores de la actividad más noble que puede ofrecer la Nación a un hombre o a una mujer.
Fuente: El Quinto Poder
