En estos días, se supo por fin lo que la derecha entiende por «mínimo» para que una familia pueda sobrevivir en medio de la catástrofe que ha significado para chilenos y chilenas, la pandemia de coronavirus.
En realidad, nada muy novedoso. Mantener a la población de trabajadores y trabajadoras y sus familias en la miseria sin morir, mientras al empresariado se le brindan toda clase de ayudas, subsidios, créditos y facilidades legales.
Algo tan viejo como el hilo negro, presentado como si fuera la novedad del año. Y más encima, como si se tratara de un aporte a la solución de las pellejerías que vienen sufriendo las familias chilenas hace a lo menos un año. Se trata de una descripción edulcorada del lado angosto del embudo.
Al empresariado se le brindan todas las facilidades -no digamos, precisamente, al «emprendedor» sino al pez gordo del retail, la construcción, los servicios, la explotación de recursos naturales, con la chiva de que son los que dan empleo-, mientras al pueblo se le ofrecen migajas como los beatos reparten limosnas a la salida de las iglesias.
Lo más indignante en todo caso no es eso, sino el escándalo con el que reaccionan ante las tibias críticas que se le han hecho a su propuesta de «mínimos comunes», como si se tratara de un gran aporte a la solución de las necesidades de la población.
Rasgan vestiduras, como si a estas alturas a alguien le parecieran sinceros sus gestos de caridad, los que espetan hipócritamente la prepotencia del rico para tratar al pobre. Y acto seguido, denuncian falta de voluntad para lograr un «consenso» que vaya en beneficio de las familias.
¿De cuándo que se necesita un consenso para eso? Evidentemente, lo que por tal entiende la derecha es la concesión, la entrega, la renuncia de la oposición a su calidad de mayoría social, política, cultural y moral, para seguir haciendo lo que viene haciendo hace unos cuarenta años: gobernar para el empresariado y asegurarle así su posición de dominio sobre la sociedad.
Lo que realmente se necesita son políticas estatales -ya que la avaricia y ambición de los empresarios les hacen actuar siempre en sentido contrario- que vayan en beneficio de la población, en empleo, en salud, en salarios, en educación, protección social y participación; cuidado del medioambiente e integración de la diversidad de género.
Resulta por consiguiente, inconcebible, la búsqueda de un consenso que vaya en esa dirección sin antes pasar por un conflicto que se resolverá democráticamente, esto es a través de la determinación de mayorías y minorías en los órganos correspondientes del Estado, diferencia que el binominalismo borró a fuerza de exclusión, manipulación y represión, presentadas como «virtudes republicanas» y que hasta el día de hoy se expresan pese a la reforma del sistema electoral.
La derecha no va a ceder un milímetro ni el pueblo necesita que lo haga, pues la expresión de su voluntad en las urnas fue categórica al respecto. Mas de cuatro quintas partes de quienes participaron en las elecciones del 15 y 16 de mayo, se manifestaron por las listas y candidatos que propugnan un cambio social y político.
Es ocioso, pues, continuar pontificando acerca del consenso y los acuerdos con quienes los han negado sistemáticamente en los últimos treinta años a través de una institucionalidad política y social excluyente.
Es innecesaria una norma como la de los dos tercios, en tanto la composición de la Convención es mayoritariamente partidaria de cambios de fondo al orden Constitucional y consecuentemente, político y social. En realidad, el consenso ya existe y es lo que se expresó en las urnas.
Es innecesario un acuerdo con la derecha, existiendo ya en el Parlamento proyectos que cuentan con un respaldo mayoritario como el de renta universal de emergencia, royalty minero, impuesto a los super ricos y otros, que apuntan en la dirección de favorecer a chilenos y chilenas, a las familias trabajadoras en el transcurso de la pandemia de coronavirus.
Muchas de ellas, por lo demás, necesarias incluso en contextos de normalidad de una sociedad democrática y no el mamarracho que el neoliberalismo ha presentado los últimos treinta años como paradigma de «modernidad», siendo en realidad todo lo contrario.
Por cierto, la derecha históricamente ha demostrado su desprecio por el consenso promoviendo conspiraciones palaciegas, oponiéndose a la inclusión, sosteniendo posiciones odiosamente clasistas, discriminatorias, excluyentes, xenófobas y de un chovinismo de clase que la ha llevado a promover golpes de estado y asonadas militares cuando ya no tiene ni los votos ni los argumentos para sostenerlas.
Lo que el pueblo ha manifestado en las calles y en las urnas con un costo de miles de encarcelados, mutilados y víctimas de trauma ocular, desapariciones y hasta asesinatos, se debe expresar ahora en un nuevo consenso que no es sino la ampliación de los límites para la participación.
En primer lugar, en la distribución de la riqueza producida y que la sigue acumulando groseramente un puñado de familias, por ejemplo a través de los salarios.
Participación en el proceso constituyente, a través de plebiscitos intermedios, revocación de cargos de constituyentes que no den cuenta de su actuación y que pudieren manifestar conflictos de interés en la discusión de materias constitucionales; audiencias públicas, rendición de cuentas de los convencionales en sus respectivos distritos, etc.
Ciertamente, además, el paisaje político del país cambió en la última elección y la participación de los independientes –esto es, de quienes teniendo una posición política, no militan en partidos inscritos legalmente- debiera ser parte de este nuevo consenso y no puede seguir siendo contenida por una institucionalidad cuestionada y que ya no goza de legitimidad social.
Ese es el verdadero consenso. Se trata de un acuerdo que debiera expresar institucionalmente y legitimar políticamente la voluntad mayoritaria del pueblo y no el resultado de camarillas, conspiraciones y cocinas como las llamo el ex senador demócrata-cristiano Andrés Zaldívar, que es en realidad el consenso hipócrita de quienes se resisten a los cambios y que con palabras dulces y gestos grotescos de «amistad cívica», se preparan para dar un zarpazo al nuevo consenso social que emerge de la movilización popular y que deberá expresarse en a futura Constitución.
