La comisión de Visita Semestral de Cárceles de la Corte de Apelaciones de Santiago entregó un informe en el que detalla las brutales e inhumanas condiciones prevalecientes en las unidades penales de la jurisdicción, tanto de imputados como condenados, las que de acuerdo al derecho internacional constituyen flagrantes violaciones de los derechos humanos de los internos.
Durante el mes de diciembre pasado, la comisión que preside la ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago Romy Rutherford Parentti, y que integran jueces de juzgados de Garantía y de tribunales orales, visitó el Centro de Detención Preventiva Santiago Sur (ex Penitenciaría), el Centro de Detención Preventiva Santiago I, la unidad especial de Alta Seguridad, el Centro de Reclusión Cerrado Masculinio de Til Til, el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Punta Peuco, el Centro de Cumplimiento Penitenciario Colina II, el Centro de Cumplimiento Penitenciario Santiago I, la unidad de atención psiquiátrica de imputado del hospital psiquiátrico Dr. José Horwitz, el Centro de Reinserción Social Manuel Rodríguez, el Centro de Educación y Trabajo Metropolitano, el Centro de Internación Provisoria Mixto, el Centro de Régimen Cerrado Femenino San Francisco y el Centro Semicerrado Femenino de Santiago.
La comisión realizó un detallado informe de cada una de las unidades penales y las observaciones finales se entregan en documento adjunto conteniendo los comentarios y sugerencias de cada lugar recorrido.
Sobre el Centro de Detención Preventiva Santiago Sur, la comisión hace notar «el retroceso que significó volver incorporar población penal en calidad de imputados dentro de esta unidad», recordando que la salida de procesados de dicha unidad «fue un logro trabajoso, que tardó años en hacerse realidad», por lo que «resulta frustrante volver a una situación que se creía ya superada, con aquella medida adoptada en septiembre de 2015, al redestinar 128 imputados al CDP Santiago Sur provenientes del Centro de Detención Preventiva Santiago Uno, unidad creada precisamente con el objeto de cumplir tal cometido, que aparece como un punto que urge revertir a la brevedad».
La comisión, además, hace notar que tal redestinación no consideró el hacinamiento persistente de la población penal en el CDP Santiago Sur, situación que «en ocasiones, llega a estar reñida con lo más elementales estándares que exige dignidad humana»:
«La cantidad de internos que duermen casi apilados, unos sobre otros, en reducidos espacios, con nula ventilación y luz natural, en condiciones insalubres, con presencia de chinches y otros parásitos».
En el mismo orden de ideas, «llama la atención la existencia de una calle entera (calle 12) absolutamente desocupada y en espera, desde hace aproximadamente un año, de destinación final, puesto que su utilización efectiva en beneficio de la población penal ya existente permitiría alivianar en parte la situación descrita», expone el informe.
Sobre las condiciones constatadas en la ex Penitenciaría, el informe asegura que el recinto penal presenta:
«Insuficiencias, destrucción y falta de higiene evidentes, así como rotura de cañerías que mantienen un pérdida constante de aguas corriendo en los pisos (…) Conjuntamente con aquella situación, persisten las instalaciones eléctricas irregulares, que constituyen una amenaza permanente, no sólo de electrocución de algunos internos, sino que también como agentes potencialmente generadores de incendios, que unidos a la deficiencia en la distribución de agua potable, amenazas con constituirse en catástrofes de resultados impredecibles».
Asimismo, el informe deja constancia de las condiciones de trabajo de los funcionarios de Gendarmería en el recinto:
«No puede dejar de observarse las precarias condiciones en que pernoctan los funcionarios de Gendarmería dentro del penal, sobre todo aquellos más recientemente incorporados, ya que las dependencias por ellos habitadas están en pésimo estado de mantenimiento, hacinadas, sucias y carentes de luz, encontrando incluso basura amontonada en los pasillo y rincones de las dependencias de descanso, situación ésta que en algunos casos no se diferencia mucho de aquella forma de vida que actualmente mantienen los reclusos».
En cuanto al Centro de Detención Preventiva Santiago I, la comisión de visita de cárceles denuncia que
«Es urgente realizar aquí una revisión profunda de los incumplimientos en que ha incurrido la empresa concesionaria y, consecuencialmente, analizar si ello acaso no justificaría poner fin a dicho contrato atendidas las graves falencias constatadas».
Sobre el punto sostiene:
«La situación de reposición de servicios básicos como agua potable y electricidad en módulos constituye un requerimiento básico y urgente que no solo atenta con la provisión de dichos servicios, sino que configura una situación de alta inseguridad para el personal penitenciario, el que en la actualidad se ve obligado a ingresar a ciertas áreas provisto de linternas personales a falta de luz».
Agrega el informe:
«La disputa contractual respecto de qué entidad debe proveer los recursos para ejecutar las reparaciones urgentes, es una situación que lleva entrampada la solución del problema hace varios años. Sin perjuicio de la complejidad propia del problema legal, lo cierto es que la seguridad personal de la población penal, de los funcionarios penitenciarios que laboran en su interior y, en suma, la habitabilidad del recinto en condiciones compatibles con la dignidad humana, exigen una solución pronta y efectiva de dicho conflicto»,
A jucio de los informantes, se «configura una situación inaudita para cualquier recinto penitenciario –que su área de seguridad esté transformada en un callejón oscuro– situación que en este caso no está vinculada a las dificultades de interpretación contractual, sino que parece constituir un incumplimiento flagrante de las obligaciones más básicas asumidas».
Sobre la alimentación de los internos de esta unidad penal, la comisión jurisdiccional registró las quejas de los internos sobre la entrega en ocasiones de alimentos fríos y panes semicongelados. Además, se advierte el prolongado tiempo en que los internos permanecen sin alimentación, debido a que cenan a las 5 de la tarde, debiendo esperar el desayuno que se sirve a las 9 de la mañana del siguiente día:
«En efecto, aquel alimento se les reparte a eso de las 17 horas, luego de lo cual no reciben bocado alguno hasta las 9:00 de la mañana del día siguientes, sin que exista en este recinto –a diferencia de otros– la posibilidad de que los propios internos, a través de sus familiares, puedan proveerse algunos alimentos adicionales para morigerar aquel prolongado lapso de tiempo sin comer».
Asimismo, los comisionados consideraron «de extrema gravedad» la entrega de alimentos en una bandeja desprovista de cubiertos, «lo que obliga a los internos a consumirlos con la mano»:
La situación, según se aprecia, no sólo tiene evidentes ribetes de tipo sanitario, sino que tal vez los más grave, es que atentan en contra de una cuestión elemental de dignidad humana. El problema fue reconocido por las autoridades pertinentes y, nuevamente la concesionaria esgrimió aspectos contractuales, vinculados esta vez a la provisión de determinada cantidad de utensilios cuya permanencia debía ser garantizada por la vigilancia atenta de Gendarmería».
En concordancia con la situación advertida en el Centro de Detención Preventiva Santiago Sur y el traslado a dicho recinto penal de internos de Santiago I, el informe agrega:
«Se considera que es evidente que la decisión política de trasladar internos imputados desde ese Centro Penitenciario a otros que son propiamente de cumplimiento, obedece a una medida tendiente a evitar el pago de multas a la empresa concesionaria, motivado en la sobrepoblación de internos en la cárcel concesionada. Esa decisión, entiende esta Comisión, no obedece a un simple requerimiento emanado del señor alcaide de la cárcel concesionada, ni al ofrecimiento voluntario y gracioso de espacio disponible por parte de CCP Santiago Sur, sino que plasman una decisión adoptada en las más altas esferas de la política penitenciaria, tendiente a ahorrar recursos económicos».
En la unidad especial de Alta Seguridad, la comisión aconseja:
«Sería una práctica adecuada el mantener un registro completo de las resoluciones que imponen castigos, los antecedentes que les sirven de fundamento y la necesidad de que aquellas hayan sido ejecutadas sólo una vez que la resolución respectiva quede firme».
En el caso de las condiciones que presenta el Centro de Reclusión Cerrado Masculino Til Til, la comisión de visita de cárceles reitera las observaciones realizadas por comisiones anteriores respecto de la falta crónica de agua potable en el recinto, el «(…) depende directamente del abastecimiento de agua de pozo administrado por el penal Punta Peuco, considerando, además que la unidad que alberga a menores está ya a un nivel crítico de funcionamiento con 100 jóvenes, que es el número máximo de la población que es posible albergar».
Además, la Comisión observó también con atención las malas condiciones en las que se encuentran las dependencias o «ranchos» en los que deben permanecer los funcionarios de Gendarmería a cargo de la custodia perimetral del recinto, lugar estrecho y hacinado, con filtraciones de agua desde el baño hacia un dormitorio, todo lo que ya había sido consignado en la visita anterior, sin constatarse avance alguno, desde que las escasas reparaciones no resultaron suficientes para mitigar estas falencias.
En el Centro de Cumplimiento Penitenciario Punta Peuco, en tanto, el informe consigna:
«Presenta grandes dificultades para los desplazamientos a centros de salud imprescindibles para los internos, atendida especialmente la edad avanzada de muchos de ellos, en particular, la asistencia a centros de diálisis».
Asimismo, se recibieron reclamos sobre la restricción de visitas, sobre todo de familiares de internos de menos recursos.
En el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Colina II se advierten deficiencias en las condiciones de las celdas de aislamiento:
«Las condiciones de estos recintos, veinte celdas sin luz natural ni patio, son absolutamente inhumanas, sus dimensiones, que no superan los ocho metros cuadrados, albergan hasta catorce personas y cuentan también en su interior con un ‘baño turco’ para que los sujetos realicen sus necesidades fisiológicas en el mismo sitio. El hedor, oscuridad y pestilencia en la que deben además recibir alimentos a puerta cerrada fue corroborado directamente por los comisionados».
La visita continuó en el Centro de Cumplimiento Penitenciario Colina I, donde se constató un alto cupo aún disponible para el ingreso de internos, lo que contrasta con el hacinamiento de otros penales.
Asimismo, se asegura que «se requiere resolver el tema del largo tiempo que permanecen los internos sin ingerir alimentos después de la cena (la que reciben a las 15:30 horas)».
En el unidad de atención psiquiátrica de imputado del hospital Horwitz, Centro de Reinserción Social Manuel Rodríguez, Centro de Educación y Trabajo Metropolitano, Centro de Internación Provisoria Mixto, Centro de Régimen Cerrado Femenino San Francisco y el Centro Semicerrado Femenino Santiago, se detectaron falencias menores, destacando algunas de las condiciones especiales de cada uno de estos recintos.
La comisión, además, realizó una serie de observaciones generales para mejorar el trabajo y recoger de mejor manera las inquietudes de los internos:
«En esa perspectiva sería muy positivo afianzar oficialmente la práctica de contar con la presencia permanente de la Defensoría Penal Pública, en particular de su división penitenciaria, pues ello permite que los internos tomen rápidamente contacto con un profesional que cuente con los conocimientos técnicos precisos para brindarles asesoría legal».
Asimismo, se sugiere que el Poder Judicial fomente la participación de organizaciones ciudadanas en este tipo de actividades para que la ciudadanía conozca de manera transparente:
«Todo lo malo y lo bueno que encierran, el esfuerzo de los trabajadores que allí operan, como los fracasos, logros y esperanzas que la rehabilitación o readaptación social se promete para los internos y sus familias. Todo ello, merecer ser conocido por el conjunto de la sociedad de manera más directa, y también de manera más cruda, de modo de posibilitar una mayor comprensión de los problemas y desafíos que plantea».
Finalmente, la comisión propone –debido a la cantidad de penales que debe visitar (13 en total), grado de diversidad y complejidad– dividir el trabajo en dos grupos paralelos que realicen sus funciones de acuerdo a criterios geográficos y funcionales, además de alternar las visitas.
El informe íntegro fue remitido al pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago, a la ministra de Justicia, el director nacional de Gendarmería y los alcaides de cada recintos visitado.
Descargue el informe completo
Gendarmes: «Somos los hermanos pobres»
El presidente de la Asociación Nacional de Suboficiales de Gendarmería, Joe González, criticó la labor de los últimos gobiernos tras conocer los resultados del informe de la Corte de Apelaciones sobre las condiciones al interior de los recintos penitenciarios del país.
González indicó que «lo dice en este caso la Corte de Apelaciones, lo dicen otros expertos y es aquí donde los gobiernos de turno no han asumido esta crisis».
«Lamentablemente hemos visto aquí solamente los esfuerzos del Gobierno que se enfocan principalmente en Carabineros, Investigaciones y el Ministerio Público. Lo hemos visto en el Gobierno de Piñera, lo vimos en el Gobierno pasado de la Presidenta Bachelet», dijo.
«El hermano pobre siempre es Gendarmería y créanme que he visto de todo: Basura, hacinamiento de la población penal, chalecos antibalas que estaban amarrados con alambre», recalcó González.
Las cárceles encierran gente pobre
Por su parte, el capellán nacional de cárceles, el jesuita Luis Roblero, sostuvo:
«Todo lo que son cárceles más bien públicas, como las grandes, como la Penitenciaría, tienen carencias que hacen que la vida tenga un nivel de dignidad bastante inferior al que uno desearía a un ser humano. Vemos que no hay avance en temas de infraestructura, vemos que no hay avances en temas de gestión, de procedimiento. El problema de las cárceles es que las cárceles encierran gente pobre».
Desde el Gobierno, el vocero Marcelo Díaz indicó:
«Esto se enmarca dentro de una deuda que tenemos como país desde hace mucho rato en esa materia y tenemos que seguir trabajando para mejorar las condiciones de los recintos penitenciarios porque el rol que cumplen no es solamente de privación de libertad sino que también deben cumplir una función de reinserción, resocialización, de quienes han sido condenados a penas privativas de libertad».
«Siempre los recursos son una limitación, particularmente en países como el nuestro que tienen todavía tremendos desafíos de distintos puntos de vista y justamente esta es una dimensión de la que también nos tenemos que hacer cargo», concluyó.
