Una condena a 25 años de prisión sentenció un tribunal argentino para Reynaldo Bignone el último presidente de facto del gobierno militar, por el robo de niños hijos de presos durante el régimen militar (1976-1983)La Justicia tarda pero llega.
También fueron condenados en este mismo proceso, el general Santiago Omar Riveros, a presidio perpetuo como principal inculpado en el juicio, el segundo que se realiza por el robo de bebés en la maternidad clandestina de la guarnición militar de Campo de Mayo, en la periferia de la capital argentina.
Otros sentenciados fueron el médico militar Norberto Atilio Bianco y la partera Luisa Yolanda Arroche – a 13 y 7 años de años de prisión, respectivamente- acusados de atender los partos y extender las actas de nacimientos fraudulentas.
Se trata de la quinta condena para Bignone, de 86 años, quien cumple cadena perpetua por una docena de casos.
El pasado mes de octubre, el general fue sentenciado a 23 años de prisión por «crímenes de lesa humanidad» en el denominado «juicio de los obreros» que investigaba el secuestro y tortura de más de 30 trabajadores en Buenos Aires.
Una condena a 25 años de prisión sentencio un tribunal argentino para Reynaldo Bignone el último presidente de facto del gobierno militar, por el robo de niños hijos de presos durante el régimen militar (1976-1983).
También fueron condenados en este mismo proceso, el general Santiago Omar Riveros, a presidio perpetuo como principal inculpado en el juicio, el segundo que se realiza por el robo de bebés en la maternidad clandestina de la guarnición militar de Campo de Mayo, en la periferia de la capital argentina.
Otros sentenciados fueron el médico militar Norberto Atilio Bianco y la partera Luisa Yolanda Arroche – a 13 y 7 años de años de prisión, respectivamente- acusados de atender los partos y extender las actas de nacimientos fraudulentas.
Se trata de la quinta condena para Bignone, de 86 años, quien cumple cadena perpetua por una docena de casos.
El pasado mes de octubre, el general fue sentenciado a 23 años de prisión por «crímenes de lesa humanidad» en el denominado «juicio de los obreros» que investigaba el secuestro y tortura de más de 30 trabajadores en Buenos Aires.
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