El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Valparaíso dictó veredicto condenatorio en contra del ex alcalde de El Quisco, José Miguel Carrasco Núñez (DC), como autor de dos delitos de fraude al fisco, ilícitos perpetrados en 2007 y 2008 en la tramitación de los proyectos inmobiliarios Villa Marina 1 y 2 de la comuna. El monto de la sentencia será conocido el próximo 11 de abril.
En resolución unánime (causa rol 310-2015), el tribunal -integrado por los magistrados Claudio Martínez (presidente), Jany Silva y Paula Ramos (redactora)- consideró que «en el proceso de elaboración y presentación de los proyectos Villa Marina 1 y 2, los respectivos directores municipales emitieron certificados, en conocimiento, en razón de su cargo de alcalde, del acusado José Miguel Carrasco, de la falsedad o imprecisión de su contenido y de la finalidad perseguida con su presentación, consintiendo de esta forma en la defraudación de que fue objeto el Fisco de Chile, mediante la obtención fraudulenta del subsidio diferenciado a la localización de los 2 proyectos habitacionales antes mencionados, que ocasionaron un perjuicio económico ascendente a 50.015,11 UF».
Asimismo, el tribunal acogió la demanda civil de indemnización de perjuicios, solicitada por el Consejo de Defensa del Estado, en contra de Carrasco Núñez por 50.015,11 UF.
La audiencia de comunicación de la sentencia –que será redactada por la magistrada Paula Ramos– quedó programada para las 15 horas del próximo lunes 11 de abril.
El Ministerio Público pidió una condena de 12 años para Carrasco Ortiz.
Querella del CDE
El origen de esta sentencia remite a una querella por el delito de fraude al Fisco interpuesta por el Consejo de Defensa del Estado contra el ex alcalde de El Quisco; además de José Ugaldes Jamett, Gabriel Naranjo Sánchez, Alberto Ramírez Urzúa y Víctor Rolando Elicer Gutiérrez, todos por la supuesta tramitación y obtención de subsidios habitacionales en forma fraudulenta con los que se perjudicó al Fisco en 1.700 millones de pesos.
De acuerdo con la investigación realizada por la Contraloría Regional, en el proceso de selección y entrega de los subsidios se habrían obtenido documentos falsificados que acreditaban que se cumplía con los requisitos exigidos para los subsidios de «localización». Dichas exigencias establecen que los terrenos para los cuales se postula deben estar a mil metros de un establecimiento educacional, a 500 de los accesos a la locomoción colectiva y a menos de 2 mil 500 metros de un establecimiento de salud.
En el caso de los proyectos habitacionales Villa Marina I y II se encuentran a unos 4 mil 550 metros de un establecimiento de educación; a mil 500 metros del paradero; no existe un centro de salud a menos de los 2 mil 500 metros y los accesos a los proyectos no cuentan con las condiciones mínimas de seguridad, pues hay un tramo de unos 700 metros que no cuenta con alumbrado público.
Documentos falsos
La Entidad de Gestión Inmobiliaria Social (EGIS) que asumió en este caso la misión de gestionar legal y administrativamente los subsidios de las familias reunidas en los tres comités fue la empresa Agencia Habitacional Patrimonio S.A., especialmente a través de su representante legal, Alberto Ramírez.
De acuerdo con la querella presentada por el CDE, para salvar las distancias antes indicadas (con los establecimientos educacionales y centro de salud), la EGIS encargada de gestionar los tres proyectos «presentó ante el SERVIU documentos que certificaban situaciones enteramente falsas».
Según la acción legal, uno de los certificados fue el Nº 19 del 3 de abril del 2008, emitido por Gabriel Naranjo, en su calidad de director Administrativo de Educación Municipal de la Municipalidad de El Quisco, que certificó la existencia de nivel prebásico y básico para el año 2008 en el Anexo Colegio El Quisco, que estaría ubicado a escasos metros de los proyectos aludidos.
Sin embargo, según pudo constatar el personal de la Contraloría Regional, dicho proyecto no existía en dicho lugar.
, como autor de dos delitos de fraude al fisco, ilícitos perpetrados en 2007 y 2008 en la tramitación de los proyectos inmobiliarios Villa Marina 1 y 2 de la comuna. El monto de la sentencia será conocido el próximo 11 de abril.){kind=link}