El Décimo Tercer Juzgado Civil de Santiago condenó al fisco a pagar una indemnización de diez millones de pesos por el actuar negligente del Ministerio Público en investigación sobre red de corrupción al interior de la Policía de Investigaciones.
En el fallo (causa rol 17.513-2015), el juez Sebastián Pérez-Gazitúa Sánchez estableció la responsabilidad del ente persecutor por formalizar y someter a prisión preventiva al demandante en octubre de 2008, quien finalmente fue absuelto por falta de pruebas en juicio oral.
«(…) lo determinante para resolver el conflicto era examinar la justificación de la conducta desplegada por el Ministerio Público. No se trata de un examen de resultado basado en el éxito de la investigación, pues como se ha dicho, la sola absolución es insuficiente para calificar la falta de razonabilidad. Lo relevante no es el acierto o desacierto en la decisión de llevar adelante una investigación formalizada, sino la razonabilidad de los actos que concatenaron las distintas etapas investigativas», sostiene el fallo.
Resolución que agrega: «De ahí la necesidad de analizar los elementos que obran en la carpeta investigativa y que se invocaron al contestar esta demanda, muy particularmente, el uso de la clave propia del imputado para eliminar los registros Gepol y la existencia de sanciones previas por la misma conducta. Eran estos antecedentes aquellos que corroboraban la verosimilitud del testimonio que inculpaba a Ricardo Meza Fuenzalida. Y al no exhibirse, solo cabe concluir la falta de justificación en el actuar del ente persecutor».
«Dicho de otro modo –continúa–, sostener una investigación formalizada durante tres años y solicitar la cautelar de prisión preventiva para finalmente acusar solo sobre la base de un testimonio, sin realizar diligencia alguna tendiente a obtener otro elemento probatorio para la corroboración de los hechos que se imputan, configura una conducta injustificadamente errónea del Ministerio Público».
«Llegados a este punto debe desecharse la alegación de la demandada orientada a que la prisión preventiva de Ricardo Meza Fuenzalida fue decretada por los Tribunales de Justicia. Primero, porque conforme al artículo 140 del Código Procesal Penal la prisión preventiva se decreta a petición del ente persecutor, no de oficio; y es precisamente esa solicitud la que se examina en este juicio. Y segundo, porque el pronunciamiento judicial se realiza sobre la base de los antecedentes que la Fiscalía informa en la carpeta investigativa; elementos que, a la luz de la prueba rendida en esta instancia, carecían de verosimilitud», añade.
«Establecida la concurrencia de todos los elementos de la responsabilidad civil estatuida en la Ley N°19.640, corresponde fijar el quantum del daño moral, regulándose prudencialmente en la suma de $10.000.000. Si bien el sufrimiento es difícil de cuantificar, para la determinación del monto se ha tenido en consideración la trascendencia de la conducta desplegada por el Ministerio Público y muy particularmente la afectación de la libertad personal del demandante, cuyos efectos son permanentes en el tiempo», concluye.
Fuente: Poder Judicial
Historia: Corrupción con placa
El detective Diego Inostroza Flores (35), del Departamento de Extranjería, se había casado el jueves en el Registro Civil y ayer debía contraer matrimonio por la ley de Dios en una iglesia de Recoleta. El martes próximo pensaba irse de luna de miel a Pucón. La vida le sonreía.
En cambio, el detective Marcelo Palavecino Flores (33), de la Brigada de Investigación Criminal (Bricrim) de San Bernardo, lo estaba pasando mal. Un banco y diferentes casas comerciales lo tenían amenazado de embargo y se encontraba a punto de perder el departamento y su vehículo.
Inostroza y Palavecino son dos “perfiles” de la red de corrupción que formaban 10 efectivos de la Policía de Investigaciones (el último capturado ayer, ver recuadro) y funcionarios del Poder Judicial.
Todos fueron detenidos en la madrugada del viernes, en el marco de la investigación que lleva la Fiscalía Centro Norte desde el año pasado contra esta mafia que ha remecido a dos de las principales instituciones del país.
Según cálculos de la fiscalía, entre 80 y 150 delincuentes fueron favorecidos por esta organización que viene operando desde hace cinco años en los tribunales. Entre estos antisociales hay hampones de poca monta, pero también peligrosos asesinos, violadores y traficantes.
Por ejemplo, el homicida y narco Nelson Bórquez Haro eludió órdenes de detención de cuatro tribunales de la República y es posible que haya huido del país. Otro asesino favorecido es Daniel Silva Valverde, buscado por dos tribunales. Lo mismo el estafador contumaz Alejandro Zuik Ring, quien evitó cuatro órdenes de captura.
MODUS OPERANDI
De acuerdo a la investigación desarrollada por la fiscal Nancy González, la líder de esta organización es Margarita Cuadros Aedo (55), ex dactilógrafa de Investigaciones entre 1974 y 1980 y ex actuaria del 23er. Juzgado del Crimen de Santiago hasta el año 2005. Durante todo ese tiempo tejió una madeja de contactos que usó para vender favores a delincuentes.
Mano derecha de Margarita Cuadros y encargado de contactar a tan “selecta clientela” era el detective Jorge Fuentes Molina (38), de la Brigada Investigadora de Robos Metropolitana (Birom). Además, se preocupaba de pagarles a sus colegas y de proteger a los familiares de Cuadros Aedo.
Fuentes Molina visitaba las cárceles y acordaba los precios con los delincuentes interesados. Las tarifas más altas correspondían a las libertades y las rebajas de condenas “truchas”, es decir, con firmas de jueces y timbres falsos.
Por estas “resoluciones judiciales”, cobraban hasta $4.500.000. Pero también vendían contraórdenes de arresto a valores más “módicos”.
En estas gestiones, Margarita Cuadros contaba con la complicidad de René Pizarro Araya (39) y Joaquina Carreño Ramírez (51), del 32º Juzgado del Crimen de la capital y del 4º Tribunal de Garantía de Santiago, respectivamente.
Otra “especialidad” de Joaquina Carreño era el robo de expedientes en distintos juzgados, por lo cual cobraba un millón y medio.
Otro implicado en los hechos es Darwin Arancibia Muñoz (39), funcionario del Servicio Médico Legal (SML). Su “nicho” era la adulteración de las alcoholemias, por las que pedía hasta $1.800.000.
No perdonaba, porque incluso le cobró al detective Mario Acuña Sagal (32), otro de los detenidos de esta mafia. El funcionario chocó en estado de ebriedad y tenía 2,3 gramos de alcohol en la sangre (coma etílico), pero el examen llegó limpio al tribunal.
DETECTIVES “HACKERS”
La tarea de los detectives corruptos consistía en eliminar los antecedentes de los delincuentes y las órdenes de arraigo desde el sistema computacional Gepol (Gestión Policial) de la PDI. Para ello, usaban las claves de ingreso de sus jefes o de otros funcionarios.
En estos ilícitos descollaban el “novio” Diego Inostroza y el “moroso” Marcelo Palavecino. El primero llevaba 8 años en Investigaciones, dos de ellos en el Departamento de Extranjería.
Estaba destinado al Aeropuerto Comodoro Arturo Merino Benítez, donde verificaba que se hubiesen eliminado las órdenes de arraigo. Se estima que permitió la fuga del país a 16 delincuentes.
Palavecino, en tanto, en complicidad con el detective Ricardo Meza Fuenzalida (33), blanqueaba los antecedentes de los delincuentes y ocultaba las órdenes de arraigo o se las achacaban a otros antisociales.
De esta forma, permitió el escape a Perú de un avezado clonador de tarjetas y autor de millonarias estafas que era intensamente buscado.
Pero el viernes se acabó la fiesta para el “novio” Inostroza y aumentó el calvario del “moroso” Palavecino. Fueron detenidos de madrugada en sus domicilios por sus mismos colegas, al igual que otros siete detectives.
Estarán en prisión preventiva durante dos años, el máximo que permite el nuevo sistema procesal penal, imputados por asociación ilícita, cohecho, falsificación de instrumento público y delito informático. Todos ingresaron incomunicados a sus lugares de reclusión.
Fuente: La Nación
