El jueves 28 de noviembre, con la presencia del Presidente de la República y el Ministro de Salud, fue inaugurado el Hospital de La Florida, Eloísa Díaz Insunza. Prometido por décadas para una comuna que alcanza una población de 400.000 habitantes, hoy está allí, imponente, ubicado en el centro de La Florida. Un logro largamente esperado.
Todos pudimos escuchar por los medios de comunicación cuando la autoridad anuncia que la atención sería gratuita. Esta quizás fue la primera decepción de una paciente que controlé al día siguiente de la inauguración: ella había creído.
También me comentó el difícil acceso provocado por la persistencia de una malla plástica que rodea el edificio, prueba fehaciente de obras aún pendientes. La “presión política” exigía inaugurarlo antes de la segunda vuelta electoral, a pesar que para ser llamado Hospital aún falta tiempo.
Sin embargo no es un hecho aislado.
En la misma línea se enmarca de la publicitada ceremonia instalación de la “Primera Piedra” del nuevo Hospital de Puente Alto, donde es el propio alcalde, afín al gobierno, quien reclama ante el Ministro de Salud y califica la actividad como un montaje y “un nuevo error del Gobierno”.
Lo inaugurado en La Florida fue un edificio donde se ha trasladado sólo una parte del CRS. A una cuadra de allí continúa funcionando el Servicio de Urgencia y Salud Mental.
Seguramente, en los próximos meses, se podrá inaugurar de verdad.
Como en otros ámbitos, en estos casos también debemos leer la “letra chica”.
Allí podemos leer que en el marco de un Estado Subsidiario, donde el Estado, desprendiéndose de la responsabilidad de responder a derechos ciudadanos, privilegia a privados para resolver problemas públicos, donde los hospitales de La Florida y Maipú han pasado a ser los primeros hospitales concesionados.
Con excepción de los servicios clínicos, se ha entregado a manos privadas el diseño, la construcción y la gestión de ambos recintos hospitalarios, con pagos suficientemente elevados que aseguren las utilidades y el lucro del concesionario, motivo último por el cual este entra al “negocio de la salud”.
En esta lógica mercantil de la salud, estos dos hospitales, con una pretendida Ley de Hospitales Clínicos, pasarían a ser los primeros hospitales “públicos” operados por privados. El Proyecto de Ley no prosperó, fue detenido en el Parlamento.
El actual Gobierno, pronto a terminar su mandato, tiene en cartera una larga lista de nuevas concesiones: Hospital de Antofagasta, Hospital Salvador Geriátrico, Hospital Santiago Occidente (ex Félix Bulnes), Hospital Sótero del Río y Puente Alto, Hospital biprovincial Quillota-Petorca y provincial Marga Marga (red Quinta Región), Hospitales Red Sur (Curicó, Linares y Chillán).
Las concesiones, justificadas en la falta de recursos del Estado, buscan atraer recursos privados para destinar los disponibles en resolver problemas sociales. Esta teoría que tiene sus orígenes en la década del 90 en EEUU y Reino Unido, fue asumida por los dos últimos gobiernos de la Concertación.
Lo que se pretende es postergar los pagos en “cómodas cuotas”, lo mismo que hace un trabajador para adquirir un bien de alto costo.
La licitación de los primeros hospitales públicos en esta modalidad, La Florida y Maipú, se realizó durante el segundo semestre del 2009, siendo adjudicado a la “Sociedad Concesionaria: San José-Tecnocontrol S.A” perteneciente a capitales españoles.
Ambos hospitales fueron adjudicados en una sola licitación, sumando 142.000 metros cuadrados y 766 camas. La inversión por ambos asciende a US$ 313 millones.
El gasto de capital para la construcción es aportado por el sector privado.
Este “crédito”, el Estado lo pagará en “cómodas cuotas”, donde al final del proceso cancelará US$ 426 millones, valor muy superior al costo real de los hospitales. A ello se debe sumar US$173 millones de dólares extras que debe pagar el Estado por concepto de “operación”, monto que los hospitales públicos no reciben.
Negocio redondo.
Cabe señalar que las políticas privatizadoras en salud del Gobierno que termina están enmarcadas en la profundización del mercado en el sistema sanitario:
• Aumento de las transferencias de fondos fiscales a clínicas privadas.
• Políticas que tienden a eliminar o reducir significativamente la gratuidad.
• Mantención del sistema de isapres.
Estas medidas que perjudican a millones de chilenos, más la concesión hospitalaria que el gobierno que termina está empeñado en llevar adelante, son el camino escogido para realizar una privatización encubierta, que encarece el sistema y aleja aún más la posibilidad del derecho a la salud de las grandes mayorías.
Salud y Educación: ¡Un Derecho!
(*) Médico, concejal de la Municipalidad de La Florida
