El Proyecto de Ley de Fortalecimiento del Servicio Nacional de Pesca, que está en tramitación en el Congreso, representa una amenaza para los pescadores artesanales. Varios de sus artículos están elaborados de manera excesivamente teórica y técnica, desconociendo la realidad socio cultural del sector. Pequeños pescadores y recolectores podrían ir a la cárcel por trabajar como lo hacen históricamente.
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Esto es parte de la crítica de la CONAPACH del BíoBío (Confederación Nacional de Pescadores Artesanales de Chile, Octava Región) cuyos dirigentes presentaron observaciones a la propuesta que se halla en segundo trámite constitucional.
Sara Garrido, directora nacional de CONAPACH; Marta Espinoza, representante del Comité de Manejo Pesquero Macrozona V a la X regiones y Rosendo Arroyo, dirigente de la CONDEPP (Confederación Nacional de Pescadores) señalaron que en las caletas de la región los pescadores ya están siendo informados por ellos de esta amenaza y, en la incertidumbre, entraron en estado de alerta mientras los líderes buscan el modo de que los parlamentarios adecúen la propuesta a la realidad de los pescadores artesanales.
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Sara Garrido expresó que entre los puntos que consideran se deben reformular, está la definición de pesca ilegal, que es tan amplia que fácilmente puede transformar un trabajo de subsistencia, hecho del mismo modo que se realiza generación tras generación, en delito, castigado multas altísimas y hasta con cárcel.
Agregó que:” Partiría por cambiarle el nombre. No pesca ilegal en el sector artesanal, pueden llamarla pesca no regulada, porque de verdad lo que están tocando es pesca de subsistencia. Hay que entender que la Subpesca va a intentar por todos los medios sacar esta ley a toda costa, pero parece que relaciona la pesca ilegal sólo con el sector artesanal. Dice que atacar la pesca ilegal es recuperar la sustentabilidad de los recursos, pero entonces cuidemos ese aspecto en todos los sectores y no sólo en el sector artesanal. Nosotros defendemos a los pequeños pescadores frente a lo que viene”.
Escuche a Sara Garrido
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La referida dirigenta también expresó que el proyecto contempla nuevas atribuciones para el Servicio Nacional de Pesca que, al no estar acotadas, suponen un alto riesgo de abuso. Entre éstas se cuentan la posibilidad de uso herramientas tecnológicas, cuyas limitaciones a fin de cautelar los derechos de los pescadores, no están definidas en el proyecto (Por ejemplo, el uso de drones); la posibilidad que se otorga al Sernapesca de delegar sus funciones de fiscalización y control en otros organismos no especializados, con la amenaza de inadecuada fiscalización que ello conlleva; y la instalación de una nueva cámara de vigilancia ahora en los pontones de descarga, que se suma a la cámara a bordo que prontamente entrará en vigencia, medios estos últimos que se imponen y que sólo buscan llevar a los pescadores ante los tribunales, lesionando sus derechos, en especial, su derecho a no autoincriminarse.
Rosendo Arroyo acotó que efectivamente a quienes más va a afectar esta proposición legal es a los pescadores chicos: “En la caleta nosotros estamos asociados entre familiares. Es la forma de sacar provecho a las exiguas cuotas que tenemos. El pescador extrae o captura, le entrega a la esposa, hermana y ella prepara para la venta al menudeo ¿ es eso asociación ilícita? No”.
Escuche a Rosendo Arroyo
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El dirigente insistió que todo parte porque la Ley Longueira está viciada y hay que cambiarla, y sus nefastos efectos en la pesca artesanal de pequeña escala se pretenden paliar con fiscalizaciones y multas y amenazas de cárcel. En la práctica dijo que la CONDEPP cree que el gobierno les está “entreteniendo” con el proyecto de ley para que trabajen en ello y así ocupados no centren esfuerzos en derogar la Ley Longueira.
El proyecto apunta con saña, explicaron, a una forma de trabajo mediante la cual pequeños pescadores buscan agregar valor a cuotas pequeñas, pero tal como está provocaría un daño socio económico de gran alcance en las caletas.
Marta Espinoza advirtió de otro problema que se cierne sobre ellos
Escuche a Marta Espinoza
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Explica que se incluye una propuesta de que la información que entrega el posicionador satélital, que está en todas las embarcaciones de sobre 12 metros de eslora (largo) será pública. Es decir que todos y cualquiera sabrá de dónde sale una embarcación, dónde está pescando, hacia dónde va con su pesca.
Para la dirigente ello representa riesgos comerciales para los pequeños, les coharta, provoca incertidumbre y amenaza con hacerlos desaparecer en la cadena de comercialización. Sabemos, dijo, que ésta es una iniciativa de la industria con la cual busca tenernos controlados, porque creen que somos sus empleados y se niegan a aceptar que podemos vender el producto de nuestra pesca al mejor postor.
