Un nuevo logro se adjudicaron las comunidades diaguitas este martes 7 cuando se comunicó que el proyecto minero El Morro se debe paralizar para que la empresa a cargo realice la consulta a los pueblos que se verían afectados. “El Estado debe cumplir con la consulta y ser garante de nuestros derechos”, señaló la presidenta del consejo comunal diaguita, Solange Bordones. La minera Goldcorp reaccionó con la típica amenza de retirar sus inversiones de Chile.
Según explica la dirigente, el proyecto se ubica en “las nacientes de nuestros ríos, nosotros vivimos en una cuenca en el Valle de Huasco, y vivimos de la agricultura y de la ganadería”.
Es por esto que Bordones enfatiza que no sólo afectará su cosmovisión, sino que su forma de vida; especialmente el tranque de relave y el depósito de estériles que se instala en uno de los ríos.
“Esperamos que la empresa como el Estado acaten lo que dictó el fallo”, manifiesta, lo que significa que el proyecto se debe detener y para que se realice una consulta a las comunidades que allí viven, previa planificación.
El fallo fue dictado por la Corte Suprema, la que acogió el recurso de protección interpuesto por los diaguitas que viven en el lugar donde se encontrarían yacimientos de oro y cobre en la región de Atacama.
Minera afirma que reevaluará su estrategia de inversión en Chile
La minera Goldcorp reaccionó con la típica amenza de «reevaluar» su política de inversiones en Chile.
Según la sentencia de la corte, la aprobación del estudio se encuentra viciada, debido a que no se consultó a las comunidades demandantes por parte de la Comisión Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi).
Al respecto, Goldcorp, empresa titular del proyecto minero, sostuvo que recibieron el fallo “con sorpresa y desconcierto”.
Pese a ello, recalcaron que la compañía “respeta la institucionalidad chilena y acatará el fallo de la Corte Suprema”.
En ese sentido, indicaron que “desde la perspectiva de la minera, en la elaboración y ejecución de la consulta indígena se incorporaron por el gobierno los más altos estándares de acuerdo al Convenio 169 de la OIT, tal como lo dictaminó de manera contundente la Corte de Apelaciones de Copiapó”.
Asimismo, agregaron que “este fallo obliga a la minera a iniciar un proceso de reevaluación de su estrategia de inversión en Chile”.
Ante ese grosero chantaje, sólo cabe decir: «Chao, que les vaya bien».
