Más allá de las preguntas y cuestionamientos surgidos tras el reciente plebiscito y el gran debate sobre los pactos suscritos entre el Gobierno colombiano y las FARC-EP, la gran pregunta ahora es cómo destrabar ese avanzado proceso pacificador.
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Fruto de casi cuatro años de conversaciones en Cuba, el presidente Juan Manuel Santos y el líder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), Timoleón Jiménez, firmaron en Cartagena de Indias el llamado Acuerdo Final, con el que se comprometieron a terminar el largo conflicto entre ambas partes.
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Pero la victoria del No en el plebiscito convocado para validar ese documento por la vía popular abrió una controversia acerca de la vigencia de lo concertado y la salida más adecuada para salvar los indudables logros de las espinosas conversaciones entre representantes gubernamentales y de esa agrupación guerrillera, la mayor involucrada en el conflicto interno.
Ante el inesperado revés sufrido en las urnas, el mandatario -impulsor de los diálogos con ese movimiento- invitó a todas las fuerzas sociales y políticas, en particular a los defensores del voto negativo, a exponer sus propuestas en torno al conjunto de convenios, a fin de evaluar con las FARC-EP la posibilidad de hacer ajustes o cambios en el texto sancionado en Cartagena.
No obstante manifestar su disposición para escuchar las proposiciones de los abanderados del No, entre los que sobresalen el expresidente Álvaro Uribe, Jiménez consideró que tal acuerdo contiene las medidas y reformas necesarias para concluir la conflagración y comenzar la construcción de la paz.
En medio de un panorama de verdadera incertidumbre habría que esperar la evolución de los venideros contactos entre delegados del Ejecutivo, encabezados por el abogado Humberto de la Calle, y los voceros de esa guerrilla en La Habana, previstos para la semana entrante.
Paralelamente a las reuniones con líderes de partidos, organizaciones sociales y víctimas de la confrontación en la Casa de Nariño, en las calles millares de ciudadanos llaman a una ágil conciliación que permita implementar lo pactado con las FARC-EP, lo cual en esencia presupone el fin de la guerra con esa organización rebelde.
Según los coordinadores de tales manifestaciones, surgidas del seno universitario, el propósito es presionar a los actores y decisores para detener de una vez la contienda, aprovechando la voluntad de paz demostrada en las citas de la capital cubana y sus conclusiones, reflejadas en acciones medulares como la instauración del cese el fuego bilateral.
Complica el horizonte el hecho de que algunos pactos ya estaban en ejecución en el momento del plebiscito, entre ellos el silencio de los fusiles; adicionalmente los guerrilleros daban entonces sus primeros pasos para dejar las armas, ambos procedimientos con supervisión de una misión política dirigida y financiada por Naciones Unidas, cuyos integrantes permanecen aquí.
Para evitar retrocesos en cuanto al clima de distensión militar imperante, tanto las FARC-EP como el Gobierno ratificaron su voluntad para mantener el cese el fuego, además diseñaron un protocolo dirigido a evitar incidentes en tanto las tropas pasan del dispositivo actual al pleno cumplimiento de esa medida.
A la par con las gestiones en busca del consenso y un posible arreglo del crucial documento, las altas cortes recibieron varias demandas contra el plebiscito, una de ellas pide repetir el mismo en la zona caribeña donde el cercano paso del huracán Matthew obligó a muchos vecinos a permanecer en sus casas, alegan defensores de esa propuesta.
Otro de los argumentos es que varios puestos de votación quedaron allí sin instalarse debido a las inclemencias del tiempo.
Asimismo las declaraciones del gerente de campaña del No por el partido de derecha Centro Democrático, Juan Carlos Vélez, -quien confesó que manipularon al electorado- motivaron también que fuera interpuesto otro recurso para anular los resultados obtenidos en ese ejercicio democrático, donde la abstención superó el 60 por ciento.
La salida ahora es la gran pregunta, pues mientras unos apuestan a un nuevo arreglo entre los negociadores a partir de las recomendaciones de los defensores del No, otros piensan en alternativas como los Cabildos Abiertos, reuniones con amplia participación ciudadana, en los que podrían conseguirse 10 millones de firmas y así implementar los pactos de Cuba (tal como están).
Eso sin descartar que algunos esperan los pronunciamientos de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado sobre las demandas mencionadas.
En el compás de espera la presión popular a favor del acuerdo de paz, expresada en marchas y concentraciones, podría ser decisiva también para compulsar una decisión que satisfaga el pedido de las multitudes.
El presidente no ha perdido su facultad para hacer la paz y mantener el orden público, subrayan miembros de su gabinete ministerial, juristas y politólogos, algunos de los cuales han sugerido la posibilidad de recurrir como última instancia (si se complica la situación actual) a la tramitación a través de proyectos legislativos, entre otras alternativas constitucionales.
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En el agitado impasse, siguen las convocatorias a marchas promovidas por simpatizantes de la solución concertada al conflicto, quienes aseguran que no se dejarán arrebatar esta oportunidad histórica de alcanzar la paz completa, pues a finales de mes comenzarán las reuniones formales con el también rebelde Ejército de Liberación Nacional (ELN).
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Fuente: Cubadebate
