Por Francisco Herreros.
Al margen del conocimiento de la ciudadanía movilizada, y sin que la eligiera nadie, la Comisión Técnica Constituyente concordó un texto para iniciar el proceso de cambio de la constitución de Pinochet; en rigor, una operación binominal para secuestrar y escamotear la Asamblea Constituyente exigida por millones de chilenos en la calle.
Por todo lo más, Arturo Fermandois, abogado designado por la UDI, y presidente de la comisión se limitó a «informar»:
«Es un texto que la comisión técnica despacha y que en teoría tiene todos los elementos necesarios para que una reforma constitucional implemente el itinerario constitucional”.
Dicho «itinerario» comenzaría con un «plebiscito de entrada» en abril de 2020, donde la ciudadanía definirá si aprueba o no una nueva Constitución, además del órgano prefiere que la redacte; Convención constituyente o Convención mixta.
Agregó:
“Esta reforma contiene los dos tipos de convención que pueden existir, y también todo lo relativo a la parte técnica electoral: tipo de elección, calificación de las elecciones, hasta el trabajo de la convención, la redacción de una nueva Constitución y el plebiscito de salida“.
Redactado en el secreto de cuatro paredes, de lo poco que se ha filtrado, se sabe que la derecha se opuso tenazmente a cuotas de género, escaños reservados para pueblos originarios o participación de independientes, de forma que no aparecen en el texto.
La representante del Partido Liberal, Alejandra Zúñiga, lamentó que no haya sido posible acordar mayor representatividad ciudadana en esta instancia:
“Estos no son caprichos de la oposición, sino el piso ineludible para que el proceso se despliegue de manera legítima y creíble”.
Esto no fue óbice para que la clase política hiciera gárgaras con palabras vacías de contenido, como democracia y participación.
Así, el presidente del partido radical, Carlos Maldonado, exclamó con los ojos blancos:
“Eso da mucha confianza de que este un texto de calidad, que está recogido de lo que firmamos los partidos el 15 de noviembre y que vamos a poder tener este proyecto de reforma constitucional ingresado al Parlamento esta misma semana».
No contento con esa sandez, agregó:
“Es muy valioso que la comisión técnica haya terminado su trabajo con un texto aprobado por unanimidad. Es lo que siempre esperamos, pero construir unanimidad nunca es fácil, por lo tanto eso da cuenta de un trabajo serio, acucioso, detallado, donde sabemos que hubo distintas visiones, interpretaciones, pero que finalmente pudieron conjugarse en un texto único con la firma de los 14 integrantes».
La comisión, estuvo compuesta por los consabidos «expertos», entre abogados y cientistas políticos de de la derecha, la concertación y el Frente Amplio:
Gastón Gómez (en representación de RN), David Huina (RN), Sebastián Soto (independiente-Chile Vamos), Ernesto Silva (UDI), Arturo Fermandois (UDI), Isabel Aninat (Evópoli), José Francisco García (Evópoli), Cristina Escudero (DC), Pamela Figueroa (PPD), Emilio Oñate (PR), Gabriel Osorio (PS), Alejandra Zúñiga (PL), Sebastián Aylwin (Comunes) y Claudia Heiss (RD).
El texto fue enviado a los presidentes de los partidos.
El proyecto debe ser ley antes del 28 de diciembre, para cumplir los plazos legales de los plebiscitos de entrada y salida para la elaboración de la nueva constitución.
Una comisión imaginaria
Lo primero que hay que dejar establecido es que esta comisión no es representativa de nadie, no obliga a nada, ni tiene efecto vinculante alguno; como tampoco lo tiene su instancia matriz, el dudosamente célebre Acuerdo por la Paz Social y para una nueva Constitución.
Al igual que el acuerdo, la comisión se formó en secreto, y fue designada a dedo, con el mismo criterio binominal prevaleciente desde 1990, por la desprestigiada clase política que mantiene secuestrada la democracia desde entonces.
En efecto, la comisión fue cuoteada por los partidos políticos que suscribieron el pacto: siete integrantes representan a la derecha (UDI, RN y Evópoli) y siete a la «oposición» (DC, PPD, PS, PR, RD, PL y Comunes).
Lo único nuevo es la inserción de partidos del Frente Amplio en los acuerdos y martingalas que blindan los intereses de la oligarquía.
Peor aun, de acuerdo al artículo Los vínculos con el poder político y empresarial de los miembros de la comisión técnica constituyente, de Cíper, si algo representa buena parte de los integrantes de esta comisión, son los intereses de la elite público-privada que reemplazó a la dictadura.
A título de algunos ejemplos, y según los datos de ese reportaje, Arturo Fermandois es lobista de grandes empresas, como Cencosud, la Asociación de Bancos y la Cámara Chilena de Centros Comerciales, Laureate, y FIDEN, que agrupa a los dueños de máquinas tragamonedas.
Gastón Gómez ha representado los intereses de la Asociación de AFP, la Asociación de Armadores de Chile y la Compañía Sudamericana de Vapores Austral.
El ex diputado y ex presidente de la UDI, Ernesto Silva, fue investigado en el financiamiento ilegal de la política, y participó, cuando era diputado, en la discusión de un proyecto de ley que afectaba a las isapres, a pesar de que tenía acciones en Banmédica.
Los representantes de la «oposición», no les van en zaga en la puerta giratoria entre funciones públicas e intereses privados.
Gabriel Osorio fue asesor de la Secretaría General de la Presidencia en el segundo gobierno de Bachelet e integró el estudio de abogados de Francisco Zúñiga y Jaime Campos, ex ministro de los gobiernos de la Concertación y la Nueva Mayoría, estudio que asesoró a la empresa Morpho, ligada a licitaciones investigadas por irregularidades en el Registro Civil, y a la gremial de los laboratorios farmacéuticos.
Está casado con Ximena Jara, ex jefa de contenidos de la Presidencia durante el segundo mandato de Bachelet, integrante de la empresa Factor Crítico, dedicada al lobby y la asesoría comunicacional, que tiene entre sus clientes a la Universidad Alberto Hurtado, la empresa Criteria, la Inmobiliaria Activa,la consultora Atisba, de Iván Poduje), la Municipalidad de Peñalolén y el Consejo Para la Transparencia, entre otros.
Emilio Oñate Vera, en cupo radical, integra las sociedades Gestiona y Desarrolla, Emilio Oñate Vera Servicios Legales y Sociedad Educacional Valle de Casablanca, constituida por su esposa en 2008. Ha sido asesor jurídico de diversos ministerios, además de seremi de Transportes y secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Seguridad del Tránsito (Conaset). También ha hecho asesorías sobre seguridad vial en Colombia y Perú.
María Cristina Escudero, designada en cupo DC, formó parte del Comité de Sistematización del proceso constituyente de Bachelet, y en enero de este año constituyó la sociedad Andes Risk Group, junto a Roberto Funk, Sebastián Pavlovic Jeldres y Jaime Baeza Freer.
Alejandra Zúñiga, designada por el Partido Liberal del FA, forma parte de la sociedad Inversiones ZF y trabajó remuneradamente para la ONG Fundación MILES.
Confabulación conservadora
Más allá de que no los eligió nadie, la comisión forma parte de una operación de la clase política orientada a suplantar las mayorías movilizadas que destituyeron la constitución de Pinochet y escamotear la Asamblea Constituyente, que exigen en la calle.
Se rige por los mismos quórum de la constitución de Pinochet, que consagra la siguiente «doctrina» de Jaime Guzmán:
“Si llegan a gobernar los adversarios, se vean constreñidos a seguir una acción no tan distinta a la que uno mismo anhelaría, porque el margen de alternativas posibles que la cancha imponga de hecho a quienes juegan en ella sea lo suficientemente reducido para hacer extremadamente difícil lo contrario”.
Es decir, la suplantación de la soberanía popular por un extraño universo en que una minoría puede ganar, incluso perdiendo, caso único en el mundo, con la excepción de Estados Unidos, donde la votación popular vale menos que la elección de los delegados convencionales.
Como señaló este medio en el artículo Acuerdo de la Cocina: Anatomía de la Traición, el quórum de dos tercios establecido en el Acuerdo por la Paz Social y para una nueva Constitución es un insulto la inteligencia del pueblo en rebeldía, toda vez que reproduce el origen del problema: el poder de veto de la derecha, que impide los cambios que Chile exige en la calle.
Peor aún, hay suficientes antecedentes como para asegurar sin género de dudas que el dudosamente célebre «acuerdo» no es sino una operación política en gran escala del partido del orden, orientada a impedir que por primera vez en su historia, Chile se dote de una Constitución elaborada sobre la base de la participación popular, apuntalada con el chantaje de la intervención militar.
Por tanto, carece de legitimidad, validez y potestad vinculante.
Defender la victoria
Nada de lo dicho hasta aquí debe interpretarse como una conclusión de la que pueda desprenderse un llamado a la abstención en el plebiscito de abril.
A pesar de que lo remoto de la fecha es una concesión al inacabable arsenal de ardides, trucos y carantoñas de la hegemonía neoliberal, la revolución plebeya, que ya lleva 52 días de desafío al sistema neoliberal, no alcanzó la correlación de fuerzas suficiente para forzar una salida extra-institucional, precisamente por la traición de los los partidos de concertación, en grado de complicidad, y un sector del Frente Amplio, que abdicó de su discurso radical.
Con todo, será la primera ocasión en que el movimiento popular desplegado desde el 18-O se medirá con las fuerzas del statu quo, en el escenario de la democracia representativa.
Constituye, por tanto, una invaluable oportunidad para identificar mayorías y minorías respecto a la elaboración de una nueva constitución.
Cuanto más masiva la participación, mayor legitimidad y representatividad del más que probable triunfo de las opciones nueva constitución y convención constituyente.
En el artículo Estallido Social y Crisis Política en Chile: A Piñera se le Incendió el Oasis postulábamos que una situación prerrevolucionaria requiere tres o cuatro componentes elementales, por ahora ausentes en el complejo escenario instalado por la crisis: dirección política, unidad política y social, madurez política e ideológica, y proyecto alternativo de sociedad.
Para bien o para mal, el hecho es que el movimiento popular desencadenado a partir del 18 de octubre pasado, carece de esos atributos; sin duda herencia de la despolitización de la sociedad en los últimos cuarenta años, y el secuestro de la soberanía popular, por la casta política.
Mirado el vaso medio lleno, incluso pudo no haber sido inconveniente la ausencia de estructura formal y conducción centralizada, porque así el gobierno no tuvo adversario caracterizado sobre el que descargar la represión selectiva; pero para avanzar hacia la aspiración de construir una nueva constitución desde bases democráticas, y evitar que este gran movimiento se reduzca a la anécdota instrascendente, se torna indispensable recuperar elementales herramientas de la política, tales como la coordinación, la organización y la capacidad de definir objetivos comunes, en función de la correlación de fuerzas.
En momentos en que el movimiento social ingresa en la natural curva de desgaste, es necesario concentrar la fuerza, aplicar la portentosa coordinación transversal recién descubierta y jerarquizar esfuerzos en dos direcciones: asegurar la participación masiva en el plebiscito de abril, y sobre todo, y defender la victoria contra el tramposo quórum de la coalición neoliberal.
Si es verdad que Chile despertó, no puede permitir que se imponga la convención mixta constituyente, porque la convención constituyente, aunque logre mayorías consistentes, digamos de entre el 55 y el 65%, no alcanzó el 66,6% de los votos dispuesto por la clase política por sí y ante sí, entre cuatro paredes, de espaldas al movimiento que en los hechos derogó la constitución de Pinochet, en virtud del espurio acuerdo firmado el pasado 14 de noviembre.
Eso equivaldría a tolerar que la nueva constitución sea redactada con arreglo a la odiosa y antidemocratica doctrina de Jaime Guzmán, o que nuevamente le introduzcan a los chilenos el organo reproductivo masculino en una cuenca ocular.
Desde ya hay que promover y concordar la idea de que, llegado el caso, el levantamiento del 18 de octubre parezca un juego de niños.
